El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estableció nuevas reglas para la elaboración, revisión y radicación de los proyectos de ley que sean presentados por el Ejecutivo ante el Congreso de la República, además de fijar el procedimiento que deberán seguir los ministerios cuando soliciten mensajes de urgencia.
Las disposiciones quedaron incluidas en la Directiva Presidencial 07 de 2026, dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, que además deroga la Directiva Presidencial 06 de 2018.
PUBLICIDAD
Según informó Caracol Radio, las iniciativas legislativas deberán ser elaboradas por las entidades cabeza del sector que tenga competencia sobre cada materia.
Cuando un proyecto involucre a varias entidades o sectores, será necesaria una coordinación previa y los organismos involucrados deberán emitir sus respectivos pronunciamientos, de manera conjunta o individual.
Si la propuesta puede afectar competencias de otros ministerios, estos también deberán ser informados antes de continuar con el trámite.
Hacienda y Justicia deberán emitir conceptos en determinados proyectos
La directiva establece controles adicionales para las iniciativas que puedan tener consecuencias fiscales.
Los proyectos que generen impacto sobre las finanzas públicas u otorguen beneficios tributarios deberán ser compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, conforme a lo establecido en la Ley 819 de 2003.
PUBLICIDAD
Por otro lado, las iniciativas relacionadas con política criminal, sistema penal o asuntos penitenciarios deberán contar con un pronunciamiento escrito del ministro de Justicia.
También habrá requisitos particulares cuando una iniciativa modifique la estructura de la administración pública o tenga incidencia en la política de empleo.
En esos casos deberá existir un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre su pertinencia y necesidad, además de un pronunciamiento previo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PUBLICIDAD
Si el proyecto contempla la creación de una entidad descentralizada, deberá adjuntarse un estudio que justifique la iniciativa y tenga en cuenta los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 489 de 1998.
Revisión jurídica tendrá plazos según número de artículos
Los proyectos deberán ser enviados inicialmente a la Jefatura de Despacho Presidencial, acompañados de los documentos de soporte en formato físico y digital y de la correspondiente exposición de motivos.
Esa dependencia y el Ministerio del Interior analizarán si la propuesta resulta pertinente dentro de la agenda legislativa del Gobierno.
Posteriormente se adelantará la revisión jurídica, para la cual la directiva establece diferentes tiempos dependiendo de la extensión de cada iniciativa.
Los proyectos con menos de 20 artículos tendrán un plazo de seis días hábiles para su revisión.
Cuando tengan entre 21 y 50 artículos, el plazo será de 10 días hábiles.
Las iniciativas que superen los 50 artículos podrán ser revisadas durante 20 días hábiles.
Una vez emitido el concepto de viabilidad jurídica, el ministerio encargado de liderar el proyecto podrá proceder a su radicación ante el Congreso.
Así se tramitarán los mensajes de urgencia
La Directiva Presidencial 07 también establece el procedimiento para los mensajes de urgencia e insistencia que el Ejecutivo presente ante el Legislativo.
De acuerdo con el documento citado, estas facultades presidenciales buscan que el Congreso adopte una decisión dentro de un plazo de 30 días.
Para solicitar un mensaje de urgencia, el ministerio que lidere la iniciativa deberá preparar una justificación breve y enviarla a la Jefatura de Despacho Presidencial.
PUBLICIDAD
Allí será analizada conjuntamente con el Ministerio del Interior para establecer su efecto sobre la agenda legislativa.
Después de la revisión formal correspondiente, el documento deberá ser firmado primero por el ministro responsable y posteriormente por el presidente de la República.
Finalmente, el mensaje será radicado ante el Congreso siguiendo el procedimiento establecido en la nueva directriz.
Con estas reglas, el Gobierno busca centralizar y ordenar el trámite de sus iniciativas antes de que lleguen al Legislativo, incluyendo revisiones jurídicas, fiscales y sectoriales según el contenido de cada proyecto.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD