El comandante del Ejército colombiano, general Luis Emilio Cardozo, anunció que la institución acatará de manera estricta la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.
La medida se toma mientras se adelantan investigaciones sobre su presunta colaboración con disidencias del grupo armado ilegal liderado por alias Calarcá.
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Al mismo tiempo, el alto oficial informó que se abrirá una investigación disciplinaria interna para esclarecer los hechos relacionados con el Ejército.
“Los fallos judiciales los acatamos estrictamente. Lo que de parte de la organización se ha hecho es, una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria que es la potestad que tiene el comandante del Ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones”, afirmó Cardozo en una rueda de prensa.
“También le solicitamos a nuestra Fiscalía la información que ellos tienen para nosotros poder actuar en este proceso. Y lo que una vez seamos notificados y sepamos realmente cuál es el alcance del fallo, procederemos en consecuencia”, añadió el comandante.
La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de apartar temporalmente de sus cargos a Huertas y Mejía por un periodo inicial de tres meses prorrogables. Esta medida disciplinaria busca garantizar que los funcionarios no interfieran en la recolección de pruebas dentro del expediente abierto en su contra.
El Ministerio Público considera que existe riesgo de que los investigados puedan obstaculizar la investigación, por lo que su retiro temporal es clave para la integridad del proceso.
El caso se originó tras la incautación de dispositivos electrónicos a alias Calarcá, capturado en Antioquia con armas y dinero dentro de una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En los equipos decomisados, según reveló Noticias Caracol, se encontraron correos electrónicos, chats, fotografías y documentos que aluden a Huertas y Mejía como presuntos colaboradores.
Los archivos sugieren que ambos habrían filtrado información sobre operativos y movimientos de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, lo que habría facilitado a las disidencias evadir controles mediante empresas de seguridad fachada.
Entre las pruebas que sustentan la investigación figura una carta de 2024 enviada por un delegado de la facción disidente a alias Calarcá, en la que se menciona un encuentro con el general Huertas en Bogotá.
Según el documento, Huertas habría propuesto la creación de una empresa de seguridad privada como estrategia ante un posible fracaso de los procesos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro.
Tras retirarse del Ejército en 2022 por decisión del general Enrique Zapateiro, Huertas fue reincorporado en 2024 como comandante del Comando de Personal, una posición estratégica en la gestión de ascensos y traslados.
En el caso de Mejía, un cabecilla disidente declaró de manera anónima que el director de inteligencia se reunió en Venezuela con alias “Richard”, comandante del Bloque Magdalena Medio. Mejía, quien ocupa el tercer puesto en la jerarquía de la DNI, renunció al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia como representante del presidente Petro, tras la presión pública y solicitudes de la Asamblea de Antioquia.
La Procuraduría también investiga si los funcionarios ofrecieron apoyo a integrantes de las disidencias para estructurar empresas de seguridad privada, utilizadas como fachada para legalizar el porte de armas y garantizar su permanencia en caso de ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno.
Entre las indagaciones se incluyen posibles filtraciones de información reservada sobre operaciones en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.
Tanto Huertas como Mejía han rechazado de manera enfática las acusaciones. El general aseguró que los documentos que lo vinculan con hechos ilegales no han sido validados por ninguna autoridad y calificó su contenido de manipulación.
Por su parte, Mejía explicó que las interpretaciones que lo señalan como colaborador de estructuras ilegales podrían derivar de la actividad de inteligencia de los propios grupos armados, y negó cualquier contacto con disidencias o entrega de información sensible.