Las obras del Canal del Dique (proyecto que atraviesa los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre) podrían reactivarse luego de que el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella planteara retirar la licencia ambiental que actualmente mantiene suspendido el inicio de los trabajos. La medida busca destrabar el megaproyecto de infraestructura considerado estratégico para la región Caribe.
El anuncio fue emitido el 27 de julio por el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, que apoyó continuar con las obras de cara a los retrasos generados, según él, por la exigencia de los trámites ambientales que fueron presentados por parte del Gobierno Petro.
En medio de los argumentos expuestos por el ministro de la ‘Patria Milagro’, este respondió a un mensaje de Irene Vélez, ministra de Ambiente (e), que advirtió sobre un posible riesgo ecológico.
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Aunque ambos coinciden en la necesidad de iniciar las obras, Vélez señaló sus reparos ambientales, mientras Arjona insistió en la importancia del proyecto para “mitigar los riesgos de inundaciones y rupturas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre”.
No obstante, según el concepto del ministro del Gobierno electo, más allá de los riesgos ambientales, existen otros factores que en la administración de Gustavo Petro nadie consideró.
En primer lugar, dijo que la parálisis de las obras y la obligación de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya causó suficientes sobrecostos que resultaron en retrasos que exponen a las comunidades cercanas a riesgos innecesarios.
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“¿Y quién responde por el posible detrimento patrimonial de una actuación improvisada y caprichosa, de unos estudios y un trámite que no eran necesarios y que pusieron en riesgo a los pobladores del área de influencia del Canal del Dique?”, planteó en la red social X.
Por eso, Arjona criticó que la adjudicación inicial del proyecto no hubiese exigido una licencia ambiental y sostuvo que esta decisión implicó “una flagrante vulneración de los principios de planeación y de legalidad de la actuación administrativa, que le ha causado al erario público todos los sobrecostos asociados al estudio de impacto ambiental y a los procesos de consulta”.
El ministro designado también responsabilizó al Gobierno Petro por la falta de avances del proyecto que considera “vital” para los colombianos: “¿Quién responde por el posible daño antijurídico derivado de la falta de ejecución en estos cuatro años de un proyecto vital para los colombianos?”.
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De igual manera, insistió en que la autoridad ambiental debe responder “de cara a la Constitución, la ley y las necesidades del país”, no a presiones mediáticas “ni a sesgos ideológicos”.
La postura del Gobierno Petro sobre la obra del Canal del Dique
Y es que toda esta discusión surgió luego de que Irene Vélez compartiera un extenso mensaje en la red social X, en la que defendió la postura del Ministerio de Ambiente sobre la necesidad del estudio ambiental. Recordó que el Canal del Dique fue construido en el siglo XVI y ha generado históricamente impactos negativos en el entorno y en las comunidades tradicionales, especialmente negras e indígenas.
“Siempre se benefició Cartagena, con sus colonos y sus élites esclavistas; marginadas de esa riqueza fueron quedando las comunidades negras, esclavizadas, posteriormente libertas y, hoy, asentadas en varios Consejos Comunitarios”, afirmó.
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La ministra encargada dijo que, de esos daños ambientales, el canal provocó sedimentación, contaminación y afectaciones a la fauna marina, por lo que se requieren medidas urgentes, pero advirtió: “Esto no puede hacerse a costa de nuestros ecosistemas sensibles ni de las comunidades empobrecidas”.
Además, citó un pronunciamiento de Parques Nacionales Naturales (PNN) en 2022, que alertó sobre posibles daños a zonas protegidas como el Santuario de Fauna y Flora Mono Hernández, el PNN Corales del Rosario y San Bernardo y el PNN Corales de Profundidad, y la falta de claridad sobre los efectos de la intrusión salina.
Vélez explicó que, en enero de 2024, el Ministerio de Ambiente solicitó la presentación de un EIA como requisito previo para otorgar la licencia de la nueva fase del proyecto. Desde entonces, se desarrollaron mesas técnicas con el concesionario y diferentes entidades; sin embargo, según la funcionaria, “la empresa no ha presentado el EIA para el Canal del Dique ni ha radicado la solicitud de licencia ante la Anla”.
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De igual manera, la ministra abordó el concepto de “racismo ambiental” y señaló que históricamente los costos y riesgos de obras como el Canal del Dique recayeron sobre comunidades vulnerables, mientras los beneficios. Según su postura, se concentran en sectores privilegiados.
“La reconciliación solo será posible cuando exista empatía, memoria y un compromiso real con la verdad”, concluyó Vélez, al insistir en la importancia de que la licencia ambiental sirva para proteger ecosistemas y garantizar justicia ambiental.
De esta manera, Irene Vélez dejó en claro que ella no está en contra de las obras del Canal del Dique, pero sí cuestiona que se ejecuten sin una evaluación ambiental completa y sin garantías para los ecosistemas y las comunidades afectadas.
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