Andes suma 47 homicidios en 2026 y piden evaluar militarización de municipios del Suroeste antioqueño

La situación de seguridad en Andes, Antioquia, volvió a encender las alertas después de que el municipio llegara a 47 homicidios en lo corrido de 2026, mientras autoridades y dirigentes políticos discuten nuevas medidas para enfrentar la violencia en el Suroeste del departamento.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, en los últimos días se registraron tres muertes en Andes, dos de ellas confirmadas como homicidios. El caso más reciente ocurrió cerca del puente Amarillo, que comunica el barrio El Hoyo con la avenida Medellín, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego.

La Policía informó que capturó a un presunto implicado mientras huía del lugar y que las investigaciones continúan para establecer quién habría ordenado el crimen.

También fue encontrado el cuerpo de una persona en aguas del río San Juan, en el sector El Batallón, mientras que otro hombre fue asesinado en la vereda San Agustín, perteneciente al corregimiento de Santa Rita.

Estos hechos se suman a otros homicidios registrados al inicio de la semana en La Cruz, en La Chaparrala, y Río Claro, en Santa Rita. Las autoridades también investigan las circunstancias de otra muerte reportada en la zona.

Senador pide analizar militarización en varios municipios

Ante el aumento de los hechos violentos, el senador Juan Espinal pidió al Ministerio de Defensa estudiar la posibilidad de militarizar varios municipios del Suroeste antioqueño.

La solicitud fue planteada durante una audiencia pública sobre seguridad en la que participaron distintos sectores y representantes de las autoridades.

Espinal dirigió su petición a la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, y al general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

El congresista pidió acciones urgentes en Andes, Jericó, Pueblorrico, Betulia, Urrao, Betania y Amagá, y también solicitó reforzar las operaciones contra actividades ilegales asociadas a la minería.

“Le he solicitado al Gobierno nacional analizar la posibilidad de militarizar varios municipios del Suroeste antioqueño”, señaló.

Espinal argumentó que la situación requiere una respuesta especial debido a que la región se encuentra en plena temporada de cosecha cafetera, periodo en el que aumenta el movimiento de trabajadores y recursos económicos.

“Necesitamos recuperar la seguridad y el orden público. Necesitamos que se combata a los bandidos que están poniendo en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía”, agregó.

También pidió destruir las dragas ilegales que operan en el río Cauca, al considerar que estas actividades hacen parte de las economías ilícitas que alimentan a las estructuras criminales.

Disputas criminales mantienen presión sobre la región

Según cifras de la Policía citadas por el medio, durante 2025 el Suroeste antioqueño registró 320 homicidios, equivalentes al 18 % de los asesinatos ocurridos en todo el departamento.

Las autoridades relacionan parte de la violencia con disputas entre el Clan del Golfo y estructuras criminales locales por el control de rentas ilegales.

La audiencia pública realizada en Andes buscó precisamente revisar alternativas para mejorar las condiciones de seguridad y coordinar acciones entre Gobierno, Fuerza Pública y autoridades territoriales.

Por ahora, la solicitud de militarización corresponde a una propuesta del senador Espinal y la información suministrada no indica que el Ministerio de Defensa haya tomado una decisión definitiva al respecto.

La preocupación también llegará a la Asamblea de Antioquia, que sesionará en Andes el próximo jueves 15 de octubre, a las 9:00 a. m., en la Institución Educativa San Juan de los Andes.

La jornada estará enfocada en la problemática de seguridad, aunque también se abordarán otras necesidades del territorio.

Mientras avanzan esas discusiones, las autoridades continúan investigando los homicidios recientes e intentando establecer responsabilidades individuales y posibles conexiones con las estructuras criminales que operan en la subregión.