La sanción impuesta a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, que según se conoció el miércoles 4 de marzo de 2026, será ratificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al comprobarse la violación de topes electorales, desató una fuerte respuesta desde los sectores de oposición al Gobierno. Entre ellos, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que arreció en las redes sociales contra el jefe de Estado.
Cadavid aprovechó la decisión del órgano electoral, con la que se rechazaron los argumentos presentados por la defensa y que confirmó sanciones superiores a $5.000 millones por la violación de los topes de gastos electorales. El congresista, crítico del Gobierno, calificó la resolución como una “confirmación de la trampa” que, según él, marcó la elección ocurrida en junio de 2022, cuando Petro venció en segunda vuelta a Rodolfo Hernández.
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“Y se llegó una nueva elección. Él, ahora como Presidente, sigue cuestionando el sistema electoral que su misma campaña vulneró ¡TIEMPO DE REACCIONAR!“, comentó Cadavid en su publicación inicial. Y en contra le respondió a la senadora María José Pizarro, tras el anuncio de crear una ‘Registraduría’ paralela para vigilar el proceso de preconteo y escrutinio de los votos, con un mensaje en el que rechazó de tajo lo que considera es el manto de duda sobre la entidad.
“El cinismo de esta gente. Vulneraron los topes de la campaña presidencial; tienen al hijo de Petro acusado por malos manejos con platas de campaña. Y ahora salen a desacreditar el sistema electoral que ellos mismos burlaron con trampas”, destacó el congresista, que aparece en la cuarta casilla de la lista del Centro Democrático, con miras a la contienda del 8 de marzo, en la que esta colectividad participará con voto no preferente para la corporación.
El fallo que ratificará millonarias sanciones a miembros de la campaña de Gustavo Petro
La confirmación de las sanciones administrativas ocurre después de que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron una nueva ponencia en la sede del CNE. El texto fue radicado en la Sala Plena en la víspera de la discusión, según indicó Semana, y resolvió no aceptar las solicitudes de nulidad ni los recursos de la defensa de los implicados. Fue este fallo el que desató la fuerte reacción del congresista antioqueño, que se expresó en sus redes.
Ante esta resolución, la orden incluye remitir copias del proceso a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, en una decisión que abre un nuevo capítulo en la revisión judicial del caso. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña presidencial de Petro, figura entre los principales sancionados por el organismo, junto a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y María Lucy Soyo Caro (auditora interna).
Los tres exintegrantes de la campaña enfrentan sanciones por $2.252 millones en la primera vuelta, aunque en el fallo se determinó una sanción solidaria por 2.447 millones adicionales y otras dos por 627 millones y 596 millones de pesos, respectivamente, por financiamiento prohibido y nuevas violaciones en la segunda vuelta. Llama la atención que, en el caso de Roa, ya fue imputado por el manejo de fondos en la campaña presidencial, y podría ir a juicio.
Aunque la defensa del hoy presidente de Ecopetrol y otros directivos de la campaña intentaron revertir la decisión inicial del 27 de noviembre de 2025, la sala plena del CNE votó seis contra tres a favor y dejó en firme las sanciones. “Resuelve no acceder a las solicitudes de nulidad y corrección de presuntas irregularidades de la actuación administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, se leyó en el documento.
Mientras tanto, la organización Colombia Humana, fundada por Petro y sancionada en la misma decisión del CNE de noviembre de 2025, aceptó la sanción y renunció formalmente a cualquier apelación o proceso pendiente. Así lo informó Andrea Camila Vargas de la Hoz, secretaria general y representante legal de la colectividad, al notificar por escrito el desistimiento del recurso de reposición y la aceptación de la firmeza del acto administrativo sancionatorio.