La Corte Suprema de Justicia ordenó el 11 de marzo de 2026 la detención en centro carcelario de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, acusados de cohecho impropio en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria de la Sala Especial de Instrucción en Bogotá, que también acusó formalmente a otros tres congresistas en ejercicio y a un excongresista, que continuarán vinculados al proceso en libertad.
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La investigación se centra en el presunto esquema de sobornos para favorecer operaciones de crédito público que habrían derivado en la asignación irregular de contratos en varias regiones del país.
El caso, uno de los mayores procesos por corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, comenzó a tomar forma pública en febrero de 2024, cuando se hicieron denuncias sobre sobrecostos y falta de operatividad en la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones para suministrar agua en La Guajira.
Posteriormente, Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, confesó la existencia de un entramado de coimas con la participación de altos funcionarios y congresistas, que hoy tiene tras las rejas a varios de sus protagonistas.
Diciembre de 2023: primeras reuniones y negociaciones
Las pesquisas contra Wadith Manzur y Karen Manrique se remontan a diciembre de 2023, cuando ambos, junto a otros integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), fueron registrados en reuniones en el Ministerio de Hacienda, que lideraba para esa época el economista Ricardo Bonilla.
El expediente revelado por medios de comunicación señaló que estos encuentros, documentados entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, estuvieron orientados a avalar multimillonarios créditos internacionales a cambio de promesas de proyectos gestionados a través de la Ungrd.
Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, las pruebas incluyen más de 50 documentos y al menos 10 testimonios que acreditarían la supuesta utilización de funciones legislativas para recibir beneficios.
La investigación señalaría que los congresistas acordaron favorecer operaciones financieras solicitadas por el Ministerio de Hacienda, lo que habría resultado en la asignación de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
En el caso de Karen Manrique, el expediente señaló que aceptó una promesa remuneratoria y monitoreó su cumplimiento en coordinación con la entidad de riesgo y el Ministerio de Hacienda.
Entre el 11 y el 15 de diciembre de 2023, la legisladora entregó a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, los contactos regionales de Saravena, Arauca, para la gestión de obras asociadas a los beneficios pactados.
El 11 de diciembre, Manrique sostuvo una reunión con Benavides en la que, según la investigación, exigió trato igualitario y urgió por la agilización de los proyectos. En esa etapa, la Sala de Instrucción documentó que Manrique escribió referencias en la página 21 de la libreta personal de Olmedo López donde se consignaron datos como “Integrantes C. Crédito P.” y “Juan Diego Muñoz y Karen Manrique=Saravena (sic)”.
La Sala de Instrucción atribuyó a Manrique un papel activo en la exigencia y supervisión de la ejecución de los proyectos pactados, apoyada por registros en la libreta personal del exdirector de la Ungrd, Olmedo López.
Mayo de 2024: confesión clave ante la justicia
En mayo de 2024, luego de que se revelara la controversia por los carrotanques de La Guajira, Sneyder Pinilla confesó ante la justicia la existencia de un esquema de sobornos dirigido a presidentes del Congreso para impulsar reformas del gobierno. Pinilla señaló directamente a Manzur y Manrique, entre otros. Fue cuando la Fiscalía recibió la compulsa de copias con testimonios y pruebas que implicaban a varios congresistas y funcionarios de alto nivel.
Julio-agosto de 2024: la investigación
Para julio de 2024, la compulsa de copias de la Fiscalía incluyó a congresistas como Karen Manrique Olarte, Liliana Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo. En agosto de ese año, María Alejandra Benavides declaró haber sostenido una reunión con Manzur en un centro comercial de Bogotá, donde el congresista habría intentado minimizar su rol en el esquema.
Enero-febrero de 2024: seguimiento a los contratos
Las pesquisas indicarían que, entre enero y febrero de 2024, Manrique hizo múltiples solicitudes a Benavides, Pinilla y López para monitorear el avance contractual, con registros de comunicaciones el 9, 16, 19, 23 y 30 de enero, así como el 6, 7, 16, 20 y 27 de febrero de ese año.
Diciembre de 2024: llamado a indagatoria y renuncias
Luego de conocerse el escándalo, el 3 de diciembre de 2024, Wadith Manzur se presentó a indagatoria ante la Corte Suprema y anunció su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para evitar interferencias en el proceso judicial.
Un día antes, Karen Manrique había hecho lo propio. Ambos eran los únicos congresistas que no habían sido reemplazados en la Cicp.
El caso de Manrique y Manzur cobra especial notoriedad debido a que recientemente fueron reelegidos como representante a la Cámara por la curul de paz y senador por el Partido Conservador respectivamente, donde este último alcanzó la segunda votación más alta.