El presidente de la República, Gustavo Petro, atribuyó el bloqueo a su propuesta para repartir a nivel nacional las pérdidas de energía en la región Caribe a sectores políticos ligados a la familia Char, clan político de la costa Caribe colombiana.
Según expuso el mandatario en su cuenta de X, “una y otra vez esta propuesta de socialización nacional de pérdidas de energía en el Caribe ha sido bloqueada en el Congreso por los propios congresistas caribeños organizados tras la familia Char y su banco, como por la justicia constitucional en la emergencia económica”.
En ese mismo planteamiento, Petro apuntó contra el rol político y empresarial del grupo familiar, argumentando que utilizaron recursos del Estado colombiano en forma de contrato para enriquecerse en vez de trabajar por el futuro de la costa Caribe y el país. Además, señaló que los fondos entregados fueron enviados a Panamá.
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“No hay que olvidar que fue la familia financiadora de Cambio Radical que dirige la familia Char la que se quedó con la cédula con Electricaribe en la zona oriental del Caribe, no hizo inversiones y se llevó centenares de millones de pesos a Panamá, sin investigación penal alguna (sic)”, aseveró.
Sobre el futuro inmediato de la operadora Air-e, el gobernante de los colombianos afirmó: “Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.
Petro vinculó esa reestructuración con el despliegue de su plan de energías limpias en la región y aseguró: “El programa Colombia Solar, que ya arrancó en Barranquilla donde estuve personalmente en su arranque barrial, tiene 8 billones de presupuesto aprobado en vigencias futuras, listo para extenderse en el Caribe transformando las casas, hoy fuente de pérdidas empresariales por falta de pago, en autogeneradores de energía eléctrica limpia (sic)”.
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En cuanto a la financiación, el presidente planteó: “Miro con buenos ojos que las regalías que se distribuyen en el Caribe sean fuente de financiación de energías limpias, pero creo que la empresa a configurar debe ser nacional para garantizar la inversión cuantiosa de Colombia Solar”.
A propósito, reclamó cambios legislativos para ampliar el papel de la petrolera estatal en el mercado eléctrico: “El Congreso debe por ley, hasta ahora no aprobada, permitir que Ecopetrol genere energía eléctrica para el público (sic)”.
Las multimillonarias deudas de Air-e
La intervención del Gobierno de Gustavo Petro sobre Air-e no redujo el pasivo de la distribuidora eléctrica que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira: 20 meses después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) asumiera el control por incapacidad financiera y operativa, la deuda pasó de cerca de $700.000.000.000 a un rango de entre $2,1 billones y $3,9 billones, según los gremios, en una crisis que compromete el abastecimiento en la Costa Caribe.
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El deterioro se agravó mientras la empresa siguió perdiendo caja. Air-e registra un déficit operativo mensual cercano a $60.000.000.000 y necesita al menos $2,8 billones en recursos frescos para sostener su operación en el corto plazo.
Cada mes, además, deja de percibir hasta $185.000.000.000 por cartera impaga y por pérdidas técnicas y no técnicas. Cerca del 29,4% de la energía que compra se pierde por conexiones ilegales y otro 25% se factura, pero no se paga.
En la práctica, más de la mitad de la energía adquirida no se convierte en ingreso. Ese desequilibrio explica por qué la intervención estatal no ha estabilizado a la compañía.
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De los $2,1 billones que los gremios reconocen como deuda directa del proceso de intervención, unos $1,5 billones corresponden a obligaciones de Air-e con los generadores térmicos. Esa suma equivale, de manera aproximada, al costo mensual del gas que esas plantas necesitan para operar.
Las generadoras siguen entregando energía a la región Caribe aunque no reciban pago. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg), Alejandro Castañeda, dijo que operan “a pérdida”, y alertó: “Las plantas térmicas van a tener que levantar la mano en algún momento y decir: no puedo generar más”.
La advertencia tiene un peso estructural: la región Caribe depende en un 35% de la generación térmica para garantizar su abastecimiento. Si esa oferta se interrumpe, la fragilidad financiera de Air-e dejaría de ser solo un problema empresarial.
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El 15 de mayo de 2026, la Superservicios designó al abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor. Es el sexto funcionario en ocupar el cargo desde que comenzó la intervención.
Antes pasaron por esa responsabilidad Carlos Arturo Diago, Edwin Palma Egea, hoy ministro de Minas y Energía, Diana Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres y Tania Peñaranda en encargo. El promedio ha sido de un interventor cada tres meses y medio.