Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales, impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión se tomó durante la noche del miércoles 21 de octubre y permitió que la iniciativa continúe su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.
El proyecto busca modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, relacionada con el orden público, y establecer un mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales abandonen las actividades ilícitas y se sometan a las autoridades judiciales.
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La propuesta plantea que el Gobierno no adelante negociaciones políticas con estas estructuras y que los beneficios jurídicos estén condicionados a compromisos como la entrega de armas, la colaboración con la justicia, el suministro de información y la entrega de bienes.
Durante la discusión, las ponencias que buscaban archivar la iniciativa fueron derrotadas con 38 votos por el No y 20 por el Sí. El texto, que llegó al Congreso con 27 artículos, continuará su trámite legislativo bajo mensaje de urgencia.
Qué contempla la ley de sometimiento a la justicia
El proyecto establece un procedimiento para que los integrantes de organizaciones criminales puedan acogerse a la justicia ordinaria, bajo condiciones definidas en la norma y con obligaciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
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El exministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la iniciativa como una alternativa para facilitar la desmovilización de las estructuras criminales sin crear una jurisdicción especial.
“Esta es una ley que le permite a las organizaciones criminales, abrumadas por el peso del Estado, que encuentren una manera de desmovilizarse, de someterse, no se está creando una justicia especial, se está creando un mecanismo para que se puedan desarmar y someter”, afirmó.
Lara explicó que los beneficios dependerán del cumplimiento de las condiciones establecidas. Entre ellas mencionó la entrega de armas y bienes, la colaboración con las autoridades y el aporte de información para esclarecer hechos delictivos.
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La propuesta también contempla compromisos relacionados con la identificación de las fuentes de financiación ilegal, las rutas delictivas y los posibles vínculos entre organizaciones criminales y redes de corrupción.
Asimismo, incluye obligaciones para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, evitar el reclutamiento de menores y apoyar labores de desminado humanitario. Durante la discusión también se plantearon compromisos para facilitar la liberación de personas secuestradas y menores reclutados por estas estructuras.
Rebajas de penas y condiciones para acceder a los beneficios
El texto aprobado en primer debate contempla reducciones de hasta el 50% de las penas para los integrantes rasos y de hasta el 30% para quienes tengan funciones de mando dentro de las organizaciones criminales.
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Las sanciones se determinarían de acuerdo con los delitos cometidos y las disposiciones del Código Penal vigente. El acceso a los beneficios estaría sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el mecanismo de sometimiento.
La iniciativa también establece que los procedimientos, individuales o colectivos, deberán contar con acompañamiento jurídico y desarrollarse ante las autoridades correspondientes.
Otro de los apartados aprobados precisa que el tratamiento penal diferenciado no modifica las penas accesorias ni las inhabilidades para inscribirse a cargos de elección popular. Además, señala que la aplicación de la ley no implica el reconocimiento de carácter político a los actores armados.
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Qué pasará con los bienes de los testaferros y colaboradores
Los beneficios que podrían recibir personas vinculadas con el lavado de activos y el ocultamiento de bienes fueron uno de los puntos discutidos durante el debate.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que la iniciativa no busca favorecer a quienes hayan participado en estas actividades y explicó que la información sobre los bienes entregados deberá ser verificada por la Fiscalía General de la Nación.
“No es cierto que se vaya a lavar la cara de nadie, ni es el espíritu de la ley”, afirmó.
Cancino señaló que, según el texto discutido, las personas incluidas en este apartado no obtendrían los beneficios al año, sino a los tres años, con el propósito de permitir la verificación de la información aportada. También indicó que los bienes recibidos deberán destinarse a reparar a las víctimas.
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El funcionario aseguró que el proyecto no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender órdenes de extradición.
En materia de derechos de las víctimas, durante el debate se incorporaron disposiciones sobre la protección de su intimidad y confidencialidad en determinados casos. El texto también contempla asesoría y representación judicial mediante la Defensoría del Pueblo, así como información sobre los avances de las investigaciones y los procesos.
Las críticas a la iniciativa en el Congreso
El proyecto recibió cuestionamientos de congresistas que consideran que las rebajas de penas y las condiciones de acceso a los beneficios podrían resultar insuficientes para garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales.
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El senador del Centro Democrático Rafael Nieto expresó su desacuerdo con la propuesta y cuestionó que quienes cometen delitos puedan recibir beneficios judiciales.
“Aquellos que delinquen deben tener castigo y no pueden tener premio de ninguna naturaleza, ni político, ni económico, ni judicial”, manifestó.
Desde el Pacto Histórico, la senadora Carolina Corcho sostuvo que la iniciativa podría otorgar beneficios penales a narcotraficantes, lavadores de activos y testaferros sin exigir resultados suficientes en el desmantelamiento de las estructuras.
Otros congresistas cuestionaron los controles para conceder los beneficios, el alcance de las facultades del Gobierno y la falta de claridad sobre el impacto fiscal de las funciones que asumiría la Fiscalía. También plantearon reparos frente a los procedimientos para verificar las listas de integrantes que pretendan acogerse al mecanismo.
Frente a las críticas, Cancino defendió el proyecto y afirmó que los beneficiarios deberán responder ante la justicia.
“Esta ley, desde ningún punto de vista, es un escenario de impunidad. Habrá investigación efectiva de todos los delitos, habrá sanción y habrá condena para ellos”, señaló.
Cuándo se debatirá la ley de sometimiento en las plenarias
Tras superar el primer debate, el proyecto deberá ser discutido y votado en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
La iniciativa también busca prorrogar la Ley 418 de Orden Público, cuya vigencia está próxima a vencer. Por esta razón, el Gobierno deberá avanzar en el trámite legislativo antes de la última semana de octubre de 2026, debido a que el proyecto debe quedar aprobado a más tardar la primera semana de noviembre de 2026 (específicamente antes del 4 de noviembre), fecha en la que vence la Ley de Orden Público.
El senador Hernán Cadavid, ponente del proyecto, destacó los cambios incorporados durante el debate y afirmó que la iniciativa permitirá orientar acciones hacia la seguridad, la presencia territorial y el orden público.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, manifestó que continuará las conversaciones con las distintas fuerzas políticas para buscar apoyos en las siguientes etapas.
La aprobación en primer debate no convierte el proyecto en ley. Para que la iniciativa entre en vigor, deberá superar las discusiones pendientes en ambas plenarias y completar el procedimiento legislativo correspondiente.
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