Nueve personas fueron capturadas tras una investigación que permitió desarticular una red transnacional de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres jóvenes de Medellín y Cali en países europeos como Malta, Croacia, Montenegro y Albania.
Según la Fiscalía General de la Nación, la organización captaba a las víctimas mediante falsas ofertas laborales y las convencía de viajar al extranjero, donde eran sometidas a condiciones de explotación.
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Las autoridades establecieron que la red ofrecía supuestas oportunidades de empleo a mujeres en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), facilitando la obtención de documentos, tiquetes aéreos y dinero para el viaje.
Una vez en Europa, las víctimas eran despojadas de sus pasaportes y obligadas a desplazarse entre distintas ciudades para ejercer actividades sexuales, bajo la promesa de saldar deudas relacionadas con los gastos del traslado, la alimentación, el hospedaje y multas que ascendían a 3.000 y 4.000 euros.
La estructura criminal, según la Fiscalía, mantenía el control sobre las víctimas a través de la movilidad internacional y la colaboración de distintos actores.
Las mujeres enfrentaban amenazas, restricciones de comunicación y coacción económica, lo que dificultaba cualquier intento de denuncia o escape. El funcionamiento de la red incluía apoyo logístico para salir del país, pero al llegar a su destino, las víctimas quedaban sometidas a un régimen de explotación.
Las jóvenes afectadas provenían principalmente de Medellín y Cali. Fueron captadas mediante engaños y, una vez en Europa, sufrieron maltratos físicos y psicológicos, además de amenazas constantes para evitar que reportaran su situación.
Las denuncias recogidas hasta el momento evidencian el nivel de vulnerabilidad y sometimiento al que fueron expuestas, así como la sofisticación de los métodos empleados por la red para mantenerlas bajo control.
Entre los capturados figura Lukas Giraldo Betancur, señalado como presunto cabecilla y principal financiador de la operación. Según las investigaciones, Giraldo Betancur utilizaba su doble nacionalidad y residencia en Europa para gestionar cartas de invitación y facilitar el ingreso de las víctimas a países como Malta y Croacia.
Natalia Jaramillo Holguín, otra de las detenidas, habría utilizado una agencia de viajes en Pereira (Risaralda) para proveer los tiquetes aéreos necesarios para el traslado de las mujeres. El resto de los implicados —Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán— habrían cumplido funciones relacionadas con el contacto inicial, la logística y otros aspectos operativos para agilizar los viajes y mantener la red en funcionamiento.
“Natalia Jaramillo Holguín es señalada de utiliza una agencia de viajes en Pereira (Risaralda) para proveer de tiquetes a las víctimas. Los demás involucrados habrían cumplido otros roles relacionados con el contacto de las jóvenes, la logística y otros requerimientos para que agilizar los viajes”, expresó la Fiscalía.
A los nueve detenidos se les imputaron cargos de concierto para delinquir, trata de personas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según la posible responsabilidad individual de cada uno.
La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Medellín, los presentó ante jueces de control de garantías para responder por estos delitos.
El caso evidencia la dimensión transnacional de la trata de personas y la necesidad de cooperación internacional para combatir este tipo de crímenes. La articulación entre autoridades colombianas y europeas permitió desarticular una organización que operaba en varios países y que afectaba gravemente los derechos humanos de mujeres jóvenes, mostrando la complejidad y el alcance de las redes de explotación sexual.
Las denuncias recibidas hasta ahora muestran que las víctimas, además de la explotación sexual, enfrentaron aislamiento, violencia y amenazas, lo que profundizó el daño físico y emocional causado por la organización.