El Congreso de la República de Colombia entra en su último tramo antes del 20 de junio, fecha límite establecida en la normatividad nacional, con una agenda todavía abierta en el Senado y la Cámara de Representantes.
Aún siguen sin resolverse proyectos que el Gobierno considera prioritarios y cuyo futuro depende de cinco días de debates, posibles conciliaciones y de la decisión oficial sobre citar o no sesiones extraordinarias.
La definición de estas iniciativas se da en medio de la cercanía de la segunda vuelta presidencial, la ausencia de mayorías claras y un calendario ajustado que complica su aprobación definitiva antes del 20 de junio.
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Las posibilidades de convocar sesiones extraordinarias existen, aunque la agenda sería restringida y la polarización política reduce las opciones de rescatar estos proyectos.
Los principales proyectos en riesgo abarcan iniciativas sobre jurisdicción agraria, capacitación contra la violencia de género, reformas al crédito educativo estatal, ayuda para deportistas, derechos laborales y la seguridad social.
Si estos proyectos no son votados y aprobados antes del 20 de junio, sus efectos se traducirían en la postergación de reformas estructurales y la suspensión de avances prometidos en el país.
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Jurisdicción agraria y conflicto sobre competencias
El trámite de la regulación de la Jurisdicción Agraria es uno de los procesos más rezagados y controvertidos. La ley ordinaria necesita superar dos debates adicionales, uno en la plenaria de la Cámara y otro en el Senado, ambos antes del 20 de junio.
El principal obstáculo radica en el artículo que fija las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que genera desacuerdos entre oficialismo y oposición respecto a las atribuciones administrativas y judiciales.
Representantes opositores han bloqueado la discusión al pedir la presencia del director de la ANT y revisar el alcance del organismo. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia alertó al Congreso sobre posibles vacíos jurídicos si la adjudicación de tierras queda fuera de los jueces agrarios, lo que llevó a quiebres de quórum en sesiones clave.
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Pese a que se han aprobado algunos artículos, la definición de estas competencias detiene el avance, y persisten dudas sobre la constitucionalidad de la norma.
El Gobierno contempla la posibilidad de citar a sesiones extraordinarias, pero las perspectivas de acuerdo son limitadas en pleno ambiente de segunda vuelta, según el senador Carlos Julio González en declaraciones a El Tiempo.
En caso de que este proyecto fracase, los juzgados agrarios impulsados por el presidente Gustavo Petro quedarían sin el respaldo legal necesario, dificultando la resolución de conflictos de tierras.
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Proyectos sociales en riesgo
En el área social, la Ley Jineth Bedoya busca capacitar en violencia de género a todos los funcionarios públicos y contratistas.
La iniciativa, que ya superó tres de sus cuatro debates correspondiente, responde a una condena internacional contra el Estado por el caso de la periodista Jineth Bedoya y contempla evaluaciones periódicas para asegurar la implementación efectiva de la formación.
De no votarse a tiempo, se archivaría, aun cuando la iniciativa documenta que el 35,4% de las víctimas de feminicidio en 2025 había sido atendida previamente por Medicina Legal.
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De otro lado, se contempla la Ley Doctora Catalina, propuesta tras la muerte de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga, ya cuenta con informe favorable y solo le resta un debate en el Senado. Esta ley establecería límites a la jornada de médicos residentes, además de crear canales formales de denuncia y sanción en casos de acoso laboral.
De otro lado, se destaca el avance de la iniciativa para un fondo de ayuda a deportistas en condición de vulnerabilidad, que no solo aportaría recursos económicos sino que establece una red de seguridad social para quienes terminan su carrera y enfrentan problemas de salud o maternidad.
Educación y créditos estatales
La reforma al Icetex busca transformar el crédito educativo estatal mediante la eliminación de la llamada “deuda perpetua” y la implementación del pago contingente al ingreso.
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Tras el avance en el tercer debate en el Senado, el proyecto requiere aún la aprobación en plenaria y la conciliación, con un margen estrecho para lograrlo antes del cierre legislativo.
La reforma contempla mecanismos para que los beneficiarios paguen únicamente cuando cuenten con empleo y ofrece alivios a quienes atraviesen dificultades económicas.
De manera paralela, el proyecto de bonos escolares, impulsado por la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, propone subsidios para que familias vulnerables puedan escoger entre instituciones públicas o privadas.
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Tras más de seis sesiones en el Senado, la votación sigue pendiente por ruptura de quórum, principalmente por parte de la bancada oficialista. Esta iniciativa se enfrenta también al debate electoral, ya que el presidente Gustavo Petro la ha calificado de “privatización de la educación pública”.
Otras iniciativas
La Ley de Competencias, relevante para la asignación de funciones y recursos entre el Estado central, los departamentos y municipios, permanece en discusión en la Comisión Primera de la Cámara.
Radicada por el Gobierno a finales de 2025, esta ley busca establecer nuevas reglas en un plazo máximo de 12 meses tras la reforma al Sistema General de Participaciones, aunque su aprobación definitiva aún está pendiente.
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En el plano laboral, se tramita un proyecto para establecer garantías mínimas para contratistas estatales bajo la figura de prestación de servicios, que frecuentemente quedan fuera de los beneficios laborales.
El objetivo de la propuesta es asegurar el pago oportuno de honorarios y limitar el uso inadecuado de contrataciones temporales. Sin embargo, la propuesta está trabada en su tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debido a cuestionamientos sobre su constitucionalidad y posible impacto en la formalización laboral.
A esto se suma la discusión del proyecto de tránsito y seguridad vial, que contempla un nuevo seguro obligatorio adicional al Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), con cuotas anuales de hasta 786.000 pesos para conductores de automóviles y 367.000 pesos para motociclistas, cifras recogidas por El Tiempo.
No obstante, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, ha rechazado públicamente la propuesta: “No sabemos de dónde salió ese artículo; no es una propuesta del sector asegurador y no estamos de acuerdo”, afirmó al diario mencionado.
Entre otros temas, la Cámara y el Senado han aprobado disposiciones como la restitución de la mesada 14 para los maestros y el fortalecimiento de derechos laborales juveniles.
Mientras tanto, reformas relevantes como la salud, que estaba previsto a discutirse su reagendamiento a una comisión, no contó con el suficiente respaldo y quedaron sin aprobación.