Pese a que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la apertura de tres nuevas convocatorias públicas por un valor superior a $900.000 millones, una decisión que había sido esperada por distintos actores del sistema científico nacional; más de 50 académicos, entre investigadores y vicerrectores de investigación, emitieron un comunicado en el que cuestionan el manejo de los recursos de regalías y señalan decisiones que habrían afectado procesos en curso.
El documento fue suscrito por representantes de instituciones como las universidades del Quindío, del Valle, del Cauca, Industrial de Santander, de Antioquia, del Tolima, la Pedagógica y la Surcolombiana. También incluye miembros que participaron en la formulación de convocatorias anteriores dentro del Sistema General de Regalías.
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En el comunicado, los firmantes expresan “profunda preocupación y rechazo por la crisis generada en las convocatorias de la Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías”, al tiempo que atribuyen responsabilidades al ministerio y al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad).
Cuestionamientos por cancelación de convocatorias
Según el pronunciamiento, proyectos que venían avanzando desde el bienio 2023-2024, y que ya habían cumplido etapas como evaluaciones técnicas, revisiones y subsanaciones, quedaron sin posibilidad de financiación. Los académicos sostienen que esto ocurrió tras una reasignación de recursos aprobada en el Ocad.
En ese sentido, el documento señala que “se ha sepultado el esfuerzo de cientos de científicos, comunidades, universidades y entidades territoriales”, y advierte que esta situación implicó la pérdida de recursos públicos y privados invertidos en procesos técnicos y administrativos.
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Asimismo, se indica que la situación derivó en la no ejecución de $2,7 billones correspondientes a convocatorias del Sistema General de Regalías, lo que equivale, según el comunicado, al 93% de los recursos del bienio 2023-2024. Los firmantes afirman que esta circunstancia no obedeció a la falta de proyectos, sino a decisiones administrativas.
En el texto también se afirma que “Colombia desfinanció la ciencia y perdió cerca de tres años de trabajo técnico, institucional y territorial”, y se atribuye esta situación a factores como cambios en las reglas de juego, falta de planeación y decisiones adoptadas durante el proceso.
Señalamientos sobre el proceso administrativo
Los académicos describen que durante el desarrollo de las convocatorias se presentaron múltiples modificaciones. Entre estas, mencionan la expedición de varias adendas, cambios en los cronogramas y ajustes reiterados en los requisitos.
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De acuerdo con el comunicado, “las convocatorias estuvieron marcadas por múltiples adendas (en promedio 7 por cada convocatoria), cambios de cronograma sin justificación, falta de transparencia, ajustes reiterados y decisiones tardías”. Añaden que estas condiciones afectaron la confianza en el sistema y en la institucionalidad asociada a la ciencia y la innovación.
También se advierte que los cambios impactaron proyectos estratégicos que habían sido estructurados durante años, con participación de aliados nacionales e internacionales, así como con inversión de recursos públicos y privados.
Los firmantes sostienen que la cancelación de estas convocatorias obliga a reiniciar procesos desde cero, lo que, según el documento, afecta a distintos sectores. En particular, mencionan programas dirigidos a niños, jóvenes y comunidades rurales, así como iniciativas relacionadas con el desarrollo productivo.
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Solicitudes al Gobierno y a los órganos de control
El comunicado incluye una serie de peticiones dirigidas al Ministerio de Ciencia, al Ocad de CTel y a otras entidades del Estado. Entre ellas, se solicita reconsiderar la decisión de cancelar las convocatorias y permitir que los proyectos que cumplieron todos los requisitos continúen su proceso de asignación de recursos.
De igual forma, los académicos piden explicaciones sobre las razones de los retrasos en la asignación de recursos y sobre las decisiones adoptadas durante el proceso. En ese punto, el documento señala la necesidad de aclarar por qué, durante 2025, se continuaron solicitando ajustes a proyectos que ya habían cumplido con los requisitos establecidos.
Otra de las solicitudes apunta a que se informe sobre un posible detrimento patrimonial derivado de los recursos invertidos en la estructuración y evaluación de las convocatorias. Según el texto, estos incluyen costos asociados a evaluadores, equipos técnicos, asesorías jurídicas y procesos institucionales. Además, se cuestiona la aprobación de más de 165 proyectos de algunas convocatorias en 2025, lo que, según los firmantes, podría contradecir criterios jurídicos utilizados para justificar la cancelación de otras iniciativas.
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En el documento también se solicita que se adopten medidas para proteger el trabajo técnico ya realizado por universidades, centros de investigación y demás actores del sistema. En esa línea, los firmantes advierten que “decisiones administrativas arbitrarias no pueden desconocer ni desvalorizar ese trabajo acumulado”.
Finalmente, los académicos piden la intervención de los órganos de control para que revisen las actuaciones administrativas relacionadas con esta situación.
El pronunciamiento concluye señalando que el objetivo del documento es defender la institucionalidad del sistema y el papel de la ciencia en el país. En ese sentido, se afirma que “la ciencia colombiana merece respeto. Los territorios merecen cumplimiento. Y el país no puede seguir perdiendo años de trabajo por la improvisación institucional”.
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