El Tren de Aragua, considerado la organización criminal de mayor expansión global, ha solicitado formalmente al Gobierno de Gustavo Petro su inclusión en la política de paz total.
La petición, revelada en exclusiva por Semana, llegó a través de una carta firmada por uno de sus fundadores, Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, que permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y enfrenta un proceso de extradición a Chile.
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El documento, dirigido al presidente Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado para la paz Otty Patiño, plantea una “propuesta de colaboración en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales”.
En la misiva, Larry Changa se presenta como vocero autorizado del Tren de Aragua y expresa la disposición de la organización para colaborar con el Estado colombiano en programas sociales, preventivos y de reinserción, con el objetivo de reducir la violencia y la influencia de estructuras criminales sobre comunidades vulnerables y migrantes.
La carta, de dos páginas y radicada ante las autoridades, argumenta que la solicitud surge de la preocupación por las condiciones sociales que generan vulnerabilidad, como la pobreza extrema y la exclusión, y del deseo de aportar desde la prevención social y la reinserción personal. Changa subraya que no busca evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad, sino que su intención es colaborar y someterse a la justicia, con un ofrecimiento basado en la verdad y la no repetición.
El texto propone la participación en mesas de diálogo institucionales, el diseño de programas de reinserción sociolaboral y formación técnica para jóvenes en riesgo, y el apoyo a campañas de prevención dirigidas a migrantes y comunidades receptoras, en coordinación con autoridades y organizaciones no gubernamentales.
Junto a Larry Changa, otros tres miembros de alto perfil del Tren de Aragua, también detenidos en La Picota y solicitados en extradición, se sumarían a la negociación si el gobierno colombiano acepta la propuesta.
Se trata de Carlos Francisco Gómez Moreno (alias Bobby), implicado en el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda en Chile; Dayonis Junior Orozco (alias Boti), requerido por el asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez; y Luis Alfredo Carrillo (alias Gocho), vinculado igualmente al crimen de Ojeda.
El perfil de Larry Changa, según fuentes de inteligencia consultadas por Semana, lo ubica como coordinador estratégico y cabecilla nacional del Tren de Aragua, con influencia en el Eje Cafetero y capacidad de coordinación criminal a nivel nacional e internacional.
La solicitud del Tren de Aragua se produce en un contexto en el que la política de paz total del Gobierno Petro ha sido objeto de críticas por sus escasos resultados y por el levantamiento masivo de órdenes de captura, lo que ha permitido que numerosos criminales eviten la detención incluso en flagrancia.
Además, la propuesta plantea vacíos jurídicos, ya que el Tren de Aragua es una organización de carácter transnacional, calificada como terrorista por la Casa Blanca, pero considerada por Petro como una banda criminal común.
En su intervención ante la ONU, el presidente colombiano afirmó: “Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela”, una postura que la organización retoma en su carta para justificar su acercamiento.
El proceso de extradición de Larry Changa a Chile ya cuenta con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, y solo resta la firma del presidente Petro para su ejecución. Ante la posibilidad de que la solicitud de inclusión en la paz total busque frenar la extradición, el abogado penalista Gustavo Moreno, representante de Changa, aseguró a Semana que la carta no pretende obtener impunidad ni beneficios personales.
Moreno sostuvo que la iniciativa debe entenderse como una manifestación de voluntad de diálogo y reintegración, y que su labor jurídica no busca justificar delitos ni minimizar responsabilidades, sino encauzar un proceso serio de verdad, reparación y no repetición bajo los principios de justicia restaurativa y sometimiento efectivo a la ley.