La presión financiera que generan los accidentes de tránsito sin póliza obligatoria continúa siendo un reto para el sistema de salud. Las últimas cifras revelan un movimiento importante de recursos durante septiembre, aunque menor al del mes anterior.
En ese mes, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), conocida como el banco de la salud, informó el giro de $19.000 millones a instituciones prestadoras de salud (IPS) que atendieron a víctimas de siniestros causados por vehículos sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o no identificados. La suma equivale a la mitad de lo que se pagó en agosto, cuando se desembolsaron $38.000 millones.
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El ajuste se reflejó también en la cantidad de personas lesionadas. La entidad reportó que durante agosto se registraron 27.374 víctimas, mientras que en septiembre la cifra fue de 25.780. Aunque la reducción es significativa, el volumen sigue siendo alto y confirma la persistencia de una problemática que afecta a miles de familias.
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La Adres explicó que la caída en los montos está relacionada, en buena medida, con auditorías más estrictas sobre las facturas radicadas. Según la institución, el seguimiento al proceso de cobro permitió identificar inconsistencias y evitar pagos injustificados, lo que contribuye a racionalizar los recursos. Aun así, el número de solicitudes siguió por encima de los registros de septiembre de 2024.
De hecho, la entidad señaló que “estas reclamaciones tienen un valor de $96.157 millones, es decir, un aumento del 61,4% respecto a septiembre de 2024, así como 40,1% más en el número de las reclamaciones, que en el mismo periodo del año anterior superaron las 26.000 radicaciones”. El dato confirma que, en términos anuales, la tendencia continúa al alza.
En total, durante septiembre se presentaron 36.827 reclamaciones por atención a heridos en accidentes relacionados con vehículos sin Soat o no identificados. Apenas una fracción, el 0,4%, tuvo relación con situaciones extremas, 34 casos por eventos catastróficos de origen natural y 104 por actos terroristas. Aunque estos escenarios son excepcionales, demandan respuestas inmediatas y de alto costo para las IPS.
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Más allá de su distribución, la cifra global reveló que, en promedio, más de 1.000 quejas se tramitaron cada día del mes. Un volumen que habla de la frecuencia de los siniestros viales y de la amplia proporción de conductores que circulan sin cumplir con la obligación mínima de asegurar su vehículo.
El comportamiento por departamentos también mostró contrastes. Atlántico registró una mayor presión en los valores reclamados. En septiembre concentró el 15,1% del total, cinco puntos porcentuales más que en agosto, cuando alcanzó el 10,4%. La variación indica un aumento de los casos o de su gravedad, algo que podría estar asociado a mayor circulación vehicular o a fallas en los controles locales.
En otras regiones, la tendencia fue la contraria. Valle del Cauca y Córdoba reportaron descensos en los montos solicitados. El caso más marcado fue el del Valle, en agosto había concentrado el 29,7% del valor total girado, pero en septiembre cayó al 17,1%, una baja de 12,6%. El cambio sugiere que las medidas de control podrían estar funcionando, o bien que la radicación de reclamaciones fue más baja en el periodo.
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Más allá de las variaciones regionales, la información divulgada por la Adres vuelve a poner de relieve la carga financiera que asume el sistema cuando miles de accidentes involucran vehículos que no cuentan con la póliza obligatoria. La cobertura del Soat busca aliviar precisamente este impacto, proteger a las víctimas y garantizar una compensación ágil a las instituciones que atienden la emergencia. Cuando la póliza no existe, el costo termina recayendo sobre los recursos públicos.