El martes 4 de agosto, autoridades judiciales hicieron efectiva la orden de detención contra José David López Celis, que figura como el principal investigado por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, estudiante universitaria y deportista de 21 años.
La aprehensión se realizó en una clínica del norte de la capital, donde López Celis se encontraba bajo atención médica. La decisión obedece a una orden del Juzgado 32 de Control de Garantías de Bogotá, que consideró que el presunto agresor representa un peligro para la sociedad y solicitó su reclusión mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos elementos materiales probatorios que motivaron la revisión de la medida de aseguramiento, inicialmente revocada meses atrás. En febrero, un juez había dejado en libertad a López Celis tras concluir que no representaba una amenaza para la sociedad, pero los avances en la investigación permitieron adicionar agravantes a la acusación original por feminicidio.
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La investigación y las pruebas
El caso de Laura Valentina Lozano ocurrió la madrugada del 21 de febrero en un apartamento de la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la joven se dirigió al apartamento de su expareja para recoger algunas pertenencias y a su mascota, luego de que la relación sentimental terminara.
La evidencia indica que, al intentar abandonar el lugar, López Celis la amenazó con hacerse daño para forzarla a regresar al inmueble. Según la hipótesis de los investigadores, la joven fue sometida a violencia física y falleció por asfixia mecánica.
Entre las pruebas clave resaltan los testimonios de un conductor de plataforma que transportó a Laura Valentina Lozano hasta la residencia de López Celis. El conductor relató a las autoridades que la joven dejó su bolso en el vehículo y le pidió que la esperara.
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Al notar que pasaban los minutos sin respuesta, el hombre comenzó a grabar un video apuntando a la ventana del apartamento, donde, según su testimonio recogido por Noticias Caracol, observó movimientos extraños y a un hombre en actitud sospechosa.
En el expediente judicial también constan los mensajes intercambiados entre la víctima y el conductor, que insistió en obtener señales de que la joven se encontraba bien y advirtió que llamaría a la Policía si no recibía respuesta.
La Fiscalía sostiene que estos elementos, sumados a la evidencia forense y a la declaración de familiares, refuerzan la hipótesis inicial de feminicidio agravado.
Decisión judicial y agravantes
La jueza del caso, basándose en los nuevos elementos aportados, determinó que José David López Celis instrumentalizó el chantaje emocional y amenazas de suicidio para manipular a la víctima y mantenerla en el apartamento. El fallo judicial señala que la modalidad empleada para el crimen revela una especial perversidad y un aprovechamiento de la vulnerabilidad de Laura Valentina Lozano, que habría sido sometida a golpes y asfixia.
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La funcionaria judicial también valoró antecedentes de violencia psicológica y económica por parte de López Celis, así como comportamientos de control y celotipia durante la relación. Según el análisis de la Fiscalía, el agresor tenía acceso a las redes sociales de la víctima y utilizaba la mascota compartida como pretexto para mantener contacto con ella, lo que habría facilitado el encuentro en el que se perpetró el crimen.
Reacciones de la familia y próximos pasos
La madre de la víctima, Nancy Torres, relató durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio que su hija se sentía manipulada y controlada por López Celis, y que buscaba terminar definitivamente la relación. Según la versión recogida por el medio, el padre del acusado evitó que su hijo se lanzara por una ventana tras encontrar el cuerpo sin vida de Laura Valentina Lozano, creyendo inicialmente que la joven fingía estar muerta.
Con la captura de José David López Celis, la Fiscalía continuará con las diligencias judiciales y la recolección de pruebas para esclarecer el caso y sustentar la acusación, recordando que el procesado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.
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La orden de detención se mantendrá vigente mientras avanza el proceso penal, en el que el Ministerio Público insiste en reforzar la protección de las víctimas de violencia de género.