El Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración y el retiro de las medidas cautelares que habían suspendido la aplicación del Decreto 1469 de 2025, acto administrativo que fijó el salario mínimo para el año 2026.
La decisión ratifica la vigencia de la medida de suspensión, aclarando que la petición del demandante Oscar Enrique Solaéz de la Hoz no influyó en la adopción de la misma.
El fallo, fechado el 13 de abril de 2026 y firmado por el consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo, también dispuso que, una vez en firme la providencia, el expediente de medidas cautelares sea remitido al despacho que debe continuar con el análisis de los recursos de súplica presentados.
La controversia principal se originó en la suspensión provisional de los efectos del decreto que estableció el salario mínimo para el año siguiente, una medida tomada tras resolver múltiples demandas acumuladas con identificadores distintos.
En la solicitud resuelta, Solaéz de la Hoz argumentó que retiraba cualquier interpretación de su demanda que pudiera usarse como habilitación para la expedición de un nuevo decreto salarial en esta etapa cautelar.
El despacho precisó que “la decisión cuestionada no obedeció a la solicitud de medidas cautelares formulada por este demandante, sino a las cautelas requeridas por cinco de las demás demandas acumuladas al presente expediente”, según consta en la providencia.
El tribunal consideró que la petición presentada por Solaéz de la Hoz carecía de objeto y rechazó su estudio de fondo. Al respecto, el fallo indica: “No existe manifestación suya en ese sentido susceptible de retiro”, en relación con la intención de fijación transitoria del salario mínimo, según lo consignado en el auto judicial.
La decisión adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado detalla que no hay “expresiones oscuras o dudosas que deban ser precisadas, sino materias que fueron plenamente examinadas y resueltas en la providencia objeto de cuestionamiento”. El tribunal negó la reposición, rechazó la aclaración y el retiro de medidas, dejando en firme el auto dictado el 12 de febrero de 2026.
“Será remitido el cuaderno de medidas cautelares al despacho que sigue en turno para decidir los recursos de súplica interpuestos contra el auto del 12 de febrero de 2026”, indicó el consejero Morales Trujillo. El pronunciamiento fue autenticado digitalmente en la plataforma institucional, garantizando su conformidad y conservación.
El cumplimiento estricto de la providencia y la ratificación de la decisión inicial en materia de salario mínimo mantienen bloqueada la entrada en vigencia del decreto mientras el proceso judicial siga su curso, involucrando a entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Roy Barreras rechazó falló del Consejo de Estado
La reciente decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión del decreto del salario mínimo fue criticada duramente por Roy Barreras, que sostuvo que la medida “es un fallo en derecho, pero en política es una torpeza”. Barreras consideró que la resolución judicial tiene impacto directo en el panorama político, al afirmar: “Parece que estuvieran haciéndole campaña al presidente. Va a subir varios puntos, porque tiene un efecto político”.
En su análisis, Barreras aseguró que “el salario mínimo se mantiene, pero manda un mensaje negativo contra el justo salario mínimo y, por supuesto, implica exacerbar la oposición, darle más argumentos, eh, generar una división entre ricos y pobres, exacerbar la lucha de clases, porque por supuesto, el país se divide entre quien defiende el salario mínimo de los más justos y el Consejo de Estado, que quiere hundirlo”. La inquietud central, para él, radica en las consecuencias sociales de la decisión.
El político señaló además que “es un fallo inútil la decisión de hoy”, advirtiendo que quienes reciben el salario mínimo “no van a afectarse para nada, porque ya hubo otro decreto”. Barreras profundizó en la función del Estado de derecho y los jueces: “no olvidemos que el Estado de derecho y los jueces nos los inventamos para resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, no para exacerbarlos”.
Al abordar las implicaciones para el debate público, Barreras subrayó: “Hay un gran debate en la filosofía del derecho sobre el efecto político de los fallos, si debe o no contemplarse”. Además, argumentó que “mandar un mensaje de hundir el salario mínimo es un error político y, por supuesto, tiene efectos sobre las campañas. No se dan cuenta, pero hay quienes están haciendo la campaña”.
Ministro de Trabajo señaló que el aumento del salario mínimo no destruyó el empleo
El ministro del Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, defendió el balance laboral de la gestión de Gustavo Petro al destacar que el país alcanzó tres años consecutivos de aumento real en el ingreso de los trabajadores y en el salario vital. El funcionario remarcó que, pese a los temores iniciales, el mercado laboral mostró señales de reorganización y avance.
Durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026, el empleo formal en Colombia creció en 189.000 personas, lo que representó un alza del 2,5%. Al mismo tiempo, el trabajo informal se redujo en 171.000 puestos, una baja del 6%. Según el ministro, esta tendencia refleja una mejora concreta en la calidad de los empleos y un giro hacia la formalización.
El aumento del salario mínimo y del salario vital no provocó una crisis laboral, como anticiparon sectores opositores. Por el contrario, las cifras revelan un proceso de fortalecimiento del aparato productivo. Sanguino enfatizó que la evidencia desmonta la narrativa pesimista: “¡Los datos desmontan el catastrofismo de la derecha opositora! Miren las cifras del Observatorio Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Externado: aumentar el salario no destruye empleo, lo dignifica y dinamiza la economía”, expresó.
Durante el último año, el empleo formal avanzó especialmente en las microempresas, que lideraron el crecimiento con un 10,9% de incremento, seguidas por las pequeñas empresas, que alcanzaron un 3,2%. Sanguino remarcó: “Las empresas no se están quebrando, están contratando”.
La reorganización también se evidenció en sectores clave como el comercio. Allí, la disminución de 140.000 empleos informales fue prácticamente igualada por la creación de 139.000 empleos formales, consolidando la transición hacia una mayor formalidad.
Colombia logró reducir la informalidad laboral y estimular el empleo digno, a pesar de las advertencias de la oposición sobre supuestos riesgos de inestabilidad. Para los trabajadores y empleadores, la política salarial reciente significó un entorno más favorable, con mejores condiciones y mayor cobertura de derechos.
Sin embargo, el ministro reconoció que subsisten desafíos estructurales significativos. Actualmente, más del 55% del empleo en Colombia sigue siendo informal. Sanguino calificó esta situación como “un reto de fondo para el aparato productivo nacional”, señalando que la tarea de reducir la informalidad continúa siendo prioritaria.
Al resumir el impacto de las medidas del gobierno, Sanguino reiteró: “Mejorar el salario no destruye el empleo, lo dignifica y mueve la economía”. De acuerdo con la información del Observatorio Laboral, el país habría dado un paso relevante hacia la formalización y el bienestar de sus trabajadores, aunque el desafío de la informalidad permanece vigente.