El excontralor general Carlos Felipe Córdoba radicó denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntos seguimientos y perfilamientos atribuidos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro.
Las acciones se apoyan en una investigación publicada por Semana, que reportó la existencia de perfiles sobre críticos y opositores del Gobierno, entre ellos dirigentes políticos, periodistas y funcionarios de organismos de control. Córdoba figura en esa relación, según el reportaje.
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Ante la Comisión, el excontralor pidió que se determine si Petro tuvo conocimiento de las actividades denunciadas y si existió uso indebido de información privilegiada o concierto para delinquir. La denuncia cita una fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que aseguró que el entonces mandatario recibía reportes de inteligencia cada semana.
“Una alta fuente de la UIAF, cercana a su primer director en el Gobierno del denunciado, afirmó que el presidente Petro recibía semanalmente un informe de inteligencia”, señala el documento, que citó la publicación de Semana.
Córdoba sostuvo que debe investigarse una presunta cadena de instrucciones entre la Presidencia y la DNI. La denuncia también reproduce testimonios según los cuales una inspectora fue vinculada para indagar operaciones del Gobierno anterior y afirmaba actuar por órdenes que provenían del presidente.
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La Fiscalía deberá establecer responsabilidades de exfuncionarios de la DNI y la UIAF
En la queja presentada ante la entidad liderada por Luz Adriana Camargo, Córdoba solicitó indagar a los exdirectores de la DNI y de la UIAF, además de otros antiguos funcionarios de ambas entidades, por los hechos expuestos en el reportaje.
La lista de posibles delitos que menciona el escrito incluye violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, abuso de función pública, revelación de secreto y concierto para delinquir agravado, entre otras conductas que puedan resultar probadas.
“El patrón” expuesto en la denuncia, según Córdoba, guarda similitudes con el caso de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el que la Corte Suprema de Justicia condenó a varios exfuncionarios.
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La auditoría que mencionó a expresidentes, exfuncionarios y periodistas entre los perfilados
Una auditoría forense ordenada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habría concluido que la DNI fue instrumentalizada con fines políticos y delictivos durante la administración de Gustavo Petro.
La auditoría habría reunido 147 terabytes de información bajo cadena de custodia, junto con 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas. Esos elementos permitirían reconstruir las actividades realizadas en el organismo de inteligencia y contrainteligencia del Estado durante la administración anterior, según documento revelado por la revista.
Fuentes que aceptaron hablar bajo reserva advirtieron al medio citado de un posible concierto para delinquir dentro de la entidad estatal, sucesora del antiguo DAS. Señalaron que al menos el 20% de los más de 500 empleados de la DNI habría comenzado a aportar información sobre lo ocurrido entre 2022-2026.
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La inspección señaló que, tras la llegada de Petro al poder, la DNI quedó organizada en dos bloques: uno a cargo de las labores ordinarias de inteligencia y otro, denominado de “contrainteligencia de Estado”, que reportaba directamente al entonces presidente y al director de turno. Funcionarios describieron ese segundo grupo como un “hoyo negro” que operó sin reglas y que tuvo acceso a la información más crítica manejada entre 2022 y mediados de 2026, incluida la relacionada con la oposición y la campaña presidencial.
La DNI habría realizado seguimientos a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez; al exfiscal general Francisco Barbosa; a la exvicefiscal general Martha Mancera; al congresista Miguel Uribe Turbay; al exdirector del DAS Ramiro Bejarano; y a la abogada Jenny Rozo, informó Semana.
La lista también incluía a la exprocuradora general Margarita Cabello Blanco, al propio Córdoba y a la periodista Vicky Dávila. Las denuncias buscan que la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía establezcan si existieron las conductas señaladas y quiénes tendrían responsabilidad en ellas.
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