La reciente decisión de la Casa de Nariño de mantener a Yulieth Hinojosa en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede en Roma provocó controversia, ya que, pese a que la funcionaria reside desde hace años en la capital italiana, el Estado colombiano le otorgará un pago extraordinario que incluye tiquetes aéreos, viáticos y el traslado de su menaje.
Esta medida se produjo en un contexto de restricciones presupuestarias para el país, además del hundimiento del proyecto de ley de financiamiento, lo que intensifica el debate sobre el uso de recursos públicos.
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De acuerdo con la resolución divulgada por W, la funcionaria, que anteriormente ocupó el cargo de segunda secretaria en la embajada y ahora ha sido designada como auxiliar administrativa, recibirá varios miles de euros para cubrir estos conceptos.
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El documento oficial conocido por el medio radial estableció que, tras su nuevo nombramiento, se le deben garantizar los beneficios mencionados, a pesar de que su residencia en Roma se extiende desde hace varios años.
La permanencia de Hinojosa en la sede diplomática se produjo luego de una decisión judicial que ordenó el cese de sus funciones como segunda secretaria.
Sin embargo, la Casa de Nariño recomendó que continuara en la embajada, lo que permitió su posterior nombramiento en el nuevo cargo administrativo.
Según informó La W, este pago adicional se suma a las prerrogativas que ha acumulado la funcionaria en el cuerpo diplomático colombiano.
El caso ha llamado la atención por la asignación de recursos en medio de la actual situación fiscal de Colombia, donde la administración enfrenta presiones para optimizar el gasto público.
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El nombramiento de Hinojosa en 2024 también fue polémico
En su momento, el nombramiento de Yulieth Andrea Hinojosa Maestre como diplomática de Colombia ante la Ciudad del Vaticano provocó el debate sobre la transparencia y los criterios en la designación de representantes en el servicio exterior.
La decisión, oficializada mediante el decreto número 0831 del 4 de julio de 2024 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y firmada por el presidente Gustavo Petro, se produjo en medio de cuestionamientos a la gestión administrativa y a la política de personal de la Cancillería de Colombia, que en 2023 registró gastos de personal superiores a $543.591 millones de pesos.
La polémica se intensificó tras la denuncia pública de la exsenadora Leszli Kálli en la red social X, que señaló que Hinojosa Maestre, ciudadana colombiana con nacionalidad italiana y oriunda de Valledupar, no cuenta con experiencia previa en cargos públicos.
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Kálli la describió como “amiga personal del narcopresidente”, en referencia al presidente Petro, y cuestionó la idoneidad de su perfil para asumir funciones diplomáticas en un destino de alta relevancia internacional.
Según el perfil de Hinojosa Maestre en LinkedIn, su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito educativo, con más de diez años como docente de preescolar en inglés y español en la capital del Cesar.
Desde hace seis años, ejerce como profesora de español nativo en el Liceo Salvemini Duca d’Aosta en Florencia, Toscana, Italia. Es egresada de la Universidad Popular del Cesar y posee un título en Lengua y literatura española con énfasis en Enseñanza en Español como lengua extranjera por la Universidad Internacional de Valencia, España.
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La designación de Hinojosa Maestre se suma a una serie de decisiones controvertidas en la política exterior colombiana. En 2023, la Cancillería destinó $15.650 millones de pesos a la apertura de diez nuevas embajadas, con el objetivo de fortalecer la presencia internacional del país, que actualmente cuenta con 63 embajadas, 110 consulados y dos representaciones adicionales. Este crecimiento ha sido objeto de debate, ya que algunos sectores cuestionan la eficiencia y la calidad de la gestión diplomática.
Las críticas al proceso de selección de diplomáticos no son nuevas. María Angélica García, presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática (Unidiplo), ha denunciado reiteradamente la falta de transparencia en los nombramientos y la indiferencia de las autoridades ante las preocupaciones de los funcionarios de carrera. En 2023, se registraron 51 demandas legales contra la Cancillería por designaciones consideradas irregulares.