La captura de un segundo sospechoso por el asesinato de Harold Aroca fue anunciada en la mañana del 22 de noviembre de 2025 por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X.
El mandatario informó que uniformados del CAI Laches detuvieron a alias “Chará”, que es señalado como presunto responsable del crimen que conmocionó a la ciudad. Según la comunicación del alcalde, este hombre deberá enfrentar cargos ante la Justicia por homicidio agravado, secuestro y tortura.
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Con esta detención, ya suman dos personas capturadas en relación con el homicidio de Harold Aroca, lo que representa un avance en la investigación y en la respuesta institucional frente a este caso.
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El anuncio de Galán destaca la labor de las autoridades locales en la identificación y aprehensión de los presuntos implicados, destacando la importancia de la acción policial en la búsqueda de justicia para la víctima y su entorno.
De acuerdo con información suministrada por El Tiempo, las autoridades trasladaron a Isaac Chará, como habría sido identificado, hacia la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda después de concretar su detención en la localidad de Santa Fe cerca de las 11:00 p. m. del 21 de noviembre.
La investigación señala que esta persona, considerado “mejor amigo” de Pinzón y residente presuntamente en el barrio El Rocío en esa misma zona central-oriental de la ciudad, estaría implicado como cómplice en el asesinato del menor Harold Aroca.
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De acuerdo con información suministrada por fuentes vinculadas al caso, el último registro audiovisual de Harold Aroca muestra cómo fue interceptado por cinco individuos. Estas mismas fuentes aseguran que en la grabación Chará puede identificarse por su estatura: “Es el más alto”. El material evidencia una acalorada confrontación verbal entre el grupo y Aroca, momento en el cual uno de los hombres lo toma por la espalda, elemento clave en el desarrollo de la investigación.
La detención de Isaac constituye un avance en el esclarecimiento del crimen cometido en el sur de Bogotá, donde la víctima fue rodeada y agredida, episodio documentado en el mencionado video que se vuelve pieza central para identificar y juzgar a los responsables.
Fiscalía judicializó a primer capturado
El hallazgo del cuerpo de un adolescente de 16 años en una zona boscosa cercana al barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, ha puesto en el centro de la atención pública la presunta responsabilidad de Anderson Santiago Pinzón Pedraza en un caso que involucra secuestro, tortura y homicidio.
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La víctima fue vista por última vez el 5 de agosto en compañía de un grupo de hombres en un parque del sector, según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades.
La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), sostiene que Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado del menor a un lugar donde fue sometido a actos degradantes y posteriormente atacado con un arma de fuego. El cuerpo fue encontrado cuatro días después, abandonado en un área boscosa aledaña, lo que confirmó la gravedad de los hechos y la brutalidad del crimen.
De acuerdo con la información oficial, la muerte del adolescente estaría relacionada con una represalia por los cuestionamientos y afirmaciones que el joven realizó sobre las actividades ilegales de una organización delictiva con presencia en la zona.
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Esta hipótesis ha sido respaldada por los indicios recabados durante la investigación, que apuntan a un móvil de venganza por parte de los presuntos responsables.
La fiscal encargada del caso imputó a Pinzón Pedraza los delitos de homicidio y tortura, ambos en modalidad agravada, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, y secuestro simple. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos, lo que llevó a la jueza de control de garantías a ordenar su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La decisión busca garantizar la comparecencia del acusado y la protección de la comunidad, en especial de los menores de edad que residen en la localidad de Santa Fe.
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