La Procuraduría General de la Nación, mediante un fallo de primera instancia, sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia en 2024, además de a tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La decisión motivó a Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X. Allí manifestó su respaldo a los funcionarios de la SIC y rechazó la decisión del Ministerio Público.
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“Quiero expresar mi apoyo irrestricto a los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio que fueron sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación. Su falta: haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas que se realizan en esta entidad para combatir la corrupción económica”, indicó Rusinque.
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Ante estas declaraciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que reiteró su postura en contra de la Procuraduría.
Según el jefe de Estado, el Ministerio Público “persigue” a los 16 funcionarios que realizaron la investigación para la SIC, recordando sus denuncias contra la empresa Thomas Greg & Sons y un supuesto fraude electoral.
“Después de criticar el que me haya pronunciado por el fraude demostrado por la justicia del papel de la firma Thomas Greg and Sons por su papel monopólico de la data de los colombianos, la Procuraduría persigue a los funcionarios que hicieron la investigación. La investigación debe continuar (sic)”, expresó.
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En otra publicación, el presidente Petro aseguró que la decisión de la Procuraduría “golpea” la autonomía de la Superintendencia de Industria y Comercio.
“Lu autonomía para investigar en las prácticas contra la libre competencia, y el abuso con los datos de la ciudadanía, se rompe con la libertad del presidente de nombrar al superintendente con mentiras sobre las condiciones de la Ocde para dichos cargos (sic)“, expresó el jefe de Estado.
Según Gustavo Petro, las funciones que realizan los superintendentes delegados son constitucionales del presidente de Colombia.
“Las funciones de las superintendencias son funciones constitucionales del presidente (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.
Decisión de la Procuraduría
La Procuraduría General identificó que un grupo de funcionarios y contratistas, bajo la coordinación de un delegado del superintendente, conformó un equipo que operó como “El Despacho” y solicitó el acceso a teléfonos móviles personales e institucionales. Su objetivo era extraer información confidencial argumentando que tenían la facultad para investigar los procesos de contratación de diversas entidades públicas. Este proceder fue señalado como un exceso en sus atribuciones, pues iba más allá de lo permitido por la ley.
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El informe de la Procuraduría concluyó que estas acciones irregulares podrían tener consecuencias de gran alcance sobre la reserva legal de la información, involucrando incluso temas relacionados con extradiciones, solicitudes de refugio y la creación de espejos forenses, que son copias exactas de dispositivos digitales.
La investigación reveló que el propósito real de la intervención difería de las denuncias iniciales, que estaban orientadas a indagar presuntas irregularidades en contratos de la empresa Thomas Greg & Sons, especialmente en lo referente a la expedición de cédulas y pasaportes.
La entidad de control sostuvo que las conductas de los funcionarios y contratistas comprometieron derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, debido a que accedieron a bases de datos sensibles, incluyendo censos electorales, historiales médicos y procesos judiciales. Esto ocurrió a pesar de que, antes de las visitas, se había socializado el objetivo de las investigaciones bajo el pretexto de proteger la competencia.
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La Procuraduría advirtió que este tipo de prácticas deteriora la prestación del servicio público y afecta la confianza ciudadana en los mecanismos de control institucional.