La crisis del sistema de salud colombiano tiene varios frentes abiertos: pacientes que siguen esperando medicamentos y procedimientos, deudas acumuladas por las EPS y recursos cuya suficiencia debe revisarse para garantizar la atención.
Ante ese panorama, el Ministerio de Salud puso en marcha una herramienta digital para seguir los resultados del plan de choque del gobierno de Abelardo de la Espriella y avanzar en la identificación de las necesidades pendientes.
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La plataforma permitirá consultar semanalmente el comportamiento de la estrategia, con datos organizados por EPS, departamento, tipo de atención y fecha de corte. El propósito es establecer cuántos casos han sido resueltos, cuáles continúan pendientes y dónde se concentran las mayores dificultades para prestar los servicios.
El tablero registra 1.849.649 personas únicas, después de un ajuste en la base de datos que amplió el universo inicial de seguimiento, calculado en 1,06 millones de pacientes. Con corte al 20 de octubre, cerca de 471.000 personas ya no tenían atenciones pendientes, mientras que aproximadamente 1,3 millones todavía esperaban medicamentos o procedimientos.
La información también permite identificar los medicamentos y procedimientos con más casos sin resolver. Para ello, incluye un listado de los diez principales pendientes y la distribución de los resultados según la EPS y el departamento.
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El Ministerio calcula el rezago financiero del sistema de salud
Además de atender las necesidades inmediatas de los pacientes, la cartera trabaja en la estimación de los recursos que el sistema habría dejado de recibir por el rezago en el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante años anteriores. El análisis se desarrolla con los equipos técnicos del Ministerio y una consultoría que busca establecer el monto de las obligaciones acumuladas. El ejercicio debe contemplar el ajuste retroactivo de la UPC para el periodo comprendido entre 2021 y 2024, así como la información correspondiente a 2025.
La revisión responde a las órdenes de la Corte Constitucional y pretende determinar la dimensión de los recursos pendientes para avanzar hacia la normalización del flujo de dinero destinado a la atención en salud. La meta de la cartera es contar con una estimación de esos pasivos a finales de 2026 o, como máximo, en enero de 2027, en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Una vez existan avances suficientes, el Gobierno prevé presentar el ajuste del rezago ante una mesa técnica para discutir los resultados con los actores del sistema.
En paralelo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud examinan la situación financiera de las EPS intervenidas. Aunque el Gobierno ha planteado la posibilidad de liquidar algunas entidades, la decisión está en manos de la Superintendencia.
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Las cifras revisadas muestran un deterioro patrimonial considerable. El patrimonio negativo de las EPS intervenidas se estima en cerca de $16 billones, frente a un saldo negativo que, según los datos presentados, no superaba los $2 billones cuando comenzaron las intervenciones. A esto se suman deudas superiores a los $30 billones y alrededor de 21 millones de afiliados vinculados a esas entidades.
Una eventual liquidación masiva implicaría definir cómo trasladar a millones de usuarios y garantizar la continuidad de sus tratamientos. También sería necesario evaluar las consecuencias para clínicas, hospitales y otros prestadores que mantienen obligaciones pendientes con las EPS.
Por esa razón, el análisis financiero debe considerar la capacidad de las demás entidades del sistema para recibir a los afiliados y evitar que una decisión administrativa agrave las dificultades de acceso a los servicios.
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Así avanza el cálculo de la UPC para 2027
Otro de los compromisos del Ministerio es definir la metodología para calcular la UPC de 2027. El proceso busca incorporar información de diferentes actores del sistema y revisar los criterios utilizados en periodos anteriores para establecer el monto que financiará la atención de los afiliados.
El procedimiento contempla un análisis de suficiencia elaborado inicialmente por la cartera y revisado en una instancia con participación del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, un delegado de la Presidencia y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets).
Según el cronograma previsto, el cálculo deberá presentarse ante la Corte Constitucional el 15 de enero de 2027. La entrega tendrá que incluir la metodología aplicada y la justificación técnica de la cifra definida.
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