La saliente primera dama Verónica Alcocer salió del país y aseguró que volverá “en unos días”, después de versiones que indicaban que buscaría asilo tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder.
El mensaje lo publicó en su cuenta de X la mañana de este jueves, 6 de agosto de 2026, a pocas horas de que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño: “Por compromisos personales agendados previamente, salí del país con mi tiquete de regreso. Toda mi vida y mi familia está en Colombia. En unos días volveré”.
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En la misma publicación, la exesposa de Petro afirmó que seguirá a disposición de la justicia por versiones que la vinculan con aparentes irregularidades durante el mandato de su exmarido: “Desde el inicio, nos pusimos a disposición de la justicia con transparencia de cara a esclarecer la verdad y así seguiremos”.
Alcocer quedó bajo cuestionamientos por audios divulgados por Semana, en los que Eva Ferrer Galcerán, su entonces mejor amiga, relató presuntos hechos de corrupción en los que estaría relacionada la primera dama. En su defensa negó los señalamientos y le dijo a la Fiscalía General de la Nación que rendiría cuentas.
El ente acusador abrió una indagación sobre los audios en los que se le menciona por presuntos manejos irregulares de dinero, contrataciones estatales y eventuales influencias en el Gobierno Petro, un paso que busca establecer si esas afirmaciones tienen sustento probatorio o si se trata de señalamientos sin respaldo judicial.
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La actuación de la Fiscalía no implica, por ahora, una investigación formal ni la formulación de cargos contra persona alguna. Lo que está en revisión es el contexto y el contenido de las grabaciones, así como la posible existencia de conductas con relevancia penal.
Esta decisión se conoció después de que la primera dama saliente enviara una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo para rechazar las acusaciones divulgadas públicamente y manifestar su disposición de colaborar con cualquier actuación judicial, según Blu Radio.
Las grabaciones reveladas por Semana incluyen referencias a presuntos manejos irregulares de dinero, supuestas contrataciones en entidades del Estado y a un grupo de ciudadanos españoles que habría trabajado con la Presidencia de la República y mantenía cercanía con Alcocer. También contienen afirmaciones sobre eventuales actuaciones relacionadas con contratación pública y manejo de recursos.
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En su carta, Alcocer señaló que su disposición a colaborar con las autoridades no nació de las publicaciones recientes. Afirmó que su preocupación era previa y estaba asociada a la posibilidad de que otras personas invocaran su nombre o una supuesta cercanía con ella para realizar actuaciones sin su consentimiento.
La primera dama saliente pidió además que cualquier valoración de los hechos se haga con base en pruebas obtenidas legalmente y teniendo en cuenta las circunstancias y los eventuales intereses que puedan existir detrás de las declaraciones difundidas. En el mismo texto sostuvo que siempre ha actuado bajo principios de justicia, verdad y transparencia.
La defensa de Eva Ferrer reclama 48.000 euros y cuestiona el origen de las grabaciones
María Soledad Morales Torrejano, abogada defensora de Eva Ferrer Galcerán, afirmó que su clienta mantiene varios procesos judiciales relacionados con su salida del Gobierno. También aseguró que aún le adeudan los últimos cuatro meses de trabajo como consultora.
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Según la defensa, la reclamación asciende a 48.000 euros, equivalentes a cerca de $178.000.000, además de aproximadamente $56.000.000 por gastos de vivienda correspondientes a cuatro meses. De acuerdo con la togada, esos montos corresponden al trabajo de consultoría que Ferrer habría desarrollado para Alcocer entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022.
A propósito, sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal dentro de la residencia de Ferrer y que su divulgación vulneró los derechos de su representada. Aunque en un primer momento evitó confirmar la identidad de la persona que aparece en los audios, después reconoció que la voz corresponde a la exconsejera presidencial y afirmó que las conversaciones ocurrieron en un ámbito privado con una persona de confianza.
La controversia tendrá una nueva diligencia el 13 de agosto de 2026, fecha en la que está prevista una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá. A esa cita también asistiría el empresario catalán Manel Grau, mencionado en varias oportunidades dentro de los audios divulgadas.
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