El terremoto del 10 de agosto dejó edificios destruidos, vías dañadas y miles de familias afectadas en Colombia. En Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro, la emergencia también abrió riesgos menos visibles: el impacto sobre niños que perdieron sus casas, sus rutinas escolares, el contacto con familiares o la sensación de seguridad. La interrupción de las clases afecta a 988.180 matrículas y expone a más de 300 mil niños a riesgos de protección, según el más reciente balance citado por Save the Children.
El sismo ocurrió a las 7:34 del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Tras la revisión manual, la entidad estableció una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros. El movimiento se sintió en buena parte del país, así como en zonas de Panamá y Venezuela.
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El SGC indicó que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI. Los instrumentos ubicados cerca del epicentro detectaron entre 90 segundos y dos minutos de movimiento, mientras que durante las primeras horas se registraron al menos 18 réplicas, con magnitudes entre 1,4 y 4,8.
El consolidado nacional divulgado con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 25 de agosto, registró 331 muertos, 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 361.353 personas afectadas. Además, indicó que 3.731 centros educativos sufrieron daños, junto con 31.540 viviendas destruidas y 178.555 averiadas.
El reporte de Save the Children, fechado el 31 de agosto, señaló que el Ministerio de Educación contabilizó 3.872 sedes educativas afectadas en 387 municipios, con consecuencias para más de 447 mil niños, niñas y adolescentes y para 988.180 matrículas.
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La pérdida de la escuela deja a la niñez sin una rutina y sin espacios de cuidado
La discusión pública sobre el terremoto se concentró en el número de víctimas, las pérdidas materiales, el estado de las viviendas y la reconstrucción de la infraestructura. Para María Mercedes Liévano, directora país de Save the Children Colombia, ese enfoque puede dejar fuera las consecuencias que la emergencia tiene para niños y adolescentes.
“Las afectaciones son muchas y a veces son invisibles sobre la niñez”, afirmó Liévano en diálogo con Infobae Colombia. La directora explicó que el temor, la pérdida de rutinas y la incertidumbre tras el desastre pueden afectar la salud emocional de los menores durante las semanas y meses posteriores. La organización, que desplegó equipos en los territorios desde el inicio de la emergencia, identificó niños que tienen miedo de regresar a sus viviendas, pesadillas y cambios en su comportamiento. Liévano relató el caso de una madre cuyo hijo “simplemente dejó de hablar” después de vivir el terremoto.
El psicólogo Felipe Bravo Bolaños, integrante de la unidad médica y de diagnóstico de Colmedia, sostuvo que la primera respuesta debe atender la seguridad y las necesidades materiales de las familias. “¿Cómo hablar de emociones cuando de alguna u otra forma aún no se tiene dónde dormir?”, planteó en entrevista con Infobae Colombia.
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Bolaños indicó que la reconstrucción de las rutinas resulta necesaria para los niños que enfrentan una ruptura de su vida cotidiana. La asistencia al colegio, los horarios, el juego, los amigos y el vínculo con adultos de referencia ayudan a restablecer una sensación de continuidad después de la emergencia.
Ese retorno, según el especialista, no implica borrar lo sucedido ni esperar que cada niño reaccione de la misma manera. Algunos pueden expresar lo vivido a través del silencio, preguntas, dibujos o juegos. Otros pueden requerir más cercanía de sus cuidadores o mostrar cambios en el sueño, aislamiento, dependencia, falta de interés por jugar o preocupación persistente.
“Se trata de generar las condiciones para que se pueda elaborar lo ocurrido y volver a construir cierta continuidad de la vida”, explicó Bolaños. También advirtió que no todos los menores que vivieron el terremoto desarrollarán un trauma, por lo que la atención debe considerar la situación particular de cada niño y su entorno familiar.
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Nueve de cada 10 alumnos de escuelas afectadas no tienen alternativas para continuar las clases
El daño en las instituciones educativas representa uno de los efectos de mayor alcance de la emergencia. Del total de sedes afectadas que reportó el Ministerio de Educación, el 64% está ubicado en áreas rurales, donde las distancias, la falta de conectividad y las limitaciones de infraestructura pueden retrasar la reanudación de las clases.
Save the Children alertó que, en zonas como Quibdó, Turbo y Manizales, nueve de cada 10 estudiantes de escuelas afectadas no tienen espacios alternativos para continuar su proceso educativo. La organización señaló que la reconstrucción física de las sedes debe ir acompañada por medidas de protección, acceso a agua, saneamiento, apoyo socioemocional y reposición de materiales pedagógicos.
“La educación es lo que no se debe interrumpir en ninguna emergencia”, afirmó Liévano. La directora señaló que la escuela ofrece más que contenidos académicos: permite que los niños mantengan una rutina, permanezcan en un lugar seguro durante el día y tengan contacto con docentes que pueden detectar alertas en su comportamiento o en su situación familiar.
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Save the Children propone habilitar espacios temporales de aprendizaje mientras avanzan la evaluación estructural y la reparación de los establecimientos. En esos lugares, los menores pueden acceder a actividades pedagógicas, recreativas y de apoyo psicosocial. La directora de la organización insistió en que las soluciones virtuales tienen límites en las zonas rurales de Chocó. “No se resuelve con llevarles una tableta”, dijo, al referirse a la falta de conectividad que afrontan numerosos hogares y escuelas de la región.
La separación familiar, el hacinamiento y la violencia agravan los riesgos de protección a la niñez
Save the Children, con base en datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del clúster de protección, advirtió que más de 300 mil niños y niñas están expuestos a riesgos graves de protección después del terremoto. Entre ellos figuran la separación familiar, la violencia doméstica, la explotación, la trata y el reclutamiento por parte de grupos armados.
