La investigación por el asesinato de Natalia Santodomingo, una mujer trans de 33 años en Cajicá, entró en una zona de riesgo judicial: la familia y su abogado advirtieron que el hombre procesado por feminicidio agravado podría recuperar la libertad el próximo 20 de septiembre si no se instala a tiempo la audiencia de juicio oral por vencimiento de términos.
El caso sumó un dato que define la acusación. Según el abogado de las víctimas, un dictamen de Medicina Legal concluyó que las 68 puñaladas que recibió Natalia del tórax hacia arriba corresponden a patrones de crímenes de odio por identidad de género, un elemento que la justicia tomó para tratar el expediente como feminicidio pese a que la víctima era una mujer trans.
La alerta fue expuesta por la familia en declaraciones a Noticias RCN, cuando faltan menos de dos meses para que venza el plazo procesal. La principal exigencia está dirigida a la Fiscalía y a los jueces: que la etapa de juicio oral comience antes de esa fecha para evitar que el acusado salga de prisión.
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Natalia Santodomingo fue asesinada en su vivienda en Cajicá hace poco más de un año. Ocho meses atrás fue capturado Carlos Fernando Castillo, que hoy responde ante la justicia por ocultamiento de material probatorio y por el cargo de feminicidio agravado.
El plazo procesal se convirtió en la mayor amenaza para el caso
Saúl León, abogado de las víctimas, situó el punto crítico en el calendario judicial. En ese marco, dijo que si en las próximas semanas no se instala la audiencia de juicio oral, “este sujeto podría quedar en libertad por vencimiento de términos”.
León sostuvo además que ese es el llamado que hacen las víctimas para evitar que la causa se descarrile antes del juicio. La advertencia no se centra en una discusión sobre el fondo del caso, sino en el riesgo de que una demora procesal permita la salida del acusado.
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Diana Quintero, hermana de Natalia, precisó la fecha que hoy marca la preocupación de la familia. “Los términos se vencen en septiembre, como el 20 de septiembre más o menos”, afirmó, antes de resumir el pedido de su madre: que se haga justicia y que la muerte de Natalia no quede impune.
La acusación se apoya en un presunto móvil vinculado al género
De acuerdo con León, la tesis de la acusación es que el crimen se originó porque una relación no continuaría y por situaciones derivadas de envidias y animadversiones del presunto agresor contra Natalia. Esa reconstrucción se conecta con la calificación penal adoptada por la justicia.
El abogado explicó que el análisis forense no se limitó a describir la violencia del ataque. “El dictamen de medicina legal estableció que los patrones de las 68 heridas derivaban de una caracterización de crímenes de odio en razón a su identidad de género”, señaló.
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Esa conclusión es uno de los soportes para que el caso sea tratado como feminicidio. En Colombia, según se indicó en el informe televisivo, ese delito también abarca a las mujeres trans cuando el crimen está motivado por razones de género o por prejuicio hacia su identidad.
La hermana de la víctima describió el proceso judicial como una “lucha constante” desde la captura del acusado. En su relato, una de las mayores dificultades apareció en la etapa de investigación, cuando la familia buscaba avances concretos del expediente.
Quintero dijo que debieron insistir ante la Fiscalía para que la investigación avanzara. Según su versión, la respuesta que recibían era que no había pruebas y que tampoco había cámaras, una situación que profundizó la sensación de desgaste en el entorno de la víctima.
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La familia también expuso el impacto del crimen en el ámbito íntimo. “Mi mamita llora mucho desde el día” en que ocurrió el asesinato, contó Quintero, que recordó a Natalia como una hermana “excepcional”, servicial y cercana.
Ese nivel de violencia es parte central de la acusación y de la lectura forense del expediente. La familia sostiene ahora otra batalla: que el proceso llegue a juicio antes de que el calendario abra la puerta a la libertad del acusado.