Un juez penal con función de control de garantías ordenó suspender el poder dispositivo sobre el predio donde se proyecta construir el Hospital de Engativá, en Bogotá, avaluado en más de $70.000 millones. La decisión impide provisionalmente vender, transferir o constituir gravámenes sobre el inmueble, mientras avanzan las actuaciones judiciales por presuntas irregularidades relacionadas con su titularidad.
La medida fue solicitada en el marco de las acciones jurídicas adelantadas por la Secretaría Jurídica Distrital, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Norte. Según la Administración distrital, el terreno habría sido objeto de maniobras para intentar apropiarse de este bien público.
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La orden judicial busca evitar nuevas operaciones sobre el predio mientras se esclarece su situación legal. No obstante, la decisión no resuelve definitivamente la controversia ni establece una fecha para el inicio de las obras del proyecto hospitalario.
¿Por qué frenaron la venta del predio del Hospital de Engativá?
De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, una persona habría intentado apropiarse del inmueble mediante maniobras irregulares. Posteriormente, sus herederos habrían buscado realizar sucesivas operaciones jurídicas de compraventa sobre el terreno.
Ante esta situación, las entidades distritales acudieron a las autoridades judiciales para solicitar medidas que impidieran nuevas transacciones. La preocupación de la Administración se centra en las operaciones que podrían afectar un predio destinado a un proyecto de infraestructura pública de salud.
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El juez ordenó la suspensión del poder dispositivo, una medida cautelar que restringe la posibilidad de disponer jurídicamente del inmueble mediante las operaciones señaladas en la decisión.
La controversia se mantiene en el ámbito judicial. Las presuntas irregularidades deberán esclarecerse mediante las actuaciones correspondientes, sin que las afirmaciones de la Administración constituyan por sí mismas una declaración de responsabilidad contra las personas involucradas.
¿Qué entidades participaron en la defensa del inmueble?
La estrategia jurídica contó con la participación del DADEP, la Secretaría Distrital de Salud, el equipo jurídico de la Subred Norte y la Secretaría Jurídica Distrital.
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Esta última entidad asumió el poder preferente para representar jurídicamente a la Subred Norte y coordinar las actuaciones encaminadas a proteger el predio.
Según el comunicado oficial, el trabajo conjunto respondió a la instrucción de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán de defender el patrimonio de Bogotá frente a los intentos de apropiación denunciados.
La intervención de estas entidades se concentró en obtener protección judicial para el terreno y avanzar en las acciones necesarias para resolver las irregularidades que, según el Distrito, afectan su situación registral.
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Los dos objetivos del Distrito en el proceso judicial
La Secretaría Jurídica Distrital anunció que continuará con las actuaciones legales correspondientes para avanzar en dos frentes.
El primero es lograr la cancelación definitiva del registro presuntamente fraudulento que afecta el inmueble. Con este procedimiento, la Administración busca resolver la situación registral cuestionada y definir las condiciones jurídicas del predio.
El segundo consiste en promover las actuaciones penales para que las autoridades investiguen la posible participación de quienes habrían intentado apropiarse del terreno y determinen si existen responsabilidades.
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Ambos objetivos forman parte de la estrategia para defender el inmueble. Su resultado dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes durante los procedimientos respectivos.
¿Qué significa la medida para el futuro Hospital de Engativá?
El predio está destinado al proyecto del Hospital de Engativá, con el que se busca fortalecer la infraestructura de salud para los habitantes de esta localidad y otros sectores de Bogotá.
La protección jurídica del terreno busca preservar esa destinación mientras se resuelve la controversia. Sin embargo, la orden del juez no confirma que la construcción pueda comenzar ni aporta información sobre fechas de ejecución, contratación o cronogramas de obra.
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Por ahora, la actuación judicial se concentra en impedir las operaciones restringidas sobre un inmueble que supera los $70.000 millones de avalúo. Paralelamente, el Distrito continuará con las acciones para solicitar la cancelación del registro cuestionado y promover las investigaciones correspondientes.
La definición de la situación jurídica del predio será determinante para establecer los pasos posteriores en su protección y en el propósito de conservarlo para el proyecto hospitalario.
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