La Dirección Nacional de la Alianza Verde estudia una posible escisión interna que implicaría la salida del senador Jota Pe Hernández del partido y la creación de una nueva formación política con personería jurídica propia.
La decisión, adoptada por una amplia mayoría de 31 votos a favor y uno en contra, evitaría repartos económicos habituales en estos procesos y compromete al congresista santandereano a no llevarse figuras de la colectividad a su nuevo espacio. Sin embargo, la complejidad administrativa y los procesos sancionatorios activos podrían demorar significativamente la concreción de este paso.
La coyuntura es producto de una notoria ruptura ideológica. Mientras la Alianza Verde se ha situado históricamente entre el centro y la centroizquierda y en la actualidad se identifica con el petrismo, Hernández se define como político de derecha. El propio congresista reconoce la incomodidad que genera en la bancada. “Soy quien tengo que hacerme a un lado”, explicó Jota Pe Hernández en diálogo con Semana.
Las investigaciones que tienen en aprietos la escisión
El avance del proceso se encuentra condicionado por la Ley 1575 de 2011, que impide la disolución, liquidación, fusión o escisión voluntaria de partidos mientras existan procesos sancionatorios abiertos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Cabe recordar que la figura de la escisión se entiende como la posibilidad de que un partido político se disuelva y divida su patrimonio en dos o más partes, a favor de uno o varios movimientos nuevos o existentes.
En la actualidad, según documentó el medio citado, la Alianza Verde mantiene 20 investigaciones administrativas entre 2023 y 2026, incluyendo temas de financiación irregular, violación de propaganda electoral y omisión de informes de gastos de campaña. Por ejemplo, durante este año el CNE inició pesquisas por supuestas irregularidades en la revocatoria de inscripciones de candidatos al Congreso de la República y por superar los límites de financiación privada en candidaturas locales como la alcaldía de Mapiripán, Meta, en las elecciones del 29 de octubre de 2023. Además, en el caso de la alcaldía de Tenjo, la sanción administrativa fue confirmada.
Este entramado de procesos no es exclusivo de la Alianza Verde. El partido Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro, vivió una situación similar cuando se le exigió allanarse a cargos y pagar sanciones económicas millonarias antes de integrarse al Pacto Histórico, La Alianza Verde, sin embargo, enfrenta actualmente una deuda de $5.000.000.000 tomada para financiar la última campaña al Congreso, y la reposición de votos necesaria para cubrirla podría demorar hasta un año, lo que convierte en remota la posibilidad de aceptar sanciones para facilitar la escisión.
La ruta legal y las demoras para la nueva personería política
Para que Jota Pe Hernández concrete la creación de un partido nuevo, la Dirección Nacional de la Alianza Verde debe emitir una resolución solicitando al CNE la escisión formal. Aunque Hernández aspira a obtener personería jurídica antes de la segunda vuelta presidencial, los tiempos legales proyectan la resolución de su caso en un horizonte de hasta un año.
La ley colombiana estipula que ningún partido puede dividirse mientras esté sometido a procesos sancionatorios no resueltos. En esa condición, la Alianza Verde enfrenta investigaciones por distintas situaciones: desde presunta propaganda electoral irregular en Albania, Caquetá, hasta la no presentación de informes de ingresos y gastos en las recientes elecciones territoriales.
La explicación directa a la coyuntura es la siguiente: la Alianza Verde aprobó por mayoría la posibilidad de escisión para el senador Jota Pe Hernández, que se identifica como político de derecha en contraste con el predominio ideológico del partido.
No obstante, la existencia de más de una decena de investigaciones vigentes ante el Consejo Nacional Electoral impide por ley ejecutar la escisión, lo que podría demorar el nacimiento del nuevo movimiento político hasta por un año. Paralelamente, el partido mantiene deudas millonarias derivadas de la última campaña legislativa, lo que limita su margen de maniobra para aceptar y costear las sanciones administrativas pendientes.
La propuesta de escisión liderada por la representante Catherine Juvinao transita en aún mayor incertidumbre, dado que no cuenta con aval de la Dirección Nacional de la Alianza Verde.