El 28 de julio se llevó a cabo una audiencia en la que tres generales retirados del Ejército Nacional narraron, junto con 22 exmilitares, cómo participaron en la desaparición y asesinato de varios integrantes de poblaciones indígenas en el Caribe.
En la diligencia se abordaron casos registrados entre enero de 2002 y diciembre de 2008, por los que hay más de 1.175 víctimas acreditadas, de las cuales 108 participaron de la audiencia del subcaso, en el que se estudia la acreditación de hasta 4.740 casos individuales.
En primer lugar, los exuniformados afirmaron que consolidaron un sistema de presiones, incentivos y mecanismos para encubrir el hostigamiento al que sometieron a las víctimas que fueron engañadas para salir de sus territorios. Entre las víctimas mencionadas en la diligencia hay 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada. Más de 120 víctimas aún siguen sin ser identificadas.
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Durante la diligencia, Chely Nieves Oñate narró cómo el Ejército cambió por completo su vida y la de su hermana al asesinar a su madre en lo que fue expuesto como un operativo contra la guerrilla.
“Betsy tenía apenas dos años cuando recibió un proyectil en su pie derecho, dejándole daños físicos y psicológicos que aún la afectan. A mis cinco años no supe qué era un amor, un abrazo, un beso, una bendición, un aguinaldo; no lo supimos porque la fuerza pública nos arrebató a nuestra madre cruelmente”.
Nieves mencionó que el hecho se registró el 7 de marzo de 2006 y que su madre fue presentada como una guerrillera dada de baja en combate a pesar de que tenía siete meses de embarazo y era conocida en la zona como una madre cabeza de hogar.
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“No queremos verdades a medias, ni mucho menos respuestas incompletas. Lo que ustedes nos hicieron no tiene nombre”, indicó Chely Nieves Oñate.
Entre los militares retirados que participaron de la diligencia, se destacó el testimonio que entregó el coronel (r) Luis Fernando Borja, que entre marzo de 2007 y junio de 2008 fue parte del comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre.
“Participé voluntaria y conscientemente en una estructura criminal que buscó presentar resultados operacionales mediante el asesinato y desaparición de personas que, posteriormente, fueron reportadas falsamente como integrantes de grupos armados muertos en combate”, indicó Borja, que reconoció haber escogido a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad para que fueran engañados con promesas de empleo para que dejaran sus hogares.
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Borja pidió perdón a las familias de las víctimas e indicó que no se trató de un comportamiento aislado, sino que los altos mandos de las Fuerzas Militares tenían claridad de lo que estaba pasando.
“Mi general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando a gente inocente. No era una simple manzana podrida. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos. Le dije a una víctima: ‘No pregunte quién dio la orden, pregunte quiénes sabían lo que estaba pasando’.
Florinda Arrieta, madre de una de las víctimas, pidió que el Ejército Nacional se encargue de limpiar la imagen de aquellos que fueron presentados como bajas en combate de manera indebida.
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“Ellos no eran cifras ni resultados operacionales, eran hijos, hermanos, padres y amigos. Seguimos levantando la voz hasta que toda la verdad sea conocida, hasta que los responsables asuman plenamente sus actos, hasta que nuestros hijos recuperen su buen nombre y hasta que ninguna madre vuelva a vivir este dolor”, indicó Arrieta, que pidió que los exmilitares mencionen la identidad de todos los altos mandos y políticos que tuvieron conocimiento sobre lo registrado.