Durante su mandato, el expresidente Gustavo Petro defendió por lo menos cinco veces a Juliana Guerrero, la joven exfuncionaria que terminó condenada a tres años por presentar documentos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, del Ministerio de la Igualdad, un caso que la Fiscalía sostuvo que buscó inducir en error a funcionarios públicos para obtener el nombramiento.
La condena llegó después de que Guerrero aceptara los cargos. Según el expediente de la Fiscalía, para obtener los documentos se habrían hecho pagos cercanos a $8 millones: $2 millones por la matrícula de una tecnología, $4,7 millones por la de Contaduría Pública y el resto por derechos de grado y otros trámites administrativos.
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La reacción política más dura fue la de la senadora Jennifer Pedraza, denunciante del caso, que cuestionó que el entonces presidente la hubiera sostenido como delegada en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar hasta el final de su gobierno. La congresista dijo que le producía “indignación” que Petro hubiera salido a defenderla “hasta el último día” de su mandato.
Guerrero fue la misma joven a la que Petro presentó durante uno de sus primeros consejos de ministros televisados, cuando la describió como una “joven rebelde”. El exmandatario la respaldó en público por lo menos en cinco ocasiones.
Petro relativizó el caso cuando ya existían denuncias y una investigación
En octubre de 2025, el entonces mandatario negó haber nombrado a una viceministra con título falso y planteó que el problema podía reducirse a un requisito pendiente. Dijo: “No nombré una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos? Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del Icfes a principios de noviembre”.
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Ese mismo día volvió a minimizar la controversia con otra declaración: “Entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.
En otra intervención, Petro atribuyó el ataque contra Guerrero a la exposición pública que él mismo le dio al presentarla en televisión. Su frase fue esta: “Cometí el error de mostrarla en una cámara de televisión y, como creyeron que tenía una relación sentimental conmigo, se fueron a destruirla. A Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Allí fue amenazada de muerte y tuvieron que exiliarse”.
La defensa no se limitó a sus declaraciones. En febrero, la Presidencia respondió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para respaldar la designación de Juliana Andrea Guerrero en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar.
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Esa actuación se produjo después de que Pedraza pidiera suspender el Decreto 0390 del 1 de abril de 2025, expedido por la Presidencia y el Ministerio de Educación para ubicarla en ese cargo. La Casa de Nariño solicitó negar la medida cautelar, con el argumento de que la acción popular no era el mecanismo adecuado para tumbar el nombramiento y que los fundamentos expuestos por la senadora no bastaban.
En mayo, el entonces presidente también se refirió al proceso penal en una entrevista con Caracol Radio. Allí sostuvo: “A la señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”.
La última defensa pública llegó semanas antes del fin del mandato
La defensa más reciente ocurrió el 26 de julio, semanas antes de terminar el gobierno. Petro reaccionó a la publicación de chats y testimonios de supuestos empresarios que habrían buscado contratos del Estado a cambio de pagarles a las hermanas Verónica y Juliana Guerrero.
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En esa ocasión afirmó: “Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”.
Esto dijo la Fiscalía General de la Nación del caso contra Juliana Guerrero
Según explicó la Fiscalía, Guerrero habría usado documentos con apariencia legítima para sustentar su hoja de vida y así “inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”.
La fiscal del caso agregó que la joven sabía que los documentos eran falsos cuando los presentó. La funcionaria sostuvo: “Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador”.
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La condena de tres años y la aceptación de cargos cerraron judicialmente el caso de la mujer que alcanzó a ser promovida por Petro como una figura joven de su gobierno antes de que se estableciera que los títulos con los que respaldó su aspiración eran falsos.
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