El Gobierno publicó un borrador del decreto para modificar las reglas del servicio de taxis con medidas que permitirían viajes entre municipios contiguos sin planilla única de viaje ocasional y que prohibirían ciertos cobros a propietarios.
La propuesta incluye cuatro cambios principales: eliminar el requisito de no tener antecedentes laborales para cambiar de empresa, impedir algunos cobros a los propietarios y favorecer a conductores con años de experiencia al asignar nuevas cuotas.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas explicó en declaraciones recogidas por varios medios colombianos en una rueda de prensa que el borrador busca ajustar la regulación a la forma en que hoy se mueve la gente entre ciudades vecinas, áreas metropolitanas y corredores urbanos integrados, e incorpora medidas para dueños de vehículos y taxistas con trayectoria, con ajustes en trámites y cobros dentro del sector.
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“... decreto cuyo borrador estamos publicando, eh, podrán movilizar usuarios entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar la planilla única de viaje ocasional que se les convierte a, a veces a ellos, en una barrera”, afirmó Rojas.
Cambios para los viajes entre municipios vecinos
Rojas dijo que los taxis podrán movilizar usuarios entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar la planilla única de viaje ocasional, un requisito que, según la ministra, a veces se convierte en una barrera para los conductores.
La ministra sostuvo que la medida busca facilitar la movilidad regional y responder a esos desplazamientos., y respondiendo a la manera como hoy se mueve la gente entre ciudades vecinas, áreas metropolitanas y corredores urbanos integrados", explicó Rojas en sus declaraciones dadas en una rueda de prensa.
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Medidas para propietarios y taxistas con experiencia
El borrador también contempla cambios para los dueños de vehículos y para quienes acumulan años de experiencia en el sector. Entre ellos figura la eliminación del paz y salvo como requisito para realizar trámites de tránsito y transporte.
“La segunda gran noticia es que también fortalecemos los derechos de los propietarios de vehículos y también de aquellos que llevan en el oficio muchos años”, relató la Minsitra de Transporte.
Rojas afirmó que ese documento mantiene atados a los taxistas. Añadió que la propuesta también prohíbe cobros que el Gobierno considera onerosos para quienes tienen un vehículo y ejercen el oficio como pequeños propietarios.
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Entre los cargos que dejarían de aplicarse, la ministra citó el cobro por desvincularse de una empresa. La reforma además favorecería a los conductores con experiencia al asignar nuevas cuotas.
“También hay unas disposiciones que prohíben una serie de cobros que los taxistas, por los que los taxistas han tenido que responder y que se vuelven muy onerosos y que se vuelven, digamos, una asfixia para quien, eh, eh, tiene un, un vehículo, para quien es pequeño propietario y ejerce el oficio. También estamos prohibiendo esos cobros que consideramos que no deben tener lugar. Por ejemplo, por desvincularse de una empresa”, finalizó la ministra Rojas.
El transporte intermunicipal desplegará el 100% de su flota para las elecciones del 21 de junio
El sector de transporte intermunicipal de Colombia desplegará el 100% de su flota habilitada para las elecciones del domingo 21 de junio y, al mismo tiempo, pidió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público activar la póliza de terrorismo para cubrir la operación ante posibles bloqueos, alteraciones del orden público o acciones de grupos armados ilegales en corredores estratégicos y zonas de riesgo.
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La solicitud fue presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, con el argumento de reforzar las garantías para la prestación de un servicio público esencial en una jornada que exigirá trayectos continuos hacia puestos de votación, sobre todo en regiones apartadas y corredores de alta demanda.
El Gobierno nacional ya había fijado medidas excepcionales mediante el Decreto 0612 del 16 de junio de 2026 para la segunda vuelta presidencial.
La norma impide a alcaldes y demás autoridades locales restringir la circulación de vehículos automotores, motocicletas, incluidas las que transporten acompañante, embarcaciones y otros medios de transporte durante el periodo electoral, salvo en casos estrictamente justificados para prevenir alteraciones del orden público y con prioridad para el transporte público.
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La misma disposición obliga a que el transporte público de pasajeros y el mixto operen con el 100% de su capacidad en todas las rutas y horarios previamente autorizados, incluidos los sistemas de alimentación. También ordena a las autoridades municipales, distritales y metropolitanas adoptar medidas para que gestores y empresas cumplan esas obligaciones.
Si durante la jornada se presenta una demanda adicional de usuarios, los alcaldes y las autoridades de transporte podrán modificar rutas, frecuencias y horarios en los ámbitos intermunicipal, urbano y veredal para asegurar el traslado de los ciudadanos a los centros de votación.
El Ministerio de Transporte, además, podrá autorizar cambios de ruta y expedir permisos transitorios, siempre que informe a la ciudadanía con al menos un día de anticipación.
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El decreto también flexibilizó la operación para ampliar la oferta disponible: las empresas de transporte por carretera y los vehículos tipo taxi podrán hacer viajes ocasionales el día de las elecciones en rutas urbanas, rurales e intermunicipales sin necesidad de planilla ocasional. La medida elimina una exigencia logística y busca facilitar el desplazamiento de los votantes.
La respuesta a la pregunta central sobre cómo se garantizará la movilidad el 21 de junio es concreta: las empresas pondrán toda la flota habilitada, mantendrán conductores y equipos operativos disponibles y coordinarán con las autoridades para sostener servicios continuos hacia los lugares de votación, con especial atención a las zonas apartadas y a los corredores de mayor afluencia.
En ese marco, el gremio explicó a la publicación que la activación de las condiciones especiales de la póliza de terrorismo serviría para proteger a usuarios, operadores y vehículos frente a hechos que pudieran afectar la prestación del servicio. La petición apunta a blindar la operación si se presentan eventos de seguridad que interfieran con la movilidad durante el proceso democrático.
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