La representante a la Cámara Jennifer Pedraza (además, jefa de debate del candidato presidencial Sergio Fajardo), alertó sobre posibles impactos en la economía nacional a raíz de los acuerdos de arbitraje internacional entre Estados e inversionistas extranjeros.
Su pronunciamiento surgió tras la postura del economista José Antonio Ocampo, que se desempeñó como ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro –relación que está quebrada–, en la que respaldó una iniciativa global que propone que Colombia se retire de estos esquemas.
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A través de su cuenta en la red social X, Pedraza expresó una crítica directa: “Este tipo de arbitraje internacional de las inversiones incluso crea incentivos para que el Estado deje de regular aspectos esenciales por temor a demandas billonarias, principalmente en el CIADI del Banco Mundial. Retirarse de estos mecanismos de resolución de controversias es una decisión acertada”.
La legisladora puso el énfasis en lo que considera un riesgo estructural: la posibilidad de que las decisiones públicas se condicionen por eventuales litigios. Ella señaló que el que Colombia se pueda retirar del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -la institución del Banco Mundial que resuelve disputas entre inversionistas extranjeros y Estados de manera neutral para proteger inversiones y generar confianza internacional- puede ser peligroso.
Ocampo respalda carta global que propone retiro de mecanismos de arbitraje
Jennifer Pedraza formuló su comentario luego de que Ocampo respaldara una carta firmada por más de 200 economistas de distintos países. El documento plantea que Colombia evalúe su permanencia en los acuerdos que permiten a inversionistas extranjeros demandar al Estado ante tribunales internacionales.
Entre los firmantes aparecen nombres como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, junto con académicos colombianos como Juan Camilo Cárdenas. El planteamiento de Pedraza coincidió con un momento clave para la economía nacional.
Cabe destacar que estas críticas se dan en medio de la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que aumentó la tasa de interés en un punto, hasta 11,25%, medida que rige desde el 1 de abril de 2026. La decisión respondió a la persistencia de la inflación, que se mantiene cerca de 5,29%, lejos de la meta del 3%.
El banco central explicó que factores como las expectativas del mercado, el fenómeno de El Niño y los costos internacionales de la energía inciden en la dinámica de precios.
Este escenario genera efectos concretos: los créditos se encarecen y el ahorro ofrece mayores rendimientos. La medida busca reducir el gasto y contener el alza de precios, aunque no contó con consenso total dentro de la junta.
En ese escenario económico, el debate sobre el arbitraje internacional tomó mayor relevancia. Pedraza retomó los argumentos expuestos por Ocampo en una columna publicada en El Tiempo, en la que el exministro advirtió sobre los riesgos de estos mecanismos. La representante interpretó esas advertencias como un llamado a proteger la autonomía del Estado frente a intereses externos.
Tribunales nacionales vs. tribunales internacionales: una comparación de garantías y justicia
Ocampo, por su parte, sostuvo que el sistema presenta desequilibrios: “Es un mecanismo asimétrico, ya que otorga amplias protecciones a los inversionistas extranjeros, pero no a los nacionales”. También señaló que las empresas pueden cuestionar políticas públicas, incluso cuando no existe discriminación, si consideran que afectan su rentabilidad.
El economista también cuestionó la falta de instancias de apelación en estos tribunales y destacó que existen mecanismos jurídicos nacionales capaces de resolver disputas: “Hay sistemas jurídicos nacionales para dirimir los conflictos entre los inversionistas y el Estado, y ese sistema es particularmente bueno en el caso colombiano”.
La discusión incluyó además el impacto económico de estos procesos, pues Ocampo indicó que las decisiones arbitrales suelen resultar costosas e injustas, en varias ocasiones. A esto sumó la ausencia de evidencia que respalde la idea de que estos acuerdos incentivan la inversión extranjera; según explicó, los estudios disponibles muestran que el efecto puede ser nulo.
El debate se amplió con referencias internacionales, pues en países como India, Indonesia y Sudáfrica optaron por retirarse de estos mecanismos, mientras Brasil nunca los adoptó. En esos casos, según el exalto funcionario, no se registraron efectos negativos sobre la inversión extranjera.