La elección de Iván Cepeda y Aida Quilcué para ocupar las curules de oposición en el Congreso de la República quedó bajo disputa por una demanda de nulidad electoral presentada tras las presidenciales del 21 de junio de 2026, un proceso que llevó a la victoria de Abelardo de la Espriella y que, según el recurso, estuvo atravesado por hechos de coacción armada con incidencia en la libertad del voto.
El cuestionamiento judicial presentado por el concejal de Medellín Andres Gury al Consejo de Estado se conoció en las horas previas a la posesión del presidente electo, prevista para el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali, y busca dejar sin efectos la llegada de Cepeda al Senado y de Quilcué a la Cámara de Representantes. Ambos aceptaron las curules de oposición asignadas al equipo del candidato del Pacto Histórico derrotado en la segunda vuelta.
“Hemos presentado demanda de nulidad ante Consejo de Estado en contra de la elección de Iván Cepeda y Aida Quilcue, por la votación irregular y atípica gracias al ya comprobado voto fusil. Hemos analizado mesa a mesa, punto de votación a punto de votación, municipio por municipio, departamento por departamento: son casi 4 millones de votos irregulares y ya están probados”, escribió el cabildante en su cuenta de X
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A criterio de Gury, “el Pacto Histórico y otros, se aliaron con todos los grupos delincuenciales, socios de Gustavo Petro, jugando a los congelados y obligando a la población a votar por la izquierda. Todos caerán”.
El recurso sostiene que hubo una “presunta violencia a los electores en conexidad con la afectación de la libertad del elector por constreñimiento”, una conducta contemplada en la normativa electoral y penal colombiana. Esa hipótesis se apoya en una teoría del caso basada en la existencia de un patrón “sistemático, repetido y organizado” de control territorial y coacción contra la población civil antes y durante la jornada electoral.
La demanda atribuye la afectación del voto a un patrón de control armado
La acción judicial plantea de manera directa que la voluntad popular en distintos territorios habría sido alterada por presión ilegal de grupos armados y estructuras criminales, con una incidencia que, a juicio de los demandantes, puede repercutir sobre la validez de la elección de los dos legisladores.
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Según el texto conocido, durante el proceso electoral se habrían registrado amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial, imposición de normas de comportamiento, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. La demanda encuadra ese conjunto de hechos como parte de un mismo patrón de intervención sobre los votantes en municipios y corredores territoriales específicos.
Los firmantes señalaron que “existió un patrón de hechos de violencia desarrollados como forma de intervención ilegal sobre la formación de la voluntad popular en determinados municipios y corredores territoriales”. Esa es la base con la que buscan que se anulen las elecciones de Cepeda y Quilcué para esas curules.
El recurso menciona al ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo
El escrito atribuye esos patrones de violencia a varias organizaciones armadas y redes criminales. La lista incluye el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, La Terraza, La Cordillera, Los Pachenca, Los Rastrojos, La Empresa, Los Costeños, Los Caqueteños, Los Shotas, los Espartanos, la Inmaculada, Los Puntilleros y el tren de Aragua.
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La controversia jurídica aparece después de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella. Con ese resultado ya definido y la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto de 2026, el nuevo frente judicial se concentra ahora en la permanencia de los dos congresistas de oposición elegidos bajo ese esquema institucional.