La senadora Jennifer Pedraza denunció públicamente que la recién nombrada directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Cristina Daza Noguera, no cumple con los requisitos legales de experiencia profesional relacionada que exige el manual específico de funciones de la entidad pública.
Según los documentos oficiales expuestos por la congresista, el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, liderado por la jefa de cartera Paola Holguín, habría contabilizado como experiencia ligada al sector bibliotecario y patrimonial trabajos en campañas políticas, contratos de asesoría en la Presidencia de la República y servicios de comunicación estratégica en entidades financieras fiduciarias.
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De acuerdo con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de las Culturas para el cargo de Director General de Unidad Administrativa Especial (Código 0015 Grado 22), la persona designada requiere acreditar una de tres alternativas de formación y experiencia.
Las opciones normativas contemplan un título profesional más maestría y 60 meses de experiencia profesional relacionada; título profesional más especialización y 72 meses de experiencia relacionada; o únicamente título profesional acompañado de 96 meses de experiencia profesional relacionada.
En los folios de revisión elaborados por el Ministerio se señala que Daza Noguera acreditó un total de 73 meses y 14 días de experiencia profesional relacionada, superando por un margen de 44 días el requisito mínimo de los 72 meses exigidos al contar con título de especialización.
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“El Ministerio de las Culturas dice que Julia Daza cumple: supuestamente tiene pregrado, especialización y 73 meses y 14 días de experiencia relacionada. Según sus cálculos, incluso le sobrarían 44 días, ¿pero de dónde salen esas cuentas?”, cuestionó la senadora Pedraza.
Las objeciones a la acreditación de la experiencia certificada
La legisladora detalló que, para alcanzar la cifra oficial de 73 meses de experiencia, la entidad sumó actividades que no guardan relación directa con las funciones de conservación, catalogación y fijación de políticas públicas de lectura que corresponden a la dirección de la Biblioteca Nacional.
Entre los registros cuestionados figura la acreditación de cuatro meses y 23 días de trabajo desempeñados entre diciembre de 2009 y mayo de 2010 como jefe de prensa en la campaña presidencial de Noemí Sanín.
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“Para llegar ahí, el Ministerio contó como experiencia ‘cultural’ su trabajo como jefe de prensa de la campaña presidencial de Noemí Sanín, pero no es lo mismo escribir comunicados que diseñar la política pública de lectura de un país. Lo peor: sin ese trabajo de campaña, Daza no cumple el requisito”, sostuvo la congresista en su hilo de publicaciones en la red social X.
De igual forma, la denuncia hace referencia a un periodo de nueve meses y 18 días laborado como asesora de despacho en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República entre noviembre de 2019 y agosto de 2020, el cual fue validado por el Ministerio bajo el argumento de relacionarse con el diseño de políticas públicas de lectura.
“Su trabajo de planeación con (Iván) Duque lo presentan como ‘diseñar políticas de lectura’, pero en ninguna parte aparece experiencia en bibliotecas o patrimonio, que es justo lo requerido. Aquí estiran el concepto de ‘experiencia profesional’ mezclándolo con ‘experiencia relacionada’; les basta con buscar el verbo que más se parezca, encontrando una coincidencia genérica y listo”, agregó Pedraza en otros post.
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La senadora también criticó la convalidación de un contrato de prestación de servicios de comunicación ejecutado en la entidad fiduciaria Fiduprevisora S.A. entre 2012 y 2013, donde el análisis funcional del Ministerio homologó la gestión institucional con labores de divulgación del patrimonio bibliográfico.
“Su contrato de comunicaciones en Fiduprevisora para el fondo de Colombia Humanitaria lo hicieron pasar por ‘dirigir la publicación de ediciones del patrimonio bibliográfico nacional’”, escribió en X.
A renglón seguido añadió: “Pequeño detalle: Fiduprevisora no hace eso. Es una fiduciaria que administra recursos públicos. No publica, ni conserva, ni cataloga patrimonio bibliográfico. No es que inflaron la experiencia: se inventaron la función. Y sin ese contrato, tampoco cumple”.
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Petición formal ante la Función Pública y eventuales acciones legales
Ante las presuntas inconsistencias en la hoja de vida y en los anexos validados por la cartera ministerial, la representante radicó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp).
El recurso busca que la entidad administradora del Sistema Penal y de Gestión del Empleo Público (Sigep II) certifique y entregue copia de la totalidad de los soportes documentales y las fechas de registro correspondientes a la hoja de vida de la funcionaria nombrada.
“Sobre el caso hay múltiples denuncias ciudadanas, por eso radicamos una petición al DAFP para que certifique qué soportes hay en el SIGEP y si las fechas coinciden. Los cargos técnicos no pueden llenarse acomodando los requisitos. De confirmar estas inconsistencias, demandaremos su nombramiento”, concluyó la legisladora en su cuenta de X.
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