El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó este martes 13 de octubre de 2026 ante el Congreso un proyecto de ley para establecer las condiciones jurídicas bajo las cuales los grupos armados organizados podrán someterse a la justicia.
La iniciativa fue radicada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, y constituye una de las principales apuestas de la administración en materia de seguridad. La propuesta busca establecer una ruta legal para facilitar el sometimiento de estructuras criminales, con el objetivo de contribuir al restablecimiento del orden público, proteger a la población civil y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales.
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Durante la presentación, Lara explicó que el proyecto pretende ofrecer herramientas jurídicas para que las organizaciones criminales puedan acogerse a la justicia, sin otorgarles reconocimiento político. “El proyecto de ley de acogimiento, que ha sido presentado por los dos ministerios, busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras el sometimiento a la ley”, afirmó el ministro del Interior.
El funcionario agregó que la iniciativa combina la postura del Gobierno frente al orden público con la posibilidad de establecer mecanismos legales para que los grupos armados respondan ante la justicia.
El proyecto tendrá mensaje de urgencia
La iniciativa cuenta con 22 artículos distribuidos en 17 páginas y tendrá mensaje de urgencia, por lo que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara deberán estudiarla conjuntamente. Además, el Gobierno busca que tenga prioridad durante su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.
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El proyecto contempla prorrogar la Ley 418 de 1997, que sirvió como fundamento jurídico para distintas políticas de paz, incluida la estrategia de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, aunque con modificaciones para ajustarla al nuevo enfoque de seguridad.
La propuesta establece una ruta jurídica en la que tendrán responsabilidades el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Entre sus disposiciones contempla la creación de una unidad especializada para investigar y judicializar a los actores armados ilegales que se sometan a la Constitución y la ley.
Esta iniciativa es una de las dos principales propuestas de seguridad anunciadas por el Gobierno De la Espriella. La segunda es el estatuto antiterrorista, cuya radicación en el Congreso se espera entre el jueves 15 de octubre de esta semana y el martes o miércoles de la próxima. Desde el Ejecutivo describen ambos proyectos como dos componentes complementarios de su estrategia: la ley de sometimiento representa la “zanahoria”, mientras que el estatuto antiterrorista sería el “garrote”.
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Rebajas de penas y beneficios para quienes se sometan a la justicia
El proyecto de ley contempla rebajas de hasta el 50% de la pena acumulada para los integrantes de organizaciones armadas ilegales que se sometan a la justicia. El beneficio dependerá de sus aportes al desmantelamiento de las estructuras criminales, la verdad y la reparación de las víctimas. Para los cabecillas, la reducción máxima será del 30% y las condenas no podrán ser inferiores a diez años.
El articulado propone que las penas puedan cumplirse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas y cárceles productivas. Como regla general, la libertad condicional se concedería tras cumplir las cuatro quintas partes de la condena, con el aval de las víctimas.
No obstante, quienes colaboren en la búsqueda de personas desaparecidas podrían acceder a ese beneficio después de cumplir dos quintas partes de la pena, siempre que contribuyan efectivamente a la verdad, la reparación y el esclarecimiento de los nexos políticos de la organización y de las redes de corrupción que afecten a la administración pública y la justicia.
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Suspensión de condenas y descuentos por trabajo
La iniciativa también contempla suspender la ejecución de ciertas penas un año después de su imposición para condenados que no sean cabecillas y hayan cometido únicamente delitos como concierto para delinquir, uso ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos de comunicación y porte ilegal de armas. Para acceder a la medida, deberán contribuir a la verdad.
La posibilidad se extendería a quienes sean condenados exclusivamente por lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes obtenidos mediante esas actividades ilegales. Además, el proyecto plantea descuentos de un día de condena por cada dos días de trabajo, cuando exista colaboración, y de un día por cada jornada dedicada a programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos o desminado.
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