La amenaza es más delicada en territorios como Buenaventura, donde la pobreza y la presencia de grupos armados ya condicionaban la vida de las comunidades antes del sismo. La pérdida de escuelas y espacios comunitarios, según la organización, debilitó redes de cuidado que servían como protección para niños y adolescentes.
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El informe añadió que 1.146 personas permanecían en alojamientos informales. Una evaluación rápida de necesidades hecha por Save the Children identificó que, en Valle del Cauca, casi el 59% de las personas consultadas calificó las necesidades de protección infantil como graves o críticas. También recogió preocupaciones por hacinamiento, falta de privacidad, iluminación insuficiente y necesidad de atención en salud mental.
Liévano describió casos de familias que tuvieron que trasladarse a viviendas de vecinos después de perder sus casas. “Nos contaron en Buenaventura que en una casa muy pequeñita, donde ya vivían tres familias, ahora viven siete familias”, relató. Para la organización, estas condiciones aumentan los riesgos de abuso sexual y violencia, por lo que pidió reforzar las rutas de protección y la vigilancia comunitaria.
La directora recordó en entrevista con Infobae Colombia que los casos de niños separados de sus familiares, abandonados o expuestos a violencia deben ser remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia o la línea 141. Durante la primera semana de la emergencia, el ICBF había identificado cerca de un centenar de menores en procesos de reunificación familiar, validación de identidad o verificación de vínculos con los adultos que los acompañaban.
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El apoyo psicológico debe acompañar a las familias sin trasladarles toda la responsabilidad
Bolaños explicó que los adultos afectados por el desastre también pueden tener dificultades para sostener emocionalmente a sus hijos. El psicólogo recomendó evitar la culpa de los cuidadores por no haber estado preparados para una situación inesperada y señaló que la respuesta no puede recaer por completo sobre las familias.
El especialista advirtió que los niños suelen reaccionar al estado emocional de los adultos. En algunos casos, pueden asumir un papel de protección hacia sus padres y ocultar sus propias emociones para no aumentar la preocupación en el hogar. “El adulto debe ser el adulto”, sostuvo, en referencia a la necesidad de que los cuidadores ayuden a dar sentido a lo ocurrido sin trasladarles a los menores preocupaciones que no corresponden a su edad.
También recomendó preservar los espacios de juego, imaginación y fantasía. “Esas formas de expresión pueden permitir que los niños procesen una realidad difícil sin necesidad de relatarla de manera directa”, dijo Bolaños para Infobae. Cuando las familias no tienen herramientas para acompañarlos, señaló, deben buscar respaldo en familiares, docentes, programas comunitarios o profesionales de salud mental.
La ayuda psicológica no debe plantearse como una obligación idéntica para todos los menores afectados, de acuerdo con Bolaños. La necesidad de atención especializada depende de la persistencia de cambios en el comportamiento y de las condiciones particulares en las que cada niño afronta las pérdidas. “La catástrofe no termina necesariamente cuando deja de temblar la tierra”, afirmó. El proceso de recuperación emocional puede manifestarse de formas diferentes y en momentos distintos, incluso después de que avance la reconstrucción material.
El terremoto profundizó brechas que el Chocó arrastraba antes de la emergencia
El impacto del terremoto ocurrió en un departamento que ya enfrentaba barreras históricas de pobreza, aislamiento, falta de conectividad y acceso limitado a servicios de salud, educación y protección para la niñez. Para la directora país de Save the Children Colombia, la emergencia agravó condiciones previas y hará más difícil la recuperación de las familias.
“Son comunidades que perdieron todo, pero les va a costar mucho más volver a empezar. La respuesta tiene que incluir ayuda inmediata, pero también un plan de recuperación con vivienda, agua, alimentación, salud, continuidad educativa y generación de ingresos para las familias”, afirmó Liévano en diálogo con Infobae Colombia.
La directora sostuvo que reparar la infraestructura no será suficiente si los hogares continúan sin recursos para recuperar condiciones mínimas de estabilidad. “Si no sacamos a las familias de la pobreza, los niños van a seguir viviendo en entornos que no son los adecuados para ellos”, advirtió.
El psicólogo Felipe Bravo Bolaños coincidió en que la atención a la niñez debe partir de las necesidades materiales de las familias. Explicó que, en un contexto donde muchas personas perdieron sus viviendas y sus medios de sustento, resulta difícil pedirles que procesen emocionalmente la emergencia sin tener resueltas las condiciones básicas de supervivencia.
El especialista indicó que el terremoto volvió visible una situación de abandono que afectaba a varias comunidades antes del 10 de agosto. “A veces una catástrofe permite que uno mire lo que no había mirado antes. Si hay reconstrucción, ayudas y aportes, tal vez estas personas puedan salir un poco mejor de las condiciones en las que estaban”, afirmó.
Para Liévano y Bolaños, el reto consiste en que la reconstrucción no amplíe las desigualdades preexistentes. La recuperación de escuelas, viviendas, centros de salud y redes comunitarias será determinante para que la emergencia no deje a los niños de Chocó expuestos a una mayor pobreza, interrupción escolar y riesgos de violencia.
Mientras las autoridades actualizan los registros de daños y avanzan con la reconstrucción, el desafío, particularmente en Chocó, será evitar que los efectos del terremoto se traduzcan en abandono escolar, falta de atención emocional y una mayor exposición de los niños a la violencia.
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