La cifra de prisioneros políticos en Cuba asciende a 1,372 personas, entre ellos 40 menores de edad

De acuerdo con la última actualización elaborada por la ONG Prisoners Defenders y monitoreada por Infobae, el registro verificado contabilizó 1,372 personas privadas de libertad por ejercer sus derechos fundamentales o por motivos políticos en Cuba hasta el 1 de octubre de 2026.

Este balance refleja la continuidad de la persecución judicial ejercida por las autoridades de la isla contra activistas, manifestantes y ciudadanos comunes. Durante el período más reciente se constató el ingreso de una nueva persona a la nómina de seguimiento y la salida de otra.

El comportamiento de las detenciones a lo largo del último año evidencia variaciones en la intensidad de las medidas policiales. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, los momentos de mayor incremento en los arrestos ocurrieron en abril de 2026, cuando se tramitaron 50 nuevos casos, y en junio de 2026, mes en el cual se sumaron 44 altas.

En contraste, durante diciembre de 2025 se registraron seis casos, mientras que en febrero de 2026 la cifra fue de siete. Las acciones punitivas promovidas por el régimen de Cuba no se limitan a la persecución individual de los opositores, sino que alcanzan de forma directa al núcleo familiar.

Diversos expedientes penales acreditan que madres e hijas, madres e hijos, así como padres e hijos han sufrido en forma simultánea encarcelamientos, juicios u otras medidas restrictivas de la libertad.

Esta práctica demuestra que los aparatos de seguridad estatal transforman los lazos de parentesco en instrumentos de intimidación, chantaje y castigo indirecto. La apertura de causas legales paralelas contra integrantes de un mismo hogar genera un impacto emocional desproporcionado que busca fracturar el respaldo comunitario y desincentivar cualquier expresión pública de inconformidad en el país.

En el desglose por género, la documentación oficial señala que un total de 158 mujeres conforman el grupo de prisioneras políticas, lo cual representa un 12% del total de las fichas verificadas. La mayoría de estas ciudadanas cumple condenas tras haber participado en movilizaciones callejeras o por difundir críticas al gobierno en plataformas digitales.

40 menores de edad continúan en prisión o bajo procesamiento penal por causas políticas

La situación de la infancia y la juventud en el sistema penitenciario cubano constituye uno de los aspectos más críticos de la evaluación de derechos humanos. El reporte indica que 40 menores permanecen encarcelados o sometidos a procesos penales activos tras su arresto por motivos vinculados a la protesta social.

El criterio de contabilización considera la edad que tenían las víctimas en el momento de la detención, sin importar si cumplieron la mayoría de edad durante su internamiento en los centros de reclusión. Esta cifra no incluye a decenas de jóvenes que abandonaron el registro en meses anteriores luego de completar íntegramente las penas impuestas por los tribunales.

De acuerdo con la ONG, el cargo más recurrente en los tribunales es el de desórdenes públicos, el cual figura en 577 expedientes de la lista oficial. En segundo orden de frecuencia se ubica la acusación por desacato, presente en 382 imputaciones, seguida por el delito de atentado, con 350 casos registrados.

El aparato judicial aplica asimismo tipos penales de alta gravedad institucional para sancionar las protestas. El delito de sedición afecta a 214 prisioneros políticos, mientras que el cargo de sabotaje se atribuye a 125 personas, en varios casos juzgadas por tribunales militares a pesar de su condición civil.

La fiscalía y los tribunales de Cuba recurren a 76 tipos delictivos tipificados en el Código Penal para fundamentar las acusaciones contra los 1,372 encarcelados. En una amplia proporción de las causas, las autoridades imputan varios delitos de forma simultánea a un mismo procesado para elevar la severidad de las penas solicitadas.