El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, defendió la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y negó que los diálogos con grupos armados impliquen impunidad o dejen sin margen de acción a la fuerza pública, al sostener que la estrategia actual no busca un acuerdo nacional único como el de las Farc sino intervenir violencias territoriales en zonas donde persisten el abandono estatal y conflictos no resueltos de procesos anteriores.
En esa defensa, el funcionario ubicó la política dentro de una trayectoria de cerca de 35 años desde la Constitución de 1991, que, según recordó en CNN en Español, consagró la paz como un derecho y un deber.
“Pensar en una paz que no es un proceso como lo está siendo desde hace cerca de 36 años, a partir del 91, 35 años, me parece que es la carencia de un sentido histórico de esa paz”, afirmó.
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En ese balance incluyó la desmovilización de cerca de 50 mil personas armadas en distintos procesos y la salida de alrededor de 17 mil integrantes de las Farc durante la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos.
Patiño respondió así a cuestionamientos sobre los resultados del gobierno, en un escenario marcado por conversaciones simultáneas con el ELN, el Estado Mayor Central, otras estructuras disidentes y bandas criminales, además de suspensiones y fracturas en varias mesas.
La crítica también aludió al deterioro del orden público en varias regiones y a la expansión del control territorial de grupos armados.
El comisionado afirmó que la etapa actual debe leerse en clave local. Según explicó al medio, hay comunidades y territorios que no quedaron plenamente incorporados en acuerdos anteriores, en especial en el firmado en 2016, y por eso el gobierno optó por abrir diálogos con organizaciones ilegales que conservan poder en esas zonas.
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“Ya no se trata de paz nacional. Por eso empezar a creer que ahí va a haber documentos finales como el que se dio con las Farc, pues es una falta de óptica de los fenómenos que están ocurriendo ahora en el país”, dijo. Añadió que esos fenómenos son “territoriales” y que solo pueden entenderse al observar regiones “secularmente abandonadas”.
“Esta es una paz distinta a la del 2016 porque es una paz territorial, es una paz que mucha gente no entiende porque no se ha arrimado por allá a los territorios donde la gente está padeciendo el dominio de la ilegalidad no solamente por los actores sino por las economías ilegales que es lo que mueve ahí el dinero y desde luego que resuelve algunas de las necesidades más urgentes de la gente”, dijo en entrevista con Caracol Radio.
Patiño rechazó que ese panorama permita hablar de “falsas paces”. A su juicio, mirar el proceso desde Bogotá o desde las capitales departamentales produce una lectura deformada de realidades locales donde grupos armados “gobiernan o cogobiernan” y donde la violencia está ligada al abandono del Estado.
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Otro eje de sus declaraciones fue la actuación de las fuerzas militares durante las negociaciones. Patiño aseguró que no es cierto que los uniformados tengan “las manos amarradas” frente a los grupos ilegales con los que el gobierno mantiene conversaciones.
“Las fuerzas militares han estado y la fuerza pública en general no ha tenido en ninguno de estos procesos las manos amarradas para poder hacer ejercer su acción contra estos grupos ilegales”, afirmó.
Incluso sostuvo que a la oficina de la Consejería de Paz le conviene una acción activa del Estado contra esas organizaciones, porque esa presión ayuda a que sus integrantes concluyan que les resulta más favorable un acuerdo con el gobierno que continuar en la ilegalidad.
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También reconoció que algunos procesos fueron traumáticos y mencionó de manera expresa al ELN. “Por ejemplo la gente que tenía ilusión de que con el ELN se iba a lograr una paz rápida, pues en ese sentido podemos hablar de que el ELN no respondió a esas expectativas y se apartó muy tempranamente de los esfuerzos de paz que hizo este gobierno”, afirmó.
Sobre las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella contra Rodrigo Londoño, Patiño sostuvo que existen límites legales e internacionales.
“Este señor Rodrigo Londoño está blindado a través de unos acuerdos que están siendo monitoreados por las Naciones Unidas y tiene unos mecanismos que impedirían eso a menos de que se quiera trasgredir acuerdos que comprometen al Estado en su conjunto y que desde luego fueron firmados, sellados”.
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En su balance más amplio, el alto comisionado vinculó la paz total con avances alcanzados por distintos gobiernos desde la violencia iniciada en los años 50 del siglo pasado.
También cuestionó el período de Iván Duque al señalar que en ese gobierno el diálogo y la paz “no tuvo mucha aceptación” por una crítica a lo hecho por la administración anterior.
Según Patiño, desconocer esos procesos equivale a darle la espalda a las comunidades y caminar en sentido contrario a lo que quiere la sociedad colombiana.
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Cerró su defensa con una idea política más amplia: en Colombia, afirmó, existe un cansancio frente a la violencia y apartarse de las negociaciones abriría la posibilidad de pasar de la paz total a una “guerra total”.