El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, apoderado de la esposa y la hija de Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’ Gómez, rechazó los señalamientos que vinculan al exgobernador de La Guajira con los hechos de seguridad reportados en una oficina de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y con la alerta trasladada a la Corte Suprema de Justicia.
A través de un comunicado divulgado el 2 de septiembre, Criollo sostuvo que Gómez Cerchar no tiene relación con los hechos y negó que hubiera participado, intervenido o tenido conocimiento de lo ocurrido.
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El pronunciamiento se conoció después de que el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano Martínez, informara a la presidencia de esa corporación sobre hechos que, según expuso en un oficio, podrían representar un riesgo para los funcionarios judiciales que participaron en el proceso contra Gómez Cerchar.
La defensa de la familia de ‘Kiko’ Gómez negó cualquier vínculo con los hechos
En el documento firmado por Criollo, el abogado señaló que la familia del exgobernador rechaza y repudia los hechos ocurridos, a los que calificó como conductas graves que afectan la institucionalidad.
A la vez, sostuvo que Gómez Cerchar es ajeno a lo sucedido. El abogado negó de manera categórica “cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación” del exgobernador con los acontecimientos. También aseguró que no tuvo conocimiento de lo ocurrido.
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“Manifestamos la absoluta ajenidad del señor Juan Francisco Gómez Cerchar frente a lo acontecido”, señaló el apoderado en el comunicado emitido en representación de la esposa y la hija del condenado.
Criollo cuestionó la difusión de señalamientos que, según indicó, afectan el buen nombre y la honra de Gómez Cerchar, además de que pueden tener consecuencias sobre la seguridad de sus familiares.
El abogado pidió que las autoridades competentes adelanten una investigación pronta, seria y exhaustiva que permita establecer las circunstancias de los hechos e identificar a los responsables.
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También solicitó que se adopten medidas de seguridad y protección para las personas que puedan encontrarse en riesgo por estos acontecimientos. La defensa afirmó que una indagación técnica permitirá establecer quién estuvo detrás de los daños reportados en la sede de la Procuraduría y determinar si existe alguna relación con el expediente judicial contra el exgobernador.
El magistrado José Joaquín Urbano pidió reforzar la protección para funcionarios judiciales
La posición de la familia se conoció luego de que el magistrado José Joaquín Urbano Martínez remitiera un oficio, fechado el 2 de septiembre de 2026, al presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito.
En el documento, Urbano informó sobre varios hechos que le comunicaron funcionarios que participaron en el proceso judicial contra Gómez Cerchar. El magistrado expresó que la información recibida podía representar un riesgo para los integrantes de la Sala Penal y sus familias.
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El 26 de agosto, la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque acudió al despacho de Urbano para expresar preocupación por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso.
Según el oficio, Guzmán presentó una de las demandas de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá relacionada con el proceso contra Gómez Cerchar. Ese recurso llegó a la Sala de Casación Penal y derivó en el fallo que revocó la absolución por uno de los homicidios investigados.
Urbano trasladó su preocupación a la presidencia de la Sala Penal y pidió que los hechos fueran puestos en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional.
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Una bala disparada y dos ventanas rotas elevaron la preocupación por la seguridad
El oficio también recoge la información que entregó el 1 de septiembre Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, quien intervino ante la Corte Suprema dentro del proceso contra Gómez Cerchar.
Según la comunicación de Urbano, Bonilla le informó que durante la semana anterior apareció una bala disparada en su oficina, situada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.
El funcionario también le informó que, al llegar a su despacho esa semana, encontró dos ventanas rotas y rastros de dos disparos de fusil.
Bonilla había solicitado ante la Corte que se resolviera el recurso de casación y se condenara a Gómez Cerchar. Los hechos reportados en su oficina fueron incluidos por Urbano entre las circunstancias que motivaron su solicitud de reforzar las medidas de seguridad para los magistrados de la Sala Penal.
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El magistrado señaló en su comunicación que consideraba posible que los integrantes de esa sala estuvieran en riesgo “en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”.
Por esa razón, solicitó que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conociera de manera urgente la situación y aumentara las medidas de protección para los magistrados y sus familias.
La Corte Suprema condenó a ‘Kiko’ Gómez a 31 años y ocho meses de prisión
El proceso mencionado en el oficio corresponde al expediente contra Juan Francisco Gómez Cerchar por tres homicidios agravados y concierto para delinquir.
Urbano explicó que el Tribunal Superior de Bogotá había declarado prescrita la acción penal frente a dos de los homicidios, absolvió a Gómez Cerchar por otro de los casos y lo condenó por concierto para delinquir.
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación el 29 de abril de 2026, revocó la absolución por uno de los homicidios agravados y condenó a Gómez Cerchar a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado.
El magistrado indicó que la decisión fue adoptada por unanimidad y que la sentencia permanecía vigente al momento de emitir el oficio del 2 de septiembre. También aclaró que el fallo podría ser objeto de una eventual acción de tutela.
El oficio no atribuyó a Gómez Cerchar la publicación difundida en plataformas virtuales
La carta de Urbano también hace referencia a una publicación que, según el magistrado, circuló durante la semana anterior en plataformas virtuales.
Ese contenido mencionaba a un supuesto “poderoso asesino guajiro” que estaría privado de la libertad y tendría varias condenas. Además, aludía a presuntas instrucciones para que familiares abandonaran cargos públicos y se trasladaran a Italia, así como a supuestas órdenes para asesinar a tres personas.
Urbano incluyó esa publicación entre los elementos que aumentaron la preocupación de funcionarios judiciales. No obstante, el magistrado no atribuyó a Gómez Cerchar la elaboración ni la difusión de ese contenido.
La defensa de la familia del exgobernador pidió que las autoridades determinen las circunstancias de los hechos reportados en la Procuraduría, identifiquen a los responsables y adopten medidas para proteger a las personas que puedan estar en riesgo.
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