Daniel Briceño denunció a 74 funcionarios y contratistas del Estado que, pese a inhabilidades, firmaron contratos con entidades públicas

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá y el congresista más votado de la presente legislatura, confirmó en la jornada del martes 25 de agosto de 2026 que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por lo que sería el aparente ‘carrusel’ de contratos en entidades del Estado, por lo que sería un patrón evidente que, a su juicio, merecería la intervención de los órganos de control.

De acuerdo con Briceño, al menos 74 funcionarios y contratistas sancionados habrían seguido firmando con entidades públicas, y 42 de ellos, según la investigación que dijo haber radicado ante el ente acusador, incluso habrían presentado certificados falsos para ocultar sus inhabilidades. Una práctica que, desde su óptica, se habría hecho habitual durante la administración de Gustavo Petro.

“Habrían falsificado su certificado de inhabilidades presentando un certificado diciendo que no tienen inhabilidades cuando en el sistema de la Procuraduría aparece que sí”, enfatizó Briceño.

La gravedad del caso, según expuso ante la prensa, es que son aproximadamente 155 contratos por 8.000 millones de pesos, en una cifra que daría cuenta del impacto de este ‘modus operandi’ en la función pública y la necesidad del nuevo Gobierno de robustecer los controles frente a personajes que registren antecedentes disciplinarios que les impidan vincularse con las entidades del Estado.

En declaraciones sobre la denuncia, Briceño sostuvo que el hallazgo surgió de un cruce de bases de datos entre personas sancionadas por la Procuraduría y contrataciones posteriores con el Estado. Estas personas, según señaló, “presuntamente le habrían hecho fraude a la ley en la contratación del Estado”, por lo que debe hacerse una revisión exhaustiva del alcance de sus actuaciones.

Y es que Briceño, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, expresó que este patrón no fue único. Según detalló ante los medios, hubo personas que habrían entregado documentos que negaban restricciones vigentes, otras que sí informaron su condición a las entidades y aun así fueron contratadas, y otras que omitieron presentar este requisito, pues al parecer aparecían reportadas.

Sancionados por entes de control siguieron contratando con el Estado

El congresista denunciante explicó que los funcionarios y contratistas identificados aparecían con sanción o inhabilidad para vincularse al Estado, pero siguieron vinculándose con entidades públicas. “Son 74 personas que, haciendo un cruce entre bases de datos, encontrábamos que tenían una sanción o inhabilidad para contratar, pero que aun así han venido contratando con el Estado”, señaló Briceño.

El parlamentario fue claro en señalar que este caso no solo tendría repercusiones para los implicados; también relacionaría a los organismos públicos que habrían aceptado esas vinculaciones sin frenar el proceso en curso. Y todo por no llevar a cabo los protocolos de verificación de antecedentes, con el fin de descubrir si estaban o no habilitados para ocupar los cargos que desempeñaron.

Entre los expedientes que destacó en su exposición, Briceño mencionó a Rubén Darío Díaz, al que identificó como exprocurador provincial de Guateque. Según su versión, se trata de una persona inhabilitada hasta 2031 que aun así habría seguido suscribiendo contratos, pues entre 2024 y 2026 estableció tres vínculos “y actualmente tiene relación con la Jurisdicción Especial para la Paz”.

De esta manera, el representante indicó que esta es apenas una “primera entrega” de los cruces de información que adelanta con su equipo, y cuyo objetivo es seguir identificando personas sancionadas por la Procuraduría que continúan contratando en otras ciudades; en un panorama en el que se podría estar presentando un tráfico de influencias, por lo que insistió en ajustar los filtros institucionales.

“En varios casos sí hay entidades que no están revisando si están o no están inhabilitados”, sostuvo Briceño. Su crítica apuntó al sistema de validación previo a la contratación pública, pues enfatizó que si un particular puede detectar inconsistencias mediante cruces de bases de datos, esa revisión debería operar de forma automática dentro de las plataformas estatales que se tienen para tal fin.

“Si eso lo estoy haciendo yo cruzando bases de datos, ¿por qué el sistema Secop no lo hace de forma inmediata si ya están los antecedentes en la Procuraduría?”, preguntó Briceño, que también reclamó que Colombia Compra Eficiente y la Procuraduría articulen un mecanismo para que, cuando una persona intente contratar con el Estado, la plataforma indique de forma automática si está habilitada o no.