Tras el fin de la Ley de Garantías en Colombia, 43.092 contratos públicos se firmaron entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 por cerca de $7 billones, en un movimiento que reactivó la contratación estatal suspendida durante la etapa electoral y que, según el análisis de Transparencia por Colombia, dejó a las entidades del Gobierno nacional con la mayor concentración del valor contratado.
El estudio de la organización muestra que, aunque el valor de los contratos firmados por entidades territoriales ascendió a $4 billones y el de las entidades nacionales llegó a $3,7 billones, si se toma solo la Rama Ejecutiva del Gobierno nacional, esa porción concentró el 93% del valor de la contratación del nivel nacional, con $3,4 billones.
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Según Transparencia por Colombia, 2.829 entidades nacionales y territoriales suscribieron esos contratos en apenas tres semanas. De ese total, 2.256 concentraron la mayor cantidad de acuerdos, entre ellas alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, entidades municipales y departamentales, resguardos, cabildos, contralorías regionales y empresas de servicios públicos.
La organización revisó los contratos registrados en Secop I y Secop II, además de información del Sistema de Información Estratégica del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público y del Registro Único Empresarial y Social, para establecer cómo se comportó la contratación una vez dejó de aplicarse la restricción electoral.
El gasto multimillonario que deja el saliente gobierno fue ampliamente criticado tanto por la oposición como por varios medios de comunicación y políticos cercanos a la administración de Gustavo Petro.
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En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo en sus redes sociales que los señalamientos sobre irregularidades en su Gobierno carecen de pruebas y buscan dañar su imagen.
“Está es otra de las matrices de moda para el desprestigio del gobierno que presentó los mejores resultados del siglo.Sin mostrar una prueba, este canal busca, después de cambiar pelajes, simplemente desprestigiar (sic)”, escribió en su cuenta de X.
A la par, afirmó que los millonarios contratos son un proceso necesario para el buen funcionamiento del Estado colombiano. “Después de ley de garantías toca firmar los contratos de las personas que trabajan o sino el estado de paraliza (sic)”.
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Incluso, exigió a entidades como la Contraloría General de la República que expliquen a los colombianos cómo funciona el proceso de contratación y por qué en varios casos se tercerizan los convenios entre las partes.
“Que la contraloría cuente en que sectores se hace y porque se contratan en su mayoria personas. o de una persona que siempre son contratos directos, y es gente que ya está laborando desde antes, puede pasar de la anualidad que es principio constitucional (sic)”.
Y agregó: “Si se encuentra alguna irregularidad yo mismo pongo las denuncias. Hoy mostraré varios hechos de corrupción en los últimos años de mi gobierno y como buscamos detenerlos”.
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La respuesta de la Contraloría a los contratos que firmó el Gobierno Petro
Jenny Lindo, contralora delegada para las Finanzas, afirmó en diálogo con El Tiempo: “El problema de fondo es que se están violando los principios de la administración pública. Si la Contraloría evidencia que se hacen traslados sin respaldo presupuestal, o que se firman contratos sin planeación o sin la seguridad de que se puedan ejecutar en estos cinco meses, esto terminará en responsabilidades de carácter disciplinario o fiscal”.
La preocupación del organismo no se limita al volumen de contratos, sino también a la capacidad institucional para vigilarlos y ejecutarlos. “Nos preguntamos cuál es el respaldo presupuestal y la planeación de estas contrataciones. Además, supervisar más de 14.000 contratos para que se ejecuten bien en este segundo semestre requiere un músculo y una capacidad del Estado que va más allá de lo financiero. Debe existir la capacidad no solo de suscribir contratos, sino de ejecutarlos y supervisarlos”, dijo Lindo al diario.
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