La mañana del lunes 18 de mayo de 2026, la violencia volvió a sacudir al norte del Cauca tras el hallazgo de tres cadáveres en la vía que conecta el área urbana de Santander de Quilichao con la vereda La Palomera, en jurisdicción de Jambaló.
El hecho causó temor entre los habitantes rurales, quienes reportaron la presencia de los cuerpos al borde de la carretera.
Según testimonios recogidos en el sector, las víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego. Junto a los cadáveres, las autoridades encontraron un cartel con un mensaje amenazante.
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“Cerca de los cuerpos también fue dejado un cartel con un mensaje amenazante, cuyo contenido estaría relacionado a un caso de la mal llamada limpieza social”, relataron periodistas locales.
La situación de orden público en este corredor rural ha complicado la labor de las autoridades. El ingreso de la fuerza pública y de funcionarios judiciales no ha sido posible por la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha impedido la inspección técnica de los cuerpos. La identidad de las víctimas y los detalles exactos de lo sucedido permanecen sin esclarecer, debido a las dificultades para acceder a la zona.
La comunidad señaló que, ante la falta de garantías, serían los propios habitantes quienes tendrían que trasladar los cuerpos hasta la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao.
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Tras lo anterior, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el hecho y destacó que el hallazgo ocurrió sobre una vía rural, aumentando la preocupación entre los habitantes de esta región del norte del Cauca.
“Fueron halladas sin vida tres personas sobre una vía, con varios impactos de arma de fuego y un cartel alusivo a las disidencias de las Farc”, reportó la organización.
En el lugar operan varios grupos armados ilegales, entre los que Indepaz señaló al Frente Jaime Martínez y al Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas locales. Estas estructuras se disputan el control territorial y las economías ilícitas, generando un ambiente de permanente riesgo para la población civil.
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La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 013/25 en la que incluyó a Santander de Quilichao y solicitó acciones inmediatas de protección ante la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados.
El organismo advirtió que estas prácticas constituyen una amenaza constante de violaciones a los derechos fundamentales de quienes residen en el municipio. Esta alerta se sumó a la AT 036/23, que ya advirtió sobre los peligros derivados de la presencia y confrontación de disidencias, especialmente del Frente Dagoberto Ramos.
Cuatro muertos dejó atentado en Marinilla, Antioquia: fue la masacre número 54 en Colombia en 2026
Cuatro hombres fueron hallados muertos en la vereda Alto del Mercado, zona rural de Marinilla, Antioquia, durante la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026. Entre las víctimas figuran tres ciudadanos extranjeros y un residente local, según confirmaron fuentes oficiales tras la inspección inicial.
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La alerta llegó a la Policía en horas de la madrugada. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos con heridas de arma de fuego.
La identidad de los fallecidos fue revelada posteriormente: Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años, quie tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y presuntas conexiones con el Clan del Golfo; Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años; y Jhoinder José Díaz Gago, venezolano de la misma edad.
El oficial a cargo indicó: “Una de las personas halladas sin vida había sido capturada en febrero de este año durante un operativo de allanamiento, en el que le fueron incautadas cantidades importantes de estupefacientes”.
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Las autoridades desplegaron un grupo especial de investigación y el Laboratorio Móvil de Criminalística para recolectar pruebas. El coronel Muñoz Guzmán solicitó la colaboración comunitaria: “Invitamos también a la comunidad a que nos brinde información”.
La alcaldía de Marinilla, junto a la Secretaría de Seguridad, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes aporten datos sobre los responsables.
Por último, el secretario Javier Mozo Fonseca destacó: “Rechazamos de forma categórica este lamentable hecho”.
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