Diecisiete exalcaldes del país formalizaron el 8 de abril de 2026 su adhesión a la campaña presidencial de Paloma Valencia, con lo que sumaron sus liderazgos territoriales al proyecto del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia. Sin embargo, en el grupo de exmandatarios que adhirieron a la congresista de derecha hay perfiles que cuentan con graves señalamientos y que actualmente afrontan procesos penales.
Entre los líderes que encabezan la integración se encuentran Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), Carlos Ordosgoitia (Montería), Juan Carlos Saldarriaga (Soacha), Germán Chamorro (Pasto) y Andrés Fabián Hurtado (Ibagué), entre otros. No obstante, este último enfrenta una inhabilidad de doce años impuesta por la Procuraduría General de la Nación, en febrero, así como investigaciones judiciales y sanciones económicas.
Pese a esto, Valencia agradeció el respaldo y definió a los nuevos integrantes como embajadores de su proyecto en todo el país. “Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, afirmó la parlamentaria.
La tarea de estos exburgomaestres será, según dio a conocer la campaña de la parlamentaria caucana, liderar comités ciudadanos y fortalecer el vínculo entre la candidatura y las comunidades. Sin importar, a juzgar por las evidencias, historiales jurídicos de algunos de ellos, que están o han estado en la mira de los organismos de control por sus actuaciones mientras se desempeñaron como gobernantes de sus municipios.
“Quiero darle las gracias a los diecisiete alcaldes de ciudades capitales, los alcaldes de la pandemia, que hoy quieren sumar para una Colombia más grande. Estamos seguros de que con todo este talento de ciudadanos que quieren construir, sacar a Colombia adelante, ayudar a las regiones, vamos a poder avanzar mucho. Desde hoy se convierten en embajadores de esta campaña en todos los territorios de Colombia", dijo.
Los líos de algunos de los alcaldes que adhirieron a Paloma Valencia
Con la adhesión colectiva, Valencia se acercó a perfiles objeto de procesos judiciales, disciplinarios o administrativos. El caso de Hurtado sin duda es el más visible, resultó absuelto en febrero de 2024 por el caso de los piques ilegales en el aeropuerto Perales de Ibagué, aunque sigue en juicio por presunto peculado por uso del estadio Manuel Murillo Toro, bien público, para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos.
Como si fuera poco, está la inhabilidad dictada por el Ministerio Público, que lo encontró responsable por participación indebida en política, apelada por su defensa, y recibió en marzo de 2026 una multa administrativa superior a 86 millones de pesos por daños ambientales. A su vez, en agosto de 2023, Hurtado tuvo además una orden de arresto domiciliario por 15 días por desacato a fallos judiciales.
Por su parte, Andrés Eduardo Gómez, que fue elegido alcalde de Sincelejo para el periodo 2020-2023, no pudo terminar su mandato, pues en junio de 2022 el Consejo de Estado determinó que incurrió en doble militancia al apoyar a un candidato ajeno a su partido. Pese a que habría intentado prolongar su permanencia, fue apartado definitivamente del cargo en agosto de 2023, y expulsado de su partido, Cambio Radical.
A su vez, Gómez enfrentó varias investigaciones de la Procuraduría. Se le indagó por supuestos sobrecostos en la compra de mercados durante la pandemia, pero fue absuelto en 2020; y posteriormente, en diciembre de 2024, se le formularon cargos por presunta omisión en la atención a víctimas de desplazamiento forzado, mientras que en marzo de 2026 también fue señalado de presunto incumplimiento en la cuota a su hija menor.
Si bien otros excalcaldes sumados a la aspiración han afrontado investigaciones, se encuentran sin sanciones en su contra. Como José Manuel Ríos (Armenia) que fue vinculado a procesos tras la emergencia por COVID-19, con imputaciones de contrato sin requisitos legales y peculado en grado de tentativa en un contrato de $350 millones, y si bien fue suspendido por la Procuraduría, pudo terminar su mandato, pues fue absuelto.
En el caso de Saldarriaga, tiene investigaciones abiertas respecto al catastro multipropósito e impuesto predial, mientras que Jorge Gari (San Andrés) registra procesos ligados a la gestión de servicios públicos y contratos de alcantarillado, pero ninguno de los dos tiene castigos vigentes que le impidan el ejercicio de funciones públicas, ni su participación en esta contienda política, más allá de dichos procesos.
Además, la lista incluye a Alejandro Fúneme (Tunja), al que la Contraloría Municipal de Tunja le mantiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal (003-2025), por presuntas irregularidades en la ejecución de estudios y diseños de vías que no se construyeron; Jairo Yáñez (Cúcuta), Ramón Guevara (San José del Guaviare), Jairo Imbachi (Mocoa) y Carlos Penagos (Mitú), por citar algunos.