Un juez negó la solicitud de la defensa que buscaba dejar sin efecto la medida de aseguramiento contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, también conocido cono ‘el zar del contrabando’, al concluir que los argumentos planteados no alcanzaban para modificar lo ya resuelto en el proceso.
Al explicar su decisión, el juez citó el marco normativo invocado en la audiencia y señaló: “Por el artículo 307, literal B, numerales cuatro y siete del Código de Procedimiento Penal”.
En su intervención también abordó el planteamiento según el cual la Fiscalía General de la Nación no habría pedido una extensión dentro del caso, y afirmó: “La incidencia de lo denotado, por el doctor defensor, que no se solicitó prórroga por parte de la Fiscalía General de la Nación al caso del ciudadano Diego Marín Buitrago”.
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El funcionario judicial se refirió además a la discusión sobre la posibilidad de extender una medida, y sostuvo: “A más de cómo poder prorrogar una medida que no se ha surtido de manera personal e inequívoca por parte del mismo”.
En relación con la jurisprudencia mencionada por la defensa, el juez indicó que se aludió a un expediente identificado en la audiencia, con fecha de 18 de octubre de 2017, y con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, pero precisó que no se presentó un desarrollo suficiente del argumento.
“Tampoco esbozó el análisis que por vía de insinuación conlleve a cambiar lo analizado de una manera conteste”, dijo, al referirse al uso de esa decisión dentro del debate sobre la detención preventiva.
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Al comparar el alcance del precedente citado, el juez mencionó que en ese fallo se expusieron aspectos como “la fijación de plazo máximo de vigencia” y otras consideraciones “en lo que refiere también a la detención preventiva y demás para el caso de Santiago Uribe Vélez“, y recalcó que “Lo cierto es que no es solo insinuar, sino ahondar en su texto”.
En el cierre de su pronunciamiento, el juez ratificó que su determinación respondía a lo expuesto en la audiencia y concluyó: “Acorde, a lo esbozado, es la decisión que se adopta ante los planteamientos de este servidor judicial de cara a la petición enarbolada por el doctor defensor. En ese orden de ideas, se le pregunta al doctor fiscal si desea interponer recurso”.
Estas son las nuevas pruebas de la Fiscalía en el proceso contra cuatro policías por vínculos con Marín Buitrago
El avance del proceso penal contra cuatro integrantes de la Policía Nacional vinculados con el contrabando en Bolívar quedó marcado el 27 de mayo por la admisión de nuevas pruebas clave. El caso involucra directamente a Diego Marín Buitrago y a varios uniformados que, según la investigación, habrían actuado como sus “socios”.
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Durante la audiencia, el Juzgado Quinto especializado respaldó la solicitud de la Fiscalía para incorporar la declaración de un “agente encubierto” y sumar evidencias digitales y documentales al expediente. Esta decisión refuerza la acusación al permitir la revisión de audios, videos y conversaciones que, según el ente acusador, exponen la presunta colaboración de los policías con la red criminal.
En términos concretos, los policías Alexander Galeano Ardila, Ricardo Orozco Baeza (El Bendecido), Mario Andrés Sarmiento Rojas y José Helí Álzate Moncayo enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La acusación sostiene que los uniformados omitieron sus funciones de control en uno de los principales puertos del departamento de Bolívar, facilitando así el tránsito de cargamentos ilegales y vulnerando la legislación aduanera.
El núcleo del caso radica en la actuación del agente infiltrado, que recolectó información sobre pagos de sobornos y permitió que la Fiscalía documentara reuniones, transferencias y comunicaciones entre los acusados y otros contrabandistas. La evidencia incluye registros audiovisuales, conversaciones en plataformas privadas y documentos que, según la Fiscalía, comprueban el vínculo entre los uniformados y alias Papá Pitufo.
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De acuerdo con la exposición en la audiencia, la Fiscalía detalló: “En este numeral se permitirá la incorporación de los audios y videos que se encuentran contenidos en dos DVDs marcados en letra manuscrita con el color negro y la palabra o la expresión: ‘Video de reunión del coronel retirado Galeano y video reunión coronel Galeano’.
Un DVD color blanco marcado en letra manuscrita color negro: ‘Audios coronel retirado Galeano’, entregado por el agente encubierto. Tres DVDs color blanco marcados en letra manuscrita color negro: ‘Video reunión Pacho uno del 22 de febrero del año 2024’. Un DVD color blanco: ‘Video reunión Pacho dos del 22 de febrero 2024’, y un DVD color blanco: ‘Audio reunión Pacho’ aportados por el agente encubierto 117”.
El proceso judicial contempla además la incorporación de documentos relativos a la incautación de elementos en procedimientos oficiales. Se presentará el acta de incautación de $300 millones, firmada por el mayor Kevin Castaño Flórez, junto con la documentación de cadena de custodia y registros de participación del agente encubierto Raúl Darío Vargas Cruz.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue reconocida como víctima directa del caso, lo que refuerza el interés público por esclarecer el alcance de las irregularidades y determinar responsabilidades.
La audiencia del 27 de mayo de 2026 constituye un hito en el procedimiento penal, ya que la validación de pruebas técnicas y testimoniales amplía las posibilidades probatorias de la Fiscalía. El agente encubierto emerge como pieza central en el proceso, aportando pruebas directas de los presuntos sobornos y acuerdos entre uniformados y contrabandistas.
En paralelo al juicio, se mantiene la atención sobre la situación jurídica de alias Papá Pitufo, que fue liberado en Portugal mientras avanza el trámite de su posible extradición a Colombia. La posición de la defensa y las autoridades portuguesas será clave para determinar si Marín Buitrago enfrentará la justicia colombiana en el futuro, lo que podría tener impacto directo en el desarrollo del proceso local.
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