Las medidas de protección otorgadas por la Fiscalía General de la Nación a favor de Ernesto Serrano, uno de los principales accionistas y fundador del conglomerado Mac Pollo, marcaron un hito en la prolongada disputa familiar por el control de la empresa avícola.
Esta decisión surge tras la denuncia de presuntas intimidaciones vinculadas a diferencias en la gestión interna de la compañía, exponiendo el trasfondo de tensiones heredadas entre los descendientes de los socios fundadores, los santandereanos Ernesto Serrano y William Serrano.
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Desde que salieron a la luz los conflictos internos, el litigio ha transitado por instancias tan diversas como el Tribunal de Bogotá, la Fiscalía y la Corte Suprema.
El núcleo de la discordia reside en las acusaciones de Ernesto Serrano contra su sobrino Guillermo Serrano, a quien señala de estar “llevando las riendas de la compañía de manera indebida”, afectando así la participación accionaria tanto de su persona, como de la de sus hijas, así como la gobernabilidad de todo el grupo empresarial.
Uno de los primeros movimientos estratégicos en esta batalla legal fue la intervención de la Superintendencia de Sociedades, que, a inicios del 2025, determinó que tanto Ernesto como Guillermo Serrano debían ser considerados “controlantes conjuntos” de AVSA S.A., empresa matriz de Mac Pollo, lo que impone un equilibrio obligatorio en cualquier decisión relevante para la compañía.
La tensión aumentó cuando, en julio del presente año, el penalista Mauricio Pava, representante legal de Ernesto Serrano, solicitó a la Fiscalía medidas de protección para su cliente.
Pava argumentó que Ernesto Serrano había comenzado a recibir “comunicaciones intimidantes” relacionadas con el conflicto, destacando una carta enviada desde Miami, Estados Unidos, por el bufete Montalvo Law en representación de Guillermo Serrano.
En palabras de Pava, “El señor (Ernesto) Serrano, accionista, fundador y promotor inicial del grupo empresarial ha sido excluido a pesar de conservar participación directa en la sociedad. Esta exclusión ha sido acompañada de una estrategia de asfixia societaria por parte del grupo mayoritario”.
Entre las medidas preventivas solicitadas, Pava pidió que cualquier contacto entre los implicados o sus abogados con Ernesto Serrano se realice exclusivamente a través de los canales institucionales, es decir, por conducto de la Fiscalía.
La solicitud fue aceptada, y según información obtenida por el diario El Tiempo, el ente acusador dispuso acciones para evitar cualquier tipo de violencia económica o patrimonial y prohibir cualquier contacto que pudiera intimidar o perturbar a la víctima.
La posición del abogado Pava en defensa de su representado fue enfática: “No voy a permitir que hostiguen a don Ernesto Serrano. Es un prohombre de los negocios, reconocido por la ANDI. Fundó un grupo empresarial que genera empleo y recursos fiscales. No merece el trato abusivo que le han dado reiteradamente”, afirmó el penalista en declaraciones al diario mencionado.
Respecto a las presuntas intimidaciones, sostuvo la necesidad de que la Fiscalía esclarezca quiénes son los responsables.
La carta enviada desde Estados Unidos por el bufete Montalvo Law, firmada por Jim Montalvo y dirigida a Ernesto Serrano, fue el detonante de la solicitud de protección. Según el abogado, las medidas adoptadas contra su cliente Guillermo Serrano le han provocado un daño reputacional.
En la misiva, Montalvo sostuvo que “desde hace muchos años, ustedes han emprendido una campaña para desacreditar a mi cliente en asuntos comerciales y personales, tanto como ciudadano colombiano como estadounidense, campaña que carece de fundamento”. Además, alegó que se solicitó a su cliente información sensible con la intención de utilizarla de manera indebida.
Actualmente, la controversia se encuentra en una fiscalía de Buga, Valle del Cauca, donde, según Mauricio Pava, ya se han realizado varias entrevistas, incluyendo a su representado, y la investigación se centra en la administración de Mac Pollo para determinar los pasos a seguir. Paralelamente, se prepara un proceso arbitral entre las partes involucradas.