Pese que la idea de recuperar y fortalecer los recursos públicos a traves del mecanismo de expropiación exprés fue duramente criticado en el gobierno del expresiente Gustavo Petro, la polémica figura seguiría vigente en el nuevo gobieno de Abelardo de la Espriella.
Y es que el nuevo mandatario ha sido enfático en que será una de sus prioridades recuperar los predios y dineros que se habrían desviado en administraciones pasados por la corrupción y el conflicto armado, aunque implique tomar medidas drásticas y unilaterales.
Tras su posesión, el mandatario puso en el centro del debate nacional la ineficacia de los mecanismos actuales para devolver a las víctimas y al Estado los bienes apropiados por redes criminales y funcionarios corruptos, especialmente por los duros comentarios que realizó cuando apenas era candidato.
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En Colombia, la reparación económica a quienes han sufrido por causa de la violencia y el saqueo institucional ha sido un proceso largo y lleno de obstáculos y la administración de los bienes incautados, gestionada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y supervisada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha sido duramente cuestionada.
Según una recopilación de la revista Semana, De la Espriella ha insistido en que el sistema ha fallado tanto en la monetización de los activos como en la aplicación de sanciones verdaderamente efectivas contra los responsables. Además de lanzar fuertes cuestionamientos a la justicia especial por, presuntamente, mantener a las víctimas desprotegidas, mientras se estarían dando mayores beneficios a los exintegrantes de las Farc.
“Los únicos que han perseguido ahí son los miembros de la Fuerza Pública, porque a los bandidos criminales de lesa humanidad de la Farc no les ha pasado nada. Ni siquiera la plata han tenido que devolver para reparar a la gente que destruyeron”, señaló el ahora presidente en una entrevista en el mes de mayo de 2026.
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A lo que hace referencia el nuevo presidente es al inventario de propiedades entregadas por la extinta guerrilla de las Farc que apenas se ha convertido parcialmente en fondos para la reparación de las víctimas. Muchos de estos bienes están en territorios controlados por otros grupos armados o carecen de títulos legales, lo que complica y retrasa su uso para indemnizaciones colectivas.
Ante las presuntas demoras y complicaciones, la estrategia del nuevo gobierno propone un cambio en la lógica de la reparación. El objetivo sería dejar atrás la dependencia de los inventarios voluntarios de los grupos armados ilegales y avanzar hacia una ofensiva judicial respaldada por el Estado.
La figura de extinción de dominio exprés sería, para el nuevo gobierno, la herramienta central para acelerar la recuperación de bienes tanto de criminales de guerra como de corruptos, con el fin de destinarlos al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
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“No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación.¡No habrá perdón ni olvido!“, señaló el mandatario en julio tras conocerse las sanciones al último secretariado de las extintas Farc.
Extinción de dominio exprés y lucha contra la corrupción
El plan de Gobierno establece que la extinción de dominio exprés se aplicará también para combatir la corrupción. La meta sería identificar e incautar rápidamente los bienes de funcionarios que hayan acumulado patrimonio a través de recursos públicos.
La propuesta contempla reducir los tiempos procesales de expropiación a un plazo de 25 días, permitiendo la incautación no solo a los responsables directos, sino a sus testaferros y familiares. De la Espriella ha señalado que la corrupción es “el cáncer que está matando a Colombia” y que tiene una “obsesión” por erradicarla desde su mandato.
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Asimismo, el programa de Gobierno incluye una “ruta de restauración” para ‘limpiar’ la República de los daños provocados por la corrupción.Según datos históricos, entre 2016 y 2022, de los 21,28 billones de pesos sustraídos por redes corruptas, solo se ha recuperado una fracción de 9,28 billones. Esta cifra, según el presidente, evidencia la urgencia de una política más agresiva para recuperar los recursos públicos.
Según el mandatario nacional, el Fondo para la Reparación de las Víctimas será el principal receptor de los bienes monetizados, permitiendo avanzar en la reparación colectiva y en la reconstrucción de territorios afectados por la violencia.
Sin embargo, se desconocen los detalles de cuáles serían los parámetros para ejecutar dichas expropiaciones, además de las vías legales para el implementar la nueva medida que sería bandera en el Gobierno de De la Espriella
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