En medio de la diligencia que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, para solicitar medida de aseguramiento en su contra por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación, la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto sobre el caso durante la audiencia que se celebra en la mañana del lunes 15 de diciembre.
En su intervención, el procurador Henry Bustos apuntó a analizar la solidez de las pruebas sobre la supuesta recepción de fondos irregulares provenientes de dos contratos de la Gobernación del Atlántico entre 2021 y 2022.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“El Ministerio Público considera que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros que la Fiscalía ha señalado en 111 millones de pesos, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022”, señaló el funcionario del Ministerio Público
Este monto, sostuvo, seguirá siendo motivo de controversia en la audiencia.
La audiencia, presidida desde las 8 de la mañana de este lunes, se desarrolla en medio de la solicitud de la fiscal Lucy Laborde para que el exdiputado sea enviado a prisión preventiva.
Según detalló Laborde, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro habría resultado beneficiado con contratos adjudicados de manera irregular gracias, en parte, a la intervención de su expareja, Day Vásquez, quien actualmente colabora como testigo en el proceso.
Bustos organizó la postura técnica de la Procuraduría según los cuatro delitos imputados a Nicolás Petro: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Con relación al peculado por apropiación, el procurador instó a la Fiscalía a revisar si los argumentos presentados en otra investigación por supuesto lavado y enriquecimiento ilícito guardan similitud con los elementos probatorios de este caso.
Sobre el delito de tráfico de influencias, la intervención del Ministerio Público destacó que la mayor incidencia habría recaído sobre Day Vásquez, por encima del propio investigado.
El procurador planteó dudas sobre cuál habría sido el grado de involucramiento de Nicolás Petro.
“¿Cuál es la participación de Nicolás Petro en el tráfico de influencias, es decir, en ostentar esa condición que dice la señora fiscal que tenía frente a los servidores públicos encargados de realizar la operación administrativa de contratación?”, señaló el funcionario.
Además, el Ministerio Público determinó que las razones de la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento, basado en la presunta fuga de Nicolás Petro, además de la posible manipulación de pruebas y testigos si sigue en libertad, no son suficientes para que el juez apoye la petición.
“No encuentro fundamentos serios para determinar que va a entorpecer el proceso (...) No hay fundamentos para determinar fuga o evasión”, comentó Bustos.
Finalmente, el procurador delegado aseguró que no encontró razones suficientes para apoyar la petición de la Fiscalía General de la Nación de dictar medida de prisión en centro carcelaria contra el exdiputado del Atlántico.
“Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto que la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome, es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia, y mucho menos que pueda evadirse del proceso y del eventual cumplimiento de una pena en caso de ser considerado”, culminó el procurador Henry Bustos.