El 27 de agosto de 2026, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante el Congreso de la República un nuevo Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra que reemplaza el borrador devuelto por las comisiones económicas y que el Gobierno nacional justifica por los efectos del terremoto del 10 de agosto de 2026 y por un déficit fiscal mayor al previsto por la administración anterior.
La nueva propuesta amplía en $58 billones el monto del plan original y llega después del rechazo al presupuesto que había dejado el gobierno de Gustavo Petro, que mantenía una brecha de $30,2 billones sin fuente definida entre ingresos proyectados y gasto planeado. La radicación se hizo el jueves 27 de agosto, dentro del plazo que vencía el 30 de agosto de 2026.
Gómez Martínez afirmó que la presentación integra “la primera fase del plan de rescate de la economía para enfrentar la inédita crisis heredada del gobierno anterior, agravada por los efectos del terremoto”. El titular de la cartera añadió que el Ejecutivo busca recuperar la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones esenciales.
PUBLICIDAD
José Manuel Restrepo justificó el nuevo presupuesto del Gobierno de Abelardo de la Espriella
La defensa política del proyecto también quedó en manos del vicepresidente José Manuel Restrepo, que habló del tema durante el Congreso de Asobancaria. Allí afirmó que la propuesta no constituye un gasto irresponsable, sino un ejercicio de transparencia sobre los compromisos reales del Estado.
Restrepo respaldó la tesis de Miguel Gómez y aseguró: “Lo que está absolutamente claro es que lo que el ministro de Hacienda ha hecho es revelar la verdad, el presupuesto de la verdad”. Con esa frase, vinculó el incremento del monto total a una corrección de obligaciones que, a su juicio, no habían sido reconocidas en la propuesta anterior.
El economista calificó el presupuesto heredado de la administración del expresidente Gustavo Petro como técnicamente inviable e incompleto. En sus palabras: “Es que el gobierno anterior dejó un presupuesto totalmente falso y responsablemente además equivocado, excluyendo gastos que se necesitaban, que estaban planificados debidamente”.
PUBLICIDAD
Según Restrepo, la omisión de recursos afectó áreas centrales para la operación del Estado y el cumplimiento de compromisos sociales. Mencionó de manera específica la salud, las pensiones, la remuneración de los funcionarios públicos y el costo de la deuda pública.
El vicepresidente insistió en que el ajuste no debe leerse como una expansión del gasto, sino como una corrección contable y financiera. En efecto, defendió la actuación de la cartera de Hacienda: “Lo que está haciendo el ministro de Hacienda es siendo responsable lo que faltó en estos últimos 4 años”.
El Observatorio Fiscal advirtió que el ajuste previo recortó inversión y transferencias
De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el problema del presupuesto anterior no era solo el tamaño del gasto. El análisis indicó que la caída de los ingresos proyectados fue mayor que el recorte planteado.
PUBLICIDAD
Además, recordó que los ingresos aforados pasaron de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones en 2027, una reducción de $17 billones. En ese contexto, la diferencia entre ingresos y gastos se amplió hasta el monto que terminó por trabar el trámite del proyecto.
La publicación académica explicó que, frente al Presupuesto General de la Nación de 2026 vigente, el plan para 2027 sí proponía una reducción real del gasto de $13,5 billones. Para el Observatorio, ese dato mostró que había margen para ajustar el funcionamiento, pese a la insistencia del gobierno anterior en las llamadas inflexibilidades presupuestales.
Sin contar un aplazamiento de gasto que aún debía aplicarse en 2026, el componente de funcionamiento bajaba de $387,9 billones a $367,7 billones. Eso implicaba un recorte real de $20,2 billones, equivalente a 5,2%.
PUBLICIDAD
La inversión también descendía, con una caída de $4,9 billones, mientras el servicio de la deuda aumentaba $11,6 billones. Esa combinación explicaba la reducción total del gasto prevista en el proyecto que no prosperó.
Dentro del funcionamiento, el mayor ajuste recaía sobre transferencias, que pasaban de $290,1 billones a $277,2 billones, con una baja de $12,8 billones. El segundo recorte más grande estaba en bienes y servicios, que caían de $22 billones a $17,9 billones, mientras los gastos de personal disminuían $3,1 billones.
PUBLICIDAD