Títulos falsos en la Fundación San José: exsecretario Luis Carlos Gutiérrez aceptó responsabilidad y fue condenado a tres años

El escándalo por la expedición irregular de títulos académicos en la Fundación San José ya tiene su primera condena. El juez 46 de Conocimiento de Bogotá avaló este lunes 7 de septiembre de 2026 el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, quien deberá cumplir una pena de 36 meses de prisión.

Gutiérrez aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y, como parte de la negociación, la Fiscalía modificó su participación en el proceso: pasó de ser considerado autor a cómplice del delito de falsedad en documento público. Además de la condena, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años.

Durante la audiencia, el juez señaló que las actuaciones del procesado afectaron la confianza depositada en los documentos públicos relacionados con la formación académica y el acceso a cargos profesionales y públicos. “La conducta desplegada por Luis Carlos Gutiérrez lesionó efectivamente y sin justa causa el bien jurídico de la fe pública”, afirmó.

Aunque el funcionario judicial consideró grave la conducta, concedió a Gutiérrez el beneficio de suspensión de la pena. Sin embargo, advirtió que lo ocurrido afectó de manera severa la fe pública y a las comunidades educativas del país.

El proceso está relacionado con la investigación contra Juliana Guerrero, quien fue aspirante a viceministra de Juventud durante el Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía sostiene que en julio de 2025 habría obtenido de manera irregular títulos de tecnóloga y contadora pública. Guerrero defiende su inocencia. La Fiscalía tiene previsto avanzar hacia la acusación contra la joven, aunque tampoco descarta una eventual negociación dentro del proceso.

La investigación de la Fiscalía estableció además que los documentos no contaban con respaldo académico dentro de las plataformas institucionales. Durante la audiencia se indicó que no había registros que demostraran la trayectoria académica necesaria ni evidencia del cumplimiento del plan de estudios para sustentar la expedición de los títulos. El juez retomó ese punto al señalar que tampoco se habían encontrado registros académicos válidos en los sistemas de la institución. De acuerdo con su explicación, estos elementos eran indispensables para que los documentos pudieran ser expedidos legalmente.

Dentro de la investigación, otro de los aspectos señalados por la Fiscalía fue el acceso que tenía Gutiérrez Martínez al sistema de la Fundación Universitaria San José. El entonces secretario general contaba con un perfil de administrador que le permitía intervenir en distintos procedimientos relacionados con la validación y generación de documentos académicos.

La fiscal Jessica Montealegre explicó que los permisos asociados a ese usuario iban más allá de una consulta ordinaria, pues le permitían “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, esa capacidad fue utilizada en el caso relacionado con Guerrero.

La Fiscalía sostuvo que los validadores externos no habían dado su aprobación para expedir los dos títulos académicos. Pese a ello, Gutiérrez Martínez habría utilizado su perfil de administrador para autorizar posteriormente la generación de ambos documentos. “Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, afirmó la representante de la Fiscalía durante la diligencia.

Como parte del preacuerdo, el exsecretario general también ofreció disculpas por sus actuaciones. Gutiérrez reconoció que incumplió las normas que regulan el sistema educativo y sostuvo que su decisión terminó teniendo consecuencias en diferentes ámbitos de su vida. “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto”, manifestó.

El procesado agregó que, desde su experiencia como educador, quería que lo ocurrido sirviera como una reflexión sobre las consecuencias que puede generar una decisión equivocada. “Una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”, expresó durante la audiencia.