La Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio a conocer una serie de actuaciones administrativas mediante las cuales recuperó cinco islas ubicadas en el Archipiélago del Rosario, luego de identificar subarrendamientos irregulares y explotación económica sin autorización estatal.
Según la entidad, los predios eran utilizados para actividades turísticas sin cumplir con los pagos correspondientes a la Nación.
De acuerdo con la ANT, varios de estos terrenos no cancelaban arriendo desde hacía más de una década, mientras que otros registraban pagos muy inferiores a su valor real.
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La entidad explicó que estos predios hacían parte de bienes baldíos declarados como tales desde 1984, y que en 2007 se determinó que los ocupantes no contaban con derechos reales sobre ellos.
En un comunicado oficial, la ANT señaló: “Hay predios que llevan más de 20 años sin tener ningún tipo de pago a favor de la Nación, y son terrenos que, desde 1984, se declararon baldíos, y en el 2007 fueron declarados indebidos los ocupantes que, en este momento, aún reclaman tener algún tipo de derecho real sobre estos predios”. La entidad precisó que estas situaciones motivaron las acciones de recuperación adelantadas recientemente.
Las diligencias de desalojo y aprehensión fueron lideradas por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien confirmó que varias islas del archipiélago venían siendo explotadas comercialmente sin cumplir obligaciones legales ni financieras con el Estado. Según la información divulgada, estas actividades incluían servicios turísticos de alto valor económico.
La ANT detalló que, pese a los ingresos generados, no se realizaban pagos de arriendo desde los años 2008 o 2010, ni se había formalizado la situación jurídica de los ocupantes. En algunos casos, los predios eran promocionados para pasadías y alojamiento, sin que existiera contrato vigente ni autorización expresa de la entidad administradora de las tierras.
En relación con los valores cobrados a los visitantes, la Agencia indicó que se identificaron pasadías con tarifas de hasta $800.000 COP, así como hospedajes con precios entre $1.000.000 y $1.500.000 de pesos por noche. Estos montos contrastaban con la ausencia de pagos al Estado o con cánones que no reflejaban el uso intensivo ni el potencial económico de los terrenos.
La entidad también reveló que, durante varios años, algunas islas permanecieron bajo el control de un número reducido de familias, situación que, según la ANT, estuvo relacionada con el alto capital requerido para su mantenimiento. Factores como la erosión costera, la infraestructura y los costos logísticos habrían limitado el acceso de otros posibles interesados.
No obstante, la Agencia señaló que incluso en esos casos se registraron arrendamientos mensuales de apenas $700.000 COP, cifra que consideró desproporcionada frente al nivel de explotación turística observado. Estos hallazgos hicieron parte de los insumos utilizados para sustentar las decisiones administrativas adoptadas.
Además de la recuperación física de los predios, la ANT informó que inició un proceso de actualización de los cánones de arrendamiento que deberán pagarse a la Nación. Según la entidad, el objetivo es que los valores correspondan a las condiciones reales de uso, ubicación y rentabilidad de las islas, dentro del marco legal vigente.
La Agencia explicó que este ajuste busca regularizar la ocupación de los bienes públicos, garantizar el ingreso de recursos al Estado y evitar que continúen prácticas de aprovechamiento económico sin respaldo jurídico. También indicó que los nuevos cánones se establecerán tras evaluaciones técnicas y financieras.
Las actuaciones anunciadas se enmarcan dentro de las funciones de la ANT como administradora de los bienes baldíos de la Nación y responsable de adelantar procesos de recuperación cuando se detectan ocupaciones indebidas o incumplimientos contractuales. La entidad reiteró que los procedimientos se desarrollan conforme a la normatividad aplicable y con acompañamiento institucional.
La información difundida por la Agencia Nacional de Tierras da cuenta de las condiciones en las que se encontraban los predios del Archipiélago del Rosario, así como de las medidas adoptadas para su recuperación y administración futura, en un contexto de revisión de prácticas históricas de uso y arrendamiento de estos bienes públicos