La permanencia de Juliana Guerrero como delegada del Gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar causó, en la jornada del jueves 29 de enero de 2026, una fuerte controversia por el alcance que tendría la joven, salpicada por lo que sería el “cartel de diplomas” en la Fundación Universitaria San José, al interior del Ejecutivo. La mujer, acusada de haber “comprado” su título como contadora, es protagonista de nuevos señalamientos.
De acuerdo con un reporte de Blu Radio, Guerrero sigue siendo la representante de la administración de Gustavo Petro en este estamento universitario, sin importar el megacaso por la presunta falsificación de su título universitario: que se habría convertido en una especie de “punta del iceberg” para desentrañar lo que ocurriría al interior de este claustro; pues según las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, habría múltiples casos como el de la joven.
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Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior durante la gestión del aún titular de la cartera, Armando Benedetti, enfrenta investigaciones por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. Aun así, su nombre continúa figurando como representante de la Presidencia ante la institución, por encima —incluso— de la decisión de la propia universidad: que ante lo que sería la copiosa evidencia anuló su diploma profesional en noviembre pasado.
Juliana Guerrero y el escándalo que deja mal parado al Gobierno Petro
Este caso salió a la luz cuando su hoja de vida apareció en el portal oficial de la Presidencia de la República para optar al cargo de viceministra de Juventud. Desde entonces, su postulación se vio rodeada de dudas por la autenticidad de sus credenciales académicas y, sumado a ello, la falta de experiencia para un puesto de alto nivel, siendo apenas una joven de 23 años. Fue gracias a las denuncias de las mencionadas congresistas que su inminente nombramiento se cayó.
Y es que este delicado asunto adquirió relevancia nacional cuando surgieron denuncias sobre irregularidades en la expedición de su título por parte de la Fundación Universitaria San José. Tras el escándalo, la universidad confirmó que no existen registros académicos válidos que acrediten la formación de Guerrero, pues no hay constancia de asistencia a clases ni de calificaciones, a lo que se suma que los pagos de matrícula y derechos de grado fueron extemporáneos.
Una de las denuncias que surgieron contra Guerrero fue la supuesta violación de la Ley 1324, que exige la realización del examen de Estado Saber Pro para obtener un título profesional en Colombia. La Fundación Universitaria San José reconoció que la mujer se graduó sin haber presentado esta prueba, lo que precipitó la anulación de su diploma junto al de otros 40 estudiantes, al parecer beneficiados por un esquema de fraude académico a gran escala.
Frente a la magnitud del escándalo, el Ministerio de Educación inició un proceso especial de inspección y vigilancia sobre la Fundación San José, mientras que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar si existieron faltas disciplinarias en las instancias que avalaron la postulación de Guerrero. La universidad, por su parte, procedió a la anulación masiva de títulos sospechosos, lo que generó sospecha sobre sus procesos.
No obstante, como quedó expuesto, Guerrero no abandonó su cargo como delegada presidencial ante el Consejo Superior del centro universitario. Frente a esta controversia, los estatutos de la universidad no exigen contar con título profesional para ejercer esa representación, sino haber mantenido vínculos previos con el sector universitario; requisito que Guerrero cumple por su pasado como representante estudiantil en la misma institución educativa.