La tensión en el mercado de alquiler español sumó un nuevo episodio en Getafe (Madrid).
Todo luego de que una ciudadana colombiana se negó a desalojar el apartamento donde reside desde hace más de un año y medio, pese a la intervención de una empresa de desokupas contratada por el propietario, llamada Comando Desokupa.
El caso, documentado en video y difundido en redes sociales de la misma compañía entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero de 2026, expuso la creciente tensión entre propietarios e inquilinos morosos en España.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Algunos de ellos, y que se toman por su cuenta viviendas sin acuerdos previos con los dueños de los inmuebles, son conocidos en el país ibérico como okupas, y se han convertido en una problemática social, debido a que en muchos de los casos figura ciudadanos latinoamericanos, y dentro de los que se hallan colombianos.
Sin embargo, en esta ocasión la ciudadana de Colombia desató una fuerte controversia en España al negarse a abandonar el apartamento donde reside desde hace más de un año y medio sin pagar alquiler ni servicios.
El propietario del inmueble, cuya identidad no fue revelada, recurrió a la empresa especializada tras agotar intentos de mediación.
Los empleados de la firma, en un diálogo con la inquilina, le plantearon: “Nos debía por el alquiler del piso. Lleva sin pagar, usted sabe que lleva sin pagar un año y medio”.
Ante la exigencia de pago, la mujer respondió de manera tajante: “No lo voy a pagar hasta que no me arregle todo. Que me arregle el canapé…”.
Frente a lo que dijo la connacional, los funcionarios replicaron: “Eso no tiene (el dueño del departamento) por qué arreglarte nada. Aquí somos todos con la carta y si sale, no por la cara. Entonces, que lleva un año y medio sin pagar”.
La ciudadana, identificada en el video, mantuvo una postura desafiante frente a las peticiones de desalojar el inmueble.
En diferentes fragmentos, afirmó: “No me voy a ir del piso y no le voy a pagar”, y agregó como justificación y alzando la voz de forma altiva: “Porque no me da la gana”.
Cuando los representantes le preguntaron si consideraba justo su actuar, la mujer reiteró: “Yo, sí”.
La conversación subió de tono cuando intervino otra las inquilinas (y familiar de colombiana) intentando negociar un plazo para la salida, ante lo cual los empleados respondieron: “Un mes tienes”.
En otro momento, la mujer expresó: “Me da igual, como él dice, que por sus favores, a mí por el coño”, y desafió abiertamente la autoridad del propietario: “Y que venga y me saque, me da igual, pero no le voy a pagar”.
Los funcionarios insistieron en la necesidad de llegar a un acuerdo y recordaron la duración de la deuda: “Un año y medio sin pagar no está bien. Te he arreglado el piso, porque faltaba por arreglar. Te voy a dejar trescientos euros. Y él obviamente lo va a entender, ¿por qué? Porque le estás arreglando cosas que tiene que arreglar, pero no puedes un año y medio sin pagar”.
Durante la discusión, la ciudadana colombiana también mostró su disposición a llamar a la policía: “Buenas tardes, diga, ¿me puedes poner con la Policía Local, porfa?”, mientras los empleados le ofrecían alternativas para contactar a la autoridad competente.
Uno de los funcionarios comentó a la segunda inquilina colombiana que salió a negociar: “Tú pareces más sensata, aunque saliste ya un poquito estresada al principio, pero ahora cuando hablas más tranquila se te nota más con más cabeza”.
En medio del intercambio, la ciudadana reflexionó: “Como dice él, en Colombia, uno no paga arriendo y lo matan. Y en el país suyo, ¿qué hace?”.
El empleado respondió: “En el mío, igual. Pero igual, pues ya está. Entonces, por eso es una mala situación, porque estoy en contra de eso. Un año y medio sin pagar”.
Este tipo de incidentes pone sobre el tablero los desafíos del mercado del alquiler en España, en el que la falta de mecanismos ágiles para resolver impagos y desalojos alimenta la tensión social.
Esto ha promovido la figura de los desokupas, que se ha multiplicado en los últimos años, con opiniones divididas sobre su legitimidad y el impacto en los derechos de arrendadores e inquilinos.