Escolta del secretario general de la Cámara fue capturado en La Guajira con millones de pesos en sobres de manila: presuntamente el dinero era para comprar votos

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en Hatonuevo, La Guajira.

Acuña Vega se desplazaba con $145 millones en efectivo y con propaganda electoral a favor del candidato al Senado Daniel Restrepo, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, según informaron El Tiempo y Caracol Radio.

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De acuerdo con ambos medios, el escolta transitaba en una camioneta Toyota con siete sobres que contenían dinero en efectivo.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó la captura a Caracol Radio, asegurando que desde Presidencia existe la orden para rastrear delitos electorales.

De hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial de X, en la que confirmó la orden a la Policía Nacional de capturar a lo que denominó “compradores de votos”.

“La policía nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, señaló el jefe de Estado.

Rodríguez señaló al citado medio de comunicación que el vehículo donde se transportaba Luis Alfredo Acuña Vega no hace parte de la Unidad Nacional de Protección.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, asegurando que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos. El uniformado señaló que la captura se dio en la vía Distracción-Cuestecitas.

“En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la Policía Nacional incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”, indicó Rincón.

Según el director de la Policía Nacional, los sobres estaban marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento. Rincón expresó que dos personas fueron capturados.

“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”, aseveró.

Y agregó: “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad”.

Sanciones por delitos electorales en Colombia

En Colombia, los delitos electorales están tipificados en el Código Penal y regulados de manera específica por la Ley 1864 de 2017, que establece sanciones para quienes atenten contra la transparencia y legalidad del proceso electoral. Entre las conductas sancionadas se encuentran la perturbación de procesos electorales, el constreñimiento al sufragante, el fraude electoral, la compra y venta de votos, y la financiación ilícita de campañas.

Las penas varían según el delito cometido. Por ejemplo, la perturbación de elecciones manipulando el proceso puede implicar prisión de 4 a 9 años y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza mediante violencia, la pena puede aumentar hasta 12 años. El constreñimiento al sufragante, que consiste en presionar o amenazar a una persona para orientar su voto, también se sanciona con cárcel de 4 a 9 años y multas equivalentes.

La compra y venta de votos, así como el fraude en el ejercicio del voto, pueden recibir penas de prisión de 4 a 8 años y multas de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la ley contempla sanciones más severas para los servidores públicos involucrados en este tipo de delitos, quienes pueden enfrentar agravantes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.