Para el 3 de marzo de 2026 está previsto el reinicio de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), luego de que se cumplieran dos ciclos en Doha (Catar).
Así lo confirmó el alcalde de Tierralta (Córdoba), Jesús David Contreras, luego de que el municipio del Caribe colombiano fuera designada como uno de los territorios piloto en la estrategia de Paz total, promovida por el Ejecutivo, conocido oficialmente como Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
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En declaraciones a los medios de comunicación, el mandatario local explicó que la fecha fue establecida por la Oficina de la Alta Consejería para la Paz en conjunto con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA), e indicó que este paso representa no solo la materialización de un anhelo colectivo, sino un impulso decisivo hacia la estabilidad y el desarrollo económico local, objetivos que históricamente se han visto obstaculizados por el estigma y la ausencia de inversión estatal y privada.
“Esperamos que el inicio de año con el ejercicio de socialización que se va a hacer en el territorio, en los territorios pilotajes, y que ya luego en marzo, el 3 de marzo, podamos iniciar sobre un protocolo de temas que se van a tratar”, precisó Contreras a la prensa local.
Igualmente, el mandatario aseguró que el proceso de “diálogos socio-jurídicos” ya se encuentra en marcha, con encuentros directos entre las partes, y expresó su esperanza de que la comunidad pueda, en sus palabras, “nuevamente respirar escenarios de paz”.
Para Contreras, alcanzar la paz en Tierralta “lo representa todo”.
El objetivo de los diálogos, según el alcalde cordobés, no solo radica en garantizar seguridad para las familias del municipio, sino en impulsar la llegada de la fuerza estatal y de capital privado, lo que calificó como esencial para vencer las consecuencias negativas que ha dejado el conflicto en la región.
Incluso, destacó que el proceso con el Clan del Golfo es diferente a otras mesas con otros grupos armados. “Vemos con muy buenos ojos, con un sentimiento de ilusión y de esperanza, que estos diálogos se logren desarrollar como se han establecido (...) este proceso ha sido diferente, como el presidente ha dicho, diálogos socio jurídicos”, agregó.
El plan piloto en Tierralta establece condiciones fundamentales como la prohibición absoluta del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (definida como el “techo del proceso”), la puesta en marcha de obras de transformación territorial mientras transcurran los diálogos y la priorización del desescalamiento del conflicto como objetivo principal.
“Hemos abrazado tres procesos de paz en los últimos 35 años, y hoy desde mi responsabilidad estamos abrazando este nuevo proceso que es diferente a todos en muchos aspectos”, afirmó.
Del mismo modo, Jesús David Contreras hizo una petición al grupo armado para que cesen sus actividades violentas en el país, especialmente en las ZUT.
“Al igual que en los municipios de Chocó y Antioquia, donde dieron inicio al pilotaje, el Clan del Golfo suspendió inmediatamente las extorsiones, pues también esperamos que en estos tres puntos donde se instalará la ZUT el grupo levante o decrete medida de levantamiento de extorsiones en nuestros territorios”, manifestó el alcalde de Tierralta.
Según el acuerdo pactado entre el Gobierno y el EGC, se prevé la llegada gradual de los desmovilizados a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de un mecanismo internacional con sede en Doha, Catar.
En ese punto, ambas partes contempla que el listado inicial de integrantes será entregado al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y se actualizará de manera progresiva.
La definición exacta de los lugares rurales para las ZUT se realizará mediante un acto administrativo, y antes del 3 de febrero de 2026 deberán establecerse los protocolos operativos en materia de seguridad, logística, monitoreo, resolución de controversias y manejo de material de guerra.
Además, el acuerdo prevé la suspensión de órdenes de captura y extradición para los combatientes durante su tránsito hacia las ZUT, con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas y humanas